¿Qué pasa con los contratistas?

Gabriel Calderón Molina Los contratistas que  ejecutan obras de infraestructura o   prestan servicios con recursos del Estado, en un alto porcentaje, están en el ojo de huracán de los medios  de comunicación y en boca de la gente. La realidad es que no  hay casi día  en que no se conozcan en el país casos   de incumplimientos de los plazos en la ejecución de las obras, de  corrupción, de robos de anticipos,  de la  mala  calidad de las obras    y de  demandas  en los que se evidencia que la contratación pública implica en estos  tiempos  todo un riesgo económico y jurídico de llegar a situaciones casi que  inmanejables como lo son los llamados  “carruseles”. El Huila  no ha escapado a esta  clase  escándalos en la contratación. Están  los casos  de Aipe con  la construcción del megacolegio; de  Neiva con  el servicio del alumbrado público, el mantenimiento de la malla vial, la construcción del reservorio, la tercerización del cobro de los servicios públicos   y  en Tesalia y Paicol con  la construcción del distrito de riego, para no mencionar sino algunos, en los que parecen comprometidos miles de millones de recursos que provienen de los impuestos  que todos pagamos. ¿Qué pasa con los contratistas? ¿Son estos  solos,  los responsables del despelote? , es la pregunta que muchos  nos  formulamos. La respuesta no es  fácil encontrarla. ¿ Depende de errores de planificación y diseños de las obras,  o del robo  simple y llano de quienes    con un contrato  quieren resolver el problema económico de su vida? ¿O de la incapacidad de estos para  administrar proyectos y recursos del Estado? ¿O del pago a que se han  visto obligados de coimas a funcionarios,  o  de extorsiones que los obliga a disminuir la calidad de las obras o   a desfinanciar su  ejecución ?   Lo cierto  es la  existencia de una mezcla de  ineptitud  y de  corrupción tanto de funcionarios como de contratistas, agravado con la ineficiencia y hasta la complicidad de los órganos de control que  pocas  veces  van más allá de señalar “ hallazgos” que casi  jamás se traducen en sanciones previstas en las leyes, por  lo cual las contralorías, las procuradurías,  las veedurías y la Fiscalía también son responsables.  ¿Cómo es que los Nule  van a pagar el cuantioso detrimento patrimonial del Estado con siete años de  cárcel?