La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Empresas Públicas de Neiva y la CAM avanzarán hoy en una nueva mesa técnica para subsanar las falencias y reactivar los trámites de licenciamiento del proyecto. Conminan a MinVivienda a expedir la viabilidad técnica.
RICARDO AREIZA
unidadinvestigativa@lanacion.com.co
La construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en la capital huilense para contener la contaminación del río Magdalena volvió a tener un nuevo respiro.
Presionada por una acción de cumplimiento y un incidente de desacato, la iniciativa tomó un nuevo impulso para agilizar el cierre financiero y facilitar la construcción por lo menos de la primera fase.
La gerente de Empresas Públicas Gloria Constanza Vanegas explicó que los trámites fueron interrumpidos por la decisión de la ANLA de archivar la solicitud de la licencia ambiental.
Sin embargo, aseguró que la solicitud se presentará de nuevo, una vez completen la información requerida y se subsanen las objeciones que formuló en su momento.
“Precisamente, este viernes habrá una nueva mesa técnica con el equipo técnico de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para avanzar en este tema”, explicó la funcionaria.
Los reparos
Tres solicitudes tramitadas por las Empresas Públicas de Neiva fueron rechazadas estimando que la información requerida para su trámite resultó insuficiente, generaba incertidumbre, y registraban serias falencias técnicas y ambientales, que no lograron subsanar.
Como resultado de la revisión de la información adicional presentada por Empresas Públicas de Neiva, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) dio por terminado el trámite ambiental por no cumplir con los requisitos mínimos requeridos. La medida fue consignada el 9 de junio de 2022 (Auto No. 04357 de 2022).
La ANLA destacó la carencia de una descripción detallada de la infraestructura a emplazar, ausencia en la descripción las actividades de las etapas de construcción y operación; información no concluyente sobre el control de olores e información insuficiente sobre el dique a construir como medida de control ante las inundaciones de las eventuales crecidas del río Magdalena.
Igualmente la insuficiencia en el detalle y cuantificación de los residuos sólidos, líquidos y gaseosos, incluyendo el material sobrante de excavación, a generar por parte del proyecto y su respectivo manejo.
Las obras
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales puso en evidencia varias dudas frente al área de influencia y características de la planta. Entre otras la dimensión del dique, el canal lateral del costado norte de la PTAR, las áreas de disposición final y temporal de material sobrante de excavación, volúmenes de movimiento de tierras y requerimiento de subestaciones eléctricas.
Los planos estructurales contienen información sobre la planta estructural de cimentaciones de la infraestructura de la PTAR sin hacer alusión a talleres de mantenimiento, campamentos y oficinas de campo.
Los planos arquitectónicos identifican el detalle de los complejo operativo y administrativo, sin embargo, no es claro cómo se relacionan con los talleres de mantenimiento, campamentos y oficinas de campo.
Tampoco se logró la localización puntual de esta infraestructura temporal y los posibles impactos que pudiesen generar durante su uso. Tampoco precisa toda la infraestructura eléctrica que plantea.
El cronograma del proyecto fue actualizado y ajustado contemplando los tiempos de licenciamiento ambiental, las fases del proyecto y el inicio de la construcción; no obstante, en este cronograma existe actividades con fecha de inicio y finalización en el año 2020 y fechas proyectadas a 2026 y 2027, que, si bien pueden atender a algunas actividades y/o las fases de construcción y operación del proyecto, debieron ser aclaradas en el Estudio de Impacto Ambiental.
En su criterio, “estas ausencias no permiten el entendimiento integral de las obras a ejecutar y consecuentemente no dejan vislumbrar la totalidad de los impactos ambientales que pueden llegar a ocasionarse a raíz del proyecto”.
Tampoco – agregó – puede tenerse certeza del análisis de transcendencia de impactos que justificara la definición del área propuesta, y que a su vez permita la aplicación del Plan de Manejo Ambiental, cuyo último fin es prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales generados por la construcción y/u operación del proyecto.
Cofinanciación
“La empresa tiene ya los diseños y la ingeniería de detalle, adquirió los predios y avanza en la financiación. Estamos ajustando los estudios para reanudar los trámites”, explicó Vanegas Gutiérrez.
Adicionalmente, ayer se cumplió otra reunión con el gobernador Luis Enrique Dussán y algunos funcionarios del equipo para avanzar en la cofinanciación de la obra, tal como quedó consignado en el Pacto de Cumplimiento.
Según la funcionaria, el mandatario seccional reiteró su interés en asegurar los aportes que le corresponden, tal como lo dispuso el Tribunal Administrativo.
En este caso, los primeros aportes para la Fase I, ascenderían a 14.000 millones de pesos.
La financiación
El cierre financiero para la construcción de la PTAR estaría en 215 mil millones de pesos. Sin embargo, las cifras están siendo ajustadas.
La primera fase costaría 120 mil millones de pesos, según el cierre financiero de 2019. De éstos están comprometidos cerca de 47.648 millones y están pendientes de gestión otros 74.899 millones de pesos.
Por ahora, el gobierno departamental anunció su disposición para asegurar los dineros que le corresponden a través de vigencias futuras, y con otros recursos disponibles para atender sentencias judiciales.
Nuevas gestiones
Durante el 2021 la gerente de Empresas Públicas Gloria Vanegas le reportó al DNP su compromiso de avanzar con la Fase II del proyecto de estructuración así como las gestiones para obtener el cierre financiero del proyecto, la aprobación de vigencias futuras nacionales y regionales, así como el proceso de selección y adjudicación de los proyectos para el diseño, construcción, operación y mantenimiento. Sin embargo, el otro inconveniente ha sido la viabilidad técnica por parte del Ministerio de Vivienda.
Requerimiento
El magistrado Jorge Alirio Cortés Soto requirió por segunda vez al Ministerio de Vivienda para que expida la viabilidad técnica del proyecto de construcción de la Planta de Tratamiento presentada por las Empresas Públicas de Neiva.
La misma solicitud había sido requerida 6 de julio de 2022 antes de terminar el gobierno, sin que se hubiera atendido en forma diligente.
“El incumplimiento de la presente solicitud, lo hará merecedor de las sanciones a las que haya lugar”, le notificó el magistrado.
El requerimiento tendrá que atenderlo la nueva ministra Catalina Velasco Campuzano, quien se acaba de posesionar.
Avances
No obstante, el Ministerio de Vivienda aseguró que en su caso, ha realizado las gestiones legales para facilitar la garantía de los recursos que hacen falta.
“En este sentido, se avanzó con las discusiones con diferentes actores regionales tales como Gobernación del Huila, CAM, Cormagdalena para discutir el cierre financiero del proyecto”, aseguró Mónica Peinado Aponte, funcionaria del Ministerio de Vivienda.
Sin embargo, la funcionaria confirmó que hasta la fecha no se han comprometido los recursos que permitan garantizar el cierre financiero del proyecto para continuar con el desarrollo de este a través del mecanismo de una Alianza Público Privada (APP).
Vigencias futuras
Paralelamente, -dijo- con el fin de asegurar los recursos de cofinanciación para el proyecto, en enero de 2022, remitió al DNP comunicación para la renovación asignación cupo de vigencias futuras para ejecución de proyectos bajo esquema APP para el Ministerio de Vivienda dentro de los cuales se encuentra el proyecto de Neiva.
“Si bien el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico viene adelantando las gestiones necesarias para asegurar la consecución de dichos recursos, se requiere que el proyecto de APP sea viabilizado ante el mecanismo de ventanilla única para que dichos recursos puedan ser comprometidos en la ejecución del mismo”, afirmó.
En el reporte oficial entregado al Tribunal Administrativo la funcionaria recalcó que se han expedido las acciones tendientes a garantizar los recursos y se han presentado las diferentes posibilidades con las que financieramente cuenta el Municipio para adelantar los diseños y las obras necesarias.
“No obstante, -dijo- es importante poner de presente, de conformidad con las funciones legal y constitucionalmente definidas en cabeza de los municipios la responsabilidad con que cuentan en la prestación del servicio de alcantarillado. En ese sentido son los llamados a generar estrategias concretas para atender los requerimientos particulares que se deriven del componente de tratamiento de aguas residuales dentro de su jurisdicción”.
Pacto incumplido
La construcción de la PTAR fue una orden judicial proferida el 27 de junio de 2005 en el trámite de una acción popular. El Tribunal Administrativo del Huila ordenó a las entidades vinculadas la ejecución de las obras a más tardar en el año 2011 al menos una de las tres plantas de tratamiento proyectadas. Además, dispuso que antes de finalizar el año 2015, tenían la obligación de garantizar una solución completa al problema de contaminación del río Magdalena por aguas residuales que se descargan sin ningún tratamiento.
La decisión fue confirmada por el Consejo de Estado el 11 de junio de 2009. Sin embargo, nunca se cumplió. Ahora, con un nuevo incidente de desacato, y pese, a los reparos ciudadanos sobre la inviabilidad técnica, el proyecto tendrá un nuevo tiempo.