Propiedad privada y expropiación

Germán Alfonso López Daza

 

Uno de los grandes temores en cualquier democracia ante el ascenso de un gobierno de izquierda, es la implementación de eventuales cambios que conlleven a modificar las reglas de juego creadas para la protección de la propiedad privada, que puedan conducir a la aplicación de expropiaciones y con ello a la huida de capitales.

Esta desconfianza radica en el discurso de quienes sustentan su plataforma política en el progresismo y la consecución de la igualdad social por medio de los derechos colectivos sociales, lo cual se puede lograr con la socialización de la propiedad privada. Sin embargo, la expropiación no es un ideario exclusivo de la izquierda política. Ha sido también utilizada en gobiernos conservadores de derecha con discursos que apelan a ideales de corte nacionalista.

Algunas experiencias reflejan la manera como se ha producido la aplicación de la figura de la expropiación por orden presidencial. Una de las más conocidas es la vivida por Venezuela en la época del presidente Chávez, quien desde el año 2005 inició una serie de expropiaciones de empresas consideradas activos esenciales. El Gobierno dictatorial de Nicaragua en manos de Daniel Ortega también ha realizado este tipo de prácticas en un Estado que carece del sistema de equilibrio de poderes.

En Colombia, la garantía de la propiedad privada está consagrada en el artículo 58 de la Constitución. Sin embargo, la misma norma establece que podrá haber expropiación (tanto judicial como administrativa con indemnización) por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador.

La expropiación requiere entonces de la intervención de las tres ramas del poder público para que se ejerzan los debidos controles y se eviten abusos por parte del ejecutivo.

Si un presidente de la República quisiera implementar medidas de expropiación de bienes privados por fuera del régimen establecido -que prevé estrictos controles-, tendría que cambiar la normativa o simplemente desatenderla, lo cual generaría una ruptura institucional que llevaría a un escenario dictatorial, situación completamente impensable.

 

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