Por: Esperanza Andrade
El pasado martes fueron asesinados en Toribío, Cauca, el indígena y líder social Yaiber Quitumbo. Horas antes se supo de la muerte violenta de Jorge Luis Betancourt, coordinador de deportes de la Junta Comunal de San Francisco del Rayo, Córdoba. Con estos dos casos subió a 19 la cifra de homicidios de líderes sociales en lo corrido del año 2020, según organizaciones no gubernamentales.
Cinco ocurrieron en Cauca, cinco en Putumayo, dos en Antioquia, dos en Huila, entre ellos el de Mireya Hernández Guevara, extesorera de la Junta de Acción Comunal del barrio 20 de Julio en Algeciras, mujer trabajadora, líder, dirigente; uno en Chocó, uno en Cesar y uno en Norte de Santander.
Este mismo día la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció en Ginebra que al menos 107 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia en 2019, panorama que nos llena de pesar y se convierte en una vergüenza y pesadilla para el país.
Las causas de asesinatos y amenazas están vinculadas a la restitución de tierras, sustitución de cultivos ilícitos, minería ilegal, rutas de tráfico de drogas y grupos al margen de la ley. Panfletos, llamadas y mensajes son denunciados por colectivos y comunidades. Los presuntos responsables son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), las Águilas Negras, organizaciones de narcotráfico, disidentes armados y, en otros, no se han determinado los autores, señalan comisiones de derechos humanos.
En ese escenario de terror, es justo reconocer que el Gobierno, las autoridades, la Policía, la Fiscalía, La Procuraduría y la Defensoría han estado atentos a tomar las medidas de protección, frenar la violencia y buscar que los crímenes no queden impunes. Aunque “no es posible” garantizar la protección individual a más de 8 millones de líderes sociales identificados en el país, debido a la magnitud de la población, como ha reconocido el presidente Duque, consciente de la gravedad de lo que está pasando.
No queremos volver a la violencia del pasado. No podemos permitir que la zozobra regrese. No vamos tolerar que el miedo se apodere de nuestras comunidades. Debemos reforzar una estrategia de protección colectiva de representantes de derechos humanos y líderes sociales, priorizar las zonas identificadas como vulnerables o con mayor número de hechos violentos. Sería un mensaje contundente de las autoridades y la sociedad sobre que el cuidado de los defensores de derechos humanos y conjurar la violencia en su contra es una exigencia nacional para retomar la tranquilidad, preservar la paz y llenar de esperanza a todos los colombianos.