Propuestas de oropel

 

Por: Sergio Salamanca

 

A lo largo de estas dos semanas ha ido ganando fuerza la idea de convocar una nueva Asamblea Constituyente, con el fin de expedir una nueva carta magna que nos salve de la profunda crisis por la que estamos atravesando. En gran parte, esta idea ha encontrado apoyo en las experiencias que tuvo Chile en las protestas del año pasado, las cuales concluyeron con un proceso constituyente que, a pesar de estar en su fase inicial, promete grandes y favorables cambios para los chilenos.

Sé que a simple vista puede parecer una idea muy tentadora, sin embargo, considero indispensable tomar en consideración la historia y los contextos de Chile y de Colombia, así como las consecuencias e intereses que estarían detrás de un nuevo proceso constituyente.

Para comenzar, no podemos perder de vista las profundas diferencias históricas que separan a Chile y Colombia en materia constitucional. En el caso chileno, la Constitución actual data de 1980 y se encuentra fuertemente vinculada a la dictadura de Augusto Pinochet. Esto lleva a que, en el caso chileno, el proceso de crear una nueva Constitución también tenga un valor simbólico, al permitir “enterrar” los legados de la dictadura. En el caso colombiano, nuestra Constitución no fue el producto de una dictadura. Por el contrario, esta fue el resultado de un pueblo cansado de una Constitución de más de un siglo, que perdió el compás de las necesidades de la sociedad colombiana y había sumido al país en décadas de violencia, corrupción e incertidumbre. En otras palabras, nuestra Constitución fue hecha, por el pueblo, para el pueblo.

Todos los clamores, anhelos y sueños de los colombianos de 1991 quedaron plasmados en una Constitución que se distingue por tener un abundante contenido en materia de derechos y de garantías, así como de mecanismos que le han dado la mano a todos los colombianos, como es el caso del derecho de petición, la acción de tutela, la acción de cumplimiento, la acción popular, el habeas corpus y el habeas data.

Ahora bien, dicho lo anterior y sabiendo que hay rio revuelto, es inevitable que uno se pregunte ¿Habrá alguien interesado en cambiar una Constitución garantista, en desaparecer las altas Cortes, en revivir un “articulito”, en “borrar” a la JEP o en eliminar las restricciones al porte de armas? Es en este punto, donde considero que los colombianos debemos de tener cabeza fría, para no dejarnos seducir, por propuestas de oropel.

 

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