El joven abogado Grenfell Lozano Guerrero hace parte de los cuatro funcionarios públicos del país que fueron suspendidos provisionalmente de sus cargos y son investigados por la Procuraduría, por presunta participación en política. Al personero de Nágata le pasaron factura varios contenidos compartidos en redes sociales donde habría fijado su afinidad con el representante electo, Víctor Tovar. El implicado aseguró que es una medida desproporcionada y pidió garantías en el proceso.
Lucía Sánchez
Varias publicaciones en redes sociales mediante las cuales el personero de Nátaga, Grenfell Lozano Guerrero, habría fijado sus afinidades y posturas políticas en el marco de la campaña de las pasadas elecciones legislativas, tienen en aprietos al abogado surcolombiano quien fue suspendido de su cargo y es investigado por la Procuraduría General de La Nación.
Esta medida por presunta participación en política también cobijó a tres funcionarios públicos más: el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado y el concejal de Calarcá (Quindío) Gustavo Herrera.
En el caso de Lozano Guerrero, quien con 23 años en 2020 se convirtió en el personero más joven del Huila en la presente legislatura, algunas de sus publicaciones en redes sociales habrían mostrado afinidad con el representante electo Víctor Tovar.
Y es que en la cuenta de Facebook del representante del Ministerio Público de Nátaga se evidencian publicaciones que el abogado compartió durante el 2021, en las cuales estaría destacando el trabajo de campaña del hoy representante electo a la Cámara por Cambio Radical, Víctor Andrés Tovar.
En el documento de 10 páginas conocido por LA NACIÓN, firmado por la procuradora delegada para la vigilancia administrativa, Yolanda Reyes Niño, aparece que los antecedentes que originaron la investigación contra el personero de Nátaga fueron una queja de la veeduría anticorrupción del Huila que da cuenta de una presunta participación en política del servidor en mención, quien “al parecer desde enero del 2021 ha compartido en sus redes sociales mensajes de interés o afinidad a posturas o posiciones políticas del señor Víctor Andrés Tovar…”
La Procuraduría señala que “las pruebas ordenadas tanto en auto de apertura de investigación, como en la presente decisión son contundentes, porque corresponden a los medios probatorios previstos por el legislador para demostrar la ocurrencia del hecho denunciado como irregular… la conducta objeto de reproche refiere a la posible incursión en falta gravísima”.
En el auto de suspensión el Ministerio Público precisó que “la suspensión contra el personero será por tres meses a partir de la fecha, sin derecho a remuneración durante el tiempo que dure la misma, medida preventiva cautelar que en los términos del artículo 217 del Código General Disciplinario, es de inmediato cumplimiento sin perjuicio de su consulta, advirtiéndole que no podrá ejercer cargo o función pública, o contratar con el Estado durante la vigencia de la medida”.
Aunque no es mencionado en el auto de suspensión, más recientemente en su perfil de dicha red social el personero compartió el polémico video “El cambio en primera”, que junto con otras acciones, motivó la suspensión del alcalde de Medellín.
Personero responde
Tras conocerse esta medida por parte del Ministerio Público, el personero de Nátaga se pronunció asegurando que inicia una nueva y gran lucha jurídica en favor de la democracia y la paz, confiando en la seguridad jurídica y rechazando la desproporción en las decisiones que afectan derechos.
“Siempre se debe anteponer el Estado social de derecho. Colombia no puede repetir viejas posturas oscuras que atentan el verdadero espíritu democrático”, dijo.
Señaló que respeta y acata las decisiones judiciales y administrativas que se adelanten no solo contra él, sino contra cualquier servidor público, sin embargo, indicó que “a manera personal los considerandos del auto del 10 de mayo de 2022, no son suficientes para suspender provisionalmente a un servidor público, y más en calidad de personero municipal”.
Dijo que considera que la medida es “muy desproporcionada jurídicamente por la suspensión provisional, a uno le pueden abrir una investigación, pero respetando unas garantías mínimas, hay que agotar todas las herramientas jurídicas a mí alcance”.
“Solo solicito que se brinden las garantías, imparcialidad, presunción de inocencia, e integridad y respeto a mí buen nombre, así como a mi desempeño en las funciones administrativas”, afirmó el personero, al tiempo que agregó: “entiendo que el país está atravesando un contexto social y político, por el cual no somos excepcionales, sin embargo, debemos superar cualquier ideología y diferencia que nos separe. Seguiré insistiendo en la democracia y en la construcción de un Estado social de derecho”.
