La Procuraduría General de la Nación confirmó la suspensión de 4 funcionarios públicos del país por recurrente participación en política. Dentro de los sancionados está el personero del municipio de Nátaga, Huila, Grenfell Lozano Guerrero.
Redacción Web/LN
A través de las redes sociales, la procuradora Margarita Cabello Blanco confirmó la suspensión de 4 funcionarios públicos por la presunta y reiterada intervención en actividades y controversias políticas. Entre los sancionados está el personero del municipio de Nátaga, Huila, Grenfell Lozano Guerrero.
“La Procuraduría tiene la competencia constitucional y legal para investigar, suspender provisionalmente y sancionar, hasta con destitución e inhabilidad, a todos los servidores públicos del país, incluyendo a los de elección popular”, mencionó la procuradora.
“Por la presunta y reiterada intervención en actividades políticas, la Procuraduría ordenó la apertura de investigación disciplinaria y la suspensión provisional de sus cargos a los siguientes funcionarios: Daniel Quintero, alcalde de Medellín, Andrés Fabián Hurtado, alcalde de Ibagué, Tolima, Gustavo Adolfo Herrera, concejal de Calarcá, Quindío y Grenfell Lozano Guerrero, personero del municipio de Nátaga, Huila”, señaló la procuradora Margarita Cabello.
El alcalde de Medellín a través de sus redes sociales escribió. “Ha iniciado el golpe de estado en Colombia”.
Crítica de Petro
Esta decisión de la Procuraduría la generó las primeras reacciones entre los aspirantes a la Presidencia de la República. El primero en reaccionar fue Gustavo Petro, refiriéndose especialmente a la suspensión del alcalde de Medellín.
“Ya un procurador fascista me suspendió siendo alcalde y la sentencia de la Comisión Interamericana de DDHH fue tajante: un órgano administrativo no puede suspender los efectos del voto ciudadano. La procuradora, buscando ayudar al candidato presidencial de Duque, ha roto la Convención Americana“, escribió Petro.
“Golpe de Estado en Medellín. Le pido a toda la ciudadanía y a la Comisión Interamericana de DDHH defender el voto popular. La procuraduría no puede evadir el mandato popular”, complementó.