El anuncio del Gobierno Nacional de que presentará un proyecto de ley para derogar la Ley de Garantías fue realizado en la pasada cumbre de alcaldes que se desarrolló en Cartagena. Allí Santos manifestó su intención y explicó que la derogación de dicha ley permitirá a gobernadores y alcaldes ejecutar sus recursos. Asimismo, el Presidente afirmó que desmontar la Ley de Garantías no es sinónimo de corrupción.
Al rechazar que la iniciativa para derogar la ley implique falta de transparencia, Santos afirmó que: “No me parece lógico ni sensato decir que ahora entonces va haber una especie de corrupción o que va haber algo sin control. Se van a mantener todos los controles que se mantienen normalmente en cualquier inversión en cualquier ejecución. Nadie está diciendo que levanten los controles, no. Los controles todos se aplican. Lo que se levanta es la prohibición”.
El Presidente explicó que lo que se está proponiendo es que se permita que esos recursos los puedan ejecutar los alcaldes y gobernadores y que: “La ejecución de esos recursos sería una especie de medida anticíclica, la economía colombiana se viene desacelerando por la situación del petróleo, la situación internacional”.
Santos agregó que: “Al acabar la reelección pues ya esa Ley de Garantías que se aprobó en función de la reelección para proteger a la oposición de las ventajas de la reelección, no tiene sentido”.
“Qué bueno sería que estos alcaldes y estos gobernadores pudiesen ejecutar una parte importante de los recursos disponibles que son como 5.8 billones de pesos”.
Ley y posiciones
LA NACIÓNdialogó con varios sectores y personajes de la vida regional y nacional respecto al tema. La propuesta del presidente Santos generó posiciones diversas e incluso algunos la cuestionaron teniendo en cuenta que en octubre próximo se realizarán elecciones regionales.
En su caso, Camilo Mancera, coordinador Jurídico de la MOE enfatizó que si bien la Ley de Garantías fue concebida para ajustar un marco legal para el desarrollo de la campaña electoral ante la eventualidad de que el Presidente aspire a la reelección, que sería suprimida en el proyecto de equilibrio de poderes, la misma ley define prohibiciones a los servidores públicos con el objetivo de salvaguardar los recursos públicos en campaña preelectoral.
Entre otros, la Ley de Garantías prohíbe la suscripción de contratos, incluidos los de personal en meses previos a una jornada electoral. Esta norma se aplica cuatro meses antes de las elecciones y en este año empezaría a regir desde el 25 de junio próximo.
“Es necesario tener en cuenta distintos aspectos que van incluidos en la Ley de Garantías aparte de las restricciones que tienen las autoridades locales como Alcaldía y Gobernación. Cuando vemos la Ley de Garantías aparte del tema de reelección encontramos toda la reglamentación que tiene la campaña presidencial. También incluye aspectos como la financiación que tienen las candidaturas, reglas especiales y todo sobre cómo realizar la campaña para unas presidenciales. Entonces de derogarse la ley, habría que tener en cuenta qué es lo que se va a hacer y cómo se va a reglamentar toda la campaña para presidenciales”.
“En las prohibiciones que tienen todos los servidores públicos en torno a las distintas campañas, la verdad si es un tema preocupante para la MOE porque la intervención en política de funcionarios públicos como alcaldes y gobernadores, es una de las principales irregularidades que son allegadas a la MOE. En este tema, la Ley de Garantías no es la solución ideal, eso ya lo hemos visto a lo largo de distintos años, pero por lo menos da unos parámetros y unos avances sobre las conductas que debemos restringir”.
“Para la MOE es preocupante que de erradicarse al menos esas restricciones, entonces le dejaría el camino libre a la utilización de recursos de la administración y a todos los problemas e irregularidades que hemos visto, que se hacen en torno a las campañas políticas. Si se elimina hay que pensar cómo se reemplaza y cómo van a ser los mecanismos y herramientas para prevenir y no permitir que se realicen estas conductas que definitivamente afectan el equilibrio en los procesos electorales”, explicó Camilo Mancera.
Peligros
El Coordinador Jurídico de la MOE fue más allá y se refirió a algunos fenómenos que podrían presentarse, ante una eventual eliminación de la Ley de Garantías.
“Los principales problemas son la utilización de los recursos que puedan hacer las distintas administraciones locales con el fin de favorecer una campaña política. El tema de la contratación ha sido algo reiterativo y teniéndolo en cuenta fue que surgió la Ley de Garantías. Y se usan los distintos contratos de prestación de servicios o contratación directa con el fin de presionar a todos los subalternos para la consecución de votos; ese es uno de los principales riesgos que se evidencian”.
“En las elecciones locales de 2011 vimos como desde distintas administraciones y entidades comenzaron a presionar a los votantes a través de los recursos de la ola invernal. Hablamos de recursos del Estado que son utilizados con fines proselitistas. La principal fuente laboral del país, en el 90 por ciento de los municipios es el Estado, las alcaldías y al darles vía libre para que puedan manejar recursos, previo a las elecciones, se incrementa el riesgo de la utilización de todas estas herramientas”.
“Sin lugar a dudas lo que la MOE siempre ha solicitado es un control muy cercano por parte de las entidades de control disciplinario y fiscal. Deben hacer un despliegue muy fuerte con el fin de prevenir este tipo de conductas que afectan los recursos del Estado y asimismo el equilibrio y la igualdad en las campañas”, agregó Camilo Mancera.
Fedemunicipios
De otro lado, para Gilberto Toro director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Fedemunicipios, la propuesta de Santos es vista con buenos ojos en el gremio.
“Respaldamos la propuesta porque hace parte de un paquete de reformas estructurales que pusimos a consideración del gobierno en materia política, administrativa y fiscal. La Ley de Garantías así como otras leyes del ámbito administrativo hemos encontrado que son poco eficaces en la lucha contra la corrupción y por el contrario si se constituyen en un obstáculo para la gestión local. Son leyes que para los funcionarios y los mandatarios que son honestos y que están buscando hacer su tarea bien hecha, en realidad lo que hacen es congelar la gestión”.
“Adicionalmente hemos observado que de cuatro años que tienen de gestión los alcaldes y gobernadores en general, un año se va en Ley de Garantías y eso cuando no hay que repetir elecciones territoriales; eso significa que es la cuarta parte del tiempo de mandato. Y lo problemático es que una de las cosas que congela son los convenios interadministrativos y el problema es que la mayor parte de los recursos de una entidad territorial provienen justamente de la gestión que se realiza con entidades nacionales, porque los que les llegan a través del SGP vienen en un 95 por ciento condicionados y lo que llega de regalías es para los proyectos que se aprueban”, expresó Toro.
De ser aprobada la derogación de la Ley de Garantías, en los meses previos a las elecciones de octubre no se aplicaría.
De la misma forma, el Director Ejecutivo de Fedemunicipios mencionó que la derogatoria de dicha ley es urgente teniendo en cuenta, entre otros, que este es el último año de los mandatarios.
“Hemos pedido que esa ley se revise y aún más teniendo en cuenta que si estamos próximos a que la reelección inmediata de presidente sea derogada en el Congreso de la República, con el proyecto de Equilibrio de Poderes, pues no encontramos justificación a que esa ley, expedida cuando se aprobó ese cambio en la Constitución, siguiera vigente. Y más aún nos parece urgente derogarla en este año porque los mandatarios locales tienen que cumplir las promesas que hicieron durante su campaña y dos no tienen facultades o autorización de la ley para solicitar vigencias futuras de ningún tipo”.
“Cualquier cosa que quieran hacer, incluso si son servicios básicos sino están entregados y recibidos a satisfacción el 31 de diciembre no los pueden contratar. Eso significa que los tiempos de ejecución se nos acortan muchísimo y más con la Ley de Garantías si empieza de una vez en junio. Todos esos factores hacen que consideremos que es adecuado ir ajustando el marco normativo a que ya no vamos a tener reelección presidencial y que por lo tanto los alcaldes cuenten con un marco más adecuado a las realidades locales para poder ejecutar sus recursos”, agregó Toro.
Mirada desde la academia
Alfredo Vargas, abogado y docente de la facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana de Neiva y columnista de LA NACIÓN, expuso sus apreciaciones respecto al tema en cuestión.
“Lo primero, en parte el presidente Santos tiene razón sobre todo porque esta ley hay que recordar nace con el propósito de realizar algunas restricciones en torno a la elección de los presidentes de la República; en esa medida la Ley de Garantías tiene como propósito realizar unas limitaciones en torno a la ejecución del presupuesto público a efectos de lograr, ‘transparencia’ en las elecciones”.
“Pero hay algo cierto y es que precisamente acabamos de salir de la aplicación de Ley de Garantías en las anteriores elecciones y lo que uno encuentra es que la mayoría de las administraciones públicas están bloqueadas; el año pasado hubo esta restricción durante cuatro meses no se pudo ejecutar el presupuesto y ahora este año al darle la aplicación, obviamente tendríamos otros cuatro meses en los cuales no podría realizarse esta ejecución del presupuesto. El mismo presidente lo señalaba que son más de 5,8 billones de pesos”.
“Lo que podría decirse es que al margen de lo que conocemos como Ley de Garantías, si lo que queremos asegurar es transparencia y mayor respeto a la moralidad administrativa pues tenemos unos organismos de control: la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, que tienen que estar ahí a efectos de que no sucedan este tipo de situaciones. Recordemos que esas prohibiciones de malversar recursos públicos no solamente se encuentran en la Ley de Garantías sino también en el Código Disciplinario y en el Código Penal”.
“Considero que este tipo de normativas en la práctica no están solucionando un problema de moralidad administrativa porque lo que sabemos es que si lo que se quiere es favorecer a un candidato simplemente la repartición de los puestos y la celebración de los contratos se hace tres meses antes. Uno ve a la administración pública cuadrando las fichas para beneficiar a determinado candidato. Sobre eso debieran estar atentos los entes de control y no tanto sobre una idea de suspender el presupuesto y que la administración pública prácticamente se estanque durante esos cuatro meses como si no hubiese cosas y problemas que resolver”.
Propuesta de Santos vista desde la oposición
Álvaro Hernán Prada, representante a la Cámara del Centro Democrático, se refirió de forma crítica ante la propuesta del presidente Juan Manuel Santos, de derogar la Ley de Garantías.
“La Ley de Garantías se creó por una necesidad que había de taparle el abuso o el posible abuso de quienes están en el poder en época de elecciones, a través de contratos, puestos y prebendas. Y en la pasada campaña electoral vimos como el Presidente de la República sin embargo pasó por encima de la ley, no la respetó, hubo toda una clase de abusos”.
“Ahora que estamos adportas de las elecciones regionales, presionando seguramente con mermelada a los alcaldes estará igualmente pensando que ellos pueden pasar por encima de la ley o en este caso, modificarla para poder abusar tranquilamente de ella y de esa manera hacerle daño nuevamente a la democracia”.
“Este es un gobierno que no vemos sino que perjudica permanentemente al país en todos los aspectos. En este caso nuevamente afectando las garantías que tiene el pueblo colombiano de ejercer libremente su derecho al voto y a creer en una democracia frágil y golpeada por la clase corrupta de este país”.