Me causó curiosidad intelectual ver la reacción de muchas personas auto denominadas como “progresistas” al video en el que se entrevista al empresario Arturo Calle sobre el empleo.
En él, Calle, de manera muy sensata, afirma que las empresas no son obras de caridad, sino organizaciones que generan empleo a la medida de su capacidad para sostenerlo. Obviamente, la vinculación laboral se hace dignamente y buscando que haya un equilibrio entre la vida personal, familiar y profesional.
Las respuestas de los “progresistas”, dan a entender que las empresas deberían contratar casi que ilimitadamente y a cualquier costo empleados. Poco o nada les importa si la empresa da utilidades o pérdidas y si necesita o no los trabajadores.
Mi análisis al final, es que esto responde a una mirada de la sociedad centrada casi que exclusivamente en los derechos. Según ellos hay derecho a todo: salud, educación, vivienda, etc., y da la sensación que ahora también la sociedad tiene “derecho” a que hayan empresas y por ende empleos. Ya entiendo porque les gusta tanto “estatizar” empresas, porque así se garantiza el derecho. Nada les importa si son rentables, eficientes o productivas.
Esta lógica, olvida los deberes, pero sobre todo olvida el mérito de quien emprende, de quien asume el riesgo de hacer empresa, de quien crea valor, innova o fracasa poniendo su propio pellejo. Al final, siempre han creído en la “tiranía del mérito”.
Entiendo así, que los mismos congresistas “progresistas” creen que las empresas deben pagar ilimitadamente lo que las regulaciones laborales y tributarias definan. ¡¡No hay límites!!
Esto en caricatura se ve, cuando una congresista, con datos equivocados, señala que no entiende por qué las empresas si ganan un 27% sobre los ingresos no pueden destinar un 0.8% al costo de la reforma laboral. Habría que corregirla diciendo que el dato es erróneo porque en más de 9.000 empresas analizadas (Supersociedades), la utilidad es solo del 5% pero en muchos sectores inferior al 1%. Asumir un costo adicional entre el 10% y el 30% en materia laboral, se vuelve sencillamente determinante para que la empresa entre en pérdida o se informalice, destruyendo el empleo generado.
Pero aún si el dato de la congresista fuese real, que no lo es, olvida que el empresario solo obtiene la utilidad y que en la mayoría de las organizaciones los trabajadores se llevan de lejos una mayor proporción del ingreso en los salarios, sin asumir ningún riesgo. En una empresa de servicios, por ejemplo, los trabajadores se llevan fácilmente el 70% de ingresos, mientras que la utilidad para el empresario puede ser inferior al 7%, asumiendo todos los riesgos.
Pues bien, las empresas en una sociedad no son un “derecho”. Son el resultado del esfuerzo y capacidad creadora de unos emprendedores, quienes asumen riesgos gigantescos, y en países como el nuestro regulaciones asfixiantes. Así las cosas, la prioridad no puede ser sacarles hasta secarlas, sino animarlas a que existan otras y produzcan más y mejor, para que allí sí, existan muchos más empleos.
Pilas entonces con esa reforma laboral que equivocadamente cree que las empresas son barriles sin fondo, obras de caridad y “derechos” que nunca dejaran de existir.
