Los jueces en la capital del Huila no puede ser ‘ruedas sueltas’. Reciben un jugoso salario a cambio de administrar justicia y como servidores que son, están bajo el escrutinio público. En ese sentido, vale la pena alertar que algunos de ellos están tomando decisiones raras o inexplicables frente a los casos de violencia sexual.
Cómo entender, por ejemplo, al juez que le dio el beneficio de la detención domiciliaria al mototaxista Haiver Hernández Romero, de 30 años de edad y portador de VIH/Sida, tras abusar sexualmente de dos mujeres. Producto de ese ‘beneficio’, el mismo individuo salió de su casa y abusó sexualmente de otras dos mujeres, esta vez menores de 13 y 14 años, en el corregimiento de Fortalecillas. Hernández Romero fue recapturado y ahora sí enviado a la cárcel.
Qué explicaciones tiene el juez que dejó en libertad a Luis Alejandro Comba, de 44 años, y Arley Charry Rivera, de 20, señalados de haber violado a un adulto mayor, de 77 años, en Guacirco, zona rural de Neiva. Ni la denuncia de la víctima, ni las pruebas recolectadas, ni el trabajo investigativo por parte de la Sijin de la Policía Metropolitana fueron razones suficientes para dictarles medida de aseguramiento en centro carcelario. ¿Qué más debe pasar para que estos individuos sean considerados un peligro para la sociedad? ¿Pretende el juez que como en el caso del mototaxista estos sujetos deban cometer un nuevo abuso sexual para ser enviados a la cárcel?
En un país en donde abunda la impunidad y las víctimas de violencia sexual reclaman desde el dolor que los responsables sean castigados, los jueces de la República están llamados a contribuir a que desde la administración de justicia no se envíen mensajes equivocados. No puede haber laxitud con la violencia sexual.
Los jueces tienen la palabra.