Dos años después del escandaloso fraude financiero, que llegó a $1.621 millones, no hay responsables. Los principales actores siguen campantes mientras los expedientes permanecen congelados. Increíble pero cierto.
RICARDO AREIZA
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El subgerente financiero del hospital San Carlos de Aipe, Edilberto Macías Villarraga, la auxiliar de facturación y el almacenista general, entre