El joven personero nació en La Plata y pese a su corta edad, su hoja de vida ya es extensa, se ha desempeñado como secretario de la Asamblea del Huila (2017), fue monitor de la facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana (2018), y asesor de la presidencia de la Duma Departamental (2019), además, se desempeñó como personero encargado del municipio de La Plata y fue asesor Jurídico de la ESE Hospital Departamental San Antonio De Padua de la misma localidad.
Otros suspendidos
Los otros funcionarios públicos que están en el ‘ojo del huracán’ y también fueron suspendidos por “presunta y reiterada intervención en actividades y controversias políticas”, en el marco de la campaña de las elecciones presidenciales que se avecinan en Colombia son el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien ha mostrado afinidad con Gustavo Petro y el alcalde de Ibagué, quien por el contrario habría evidenciado su respaldo a Federico Gutiérrez. A los mandatarios se suma el concejal de Calarcá (Quindío) Gustavo Herrera.
Tras confirmar estas sanciones, la Procuraduría detalló que adelanta al menos 500 investigaciones disciplinarias por presunta participación en política y entre los investigados están los alcaldes Claudia López (Bogotá), William Dau (Cartagena), y Carlos Marín (Manizales).
“La Procuraduría tiene la competencia para investigar, suspender provisionalmente y sancionar, hasta con destitución e inhabilidad, a todos los servidores públicos del país, incluyendo a los de elección popular”, aseguró la procuradora general Margarita Cabello.
Luego de conocerse la medida tomada por la Procuraduría el alcalde Daniel Quintero aseguró que “ha iniciado el golpe de estado en Colombia”. Después indicó que “La democracia está en riesgo. Quieren sacarnos del cargo para intervenir en las presidenciales” y que “Uribe y Cabello acordaron sacarme del cargo. No pasarán”.
Entre tanto, el alcalde de Ibagué dijo que es respetuoso de la institucionalidad “en mi actuar como funcionario público y más como alcalde de la ciudad de Ibagué siempre he sido y seré siendo responsable por mis actos y actuaciones”.
Además, señaló que no ha tenido ninguna participación indebida en política “estamos trabajando con nuestro equipo jurídico para adelantar las acciones legales que sean necesarias y así hacer respetar el mandato legal y constitucional que los ibaguereños nos entregaron”.
En la tarde de ayer el presidente Iván Duque anunció vía Twitter que designó a Juan Camilo Restrepo, actual comisionado de Paz, como alcalde encargado de Medellín tras la suspensión provisional de Daniel Quintero. Mientras en el caso de Ibagué el gobernador en encargo del Tolima, Julián Fernando Gómez, designó a la actual secretaria de Salud de esa ciudad, Johana Ximena Aranda, como alcaldesa encargada.
Revuelo político
Una lluvia de reacciones generó la medida adoptada por la Procuraduría, especialmente la suspensión del alcalde de Medellín Daniel Quintero. Opositores y sectores políticos afines al Gobierno fijaron sus posturas. Igualmente, los candidatos presidenciales se refirieron a la polémica decisión.
El candidato presidencial del Pacto histórico, Gustavo Petro, escribió en su cuenta de Twitter: “Golpe de Estado en Medellín. Le pido a toda la ciudadanía y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos defender el voto popular. La Procuraduría no puede evadir el mandato popular”.
Por su parte, Federico Gutiérrez afirmó que es respetuoso de las decisiones de las instituciones. “Yo creo en la justicia y en las decisiones que han tomado. Les toca pronunciarse es a quienes se han visto afectados con la medida”, expresó.
Entre tanto, Rodolfo Hernández, quien figura como tercero en las encuestas, aseguró hay un “sesgo” para favorecer a un candidato. “A mí me investigaron doscientas veces y no me robé diez centavos, pura politiquería. Es sesgado, es un sesgo que hay para favorecer a un solo candidato. Nosotros no somos de buenos ojos del Gobierno. Esa es la verdad”, dijo.
De su lado Sergio Fajardo expresó desde Neiva que la decisión de suspender a cuatro funcionarios públicos debe cobijar a cada uno de los empleados públicos, comenzando por el presidente de la República, Iván Duque. “He señalado que la primera persona que ha participado en política ha sido el mandatario de los colombianos, Iván Duque, sin ruborizarse, prevaricó alrededor de la Ley de Garantías, sabían que hacían algo ilegal, como lo señaló la Corte Constitucional; no les importó”, afirmó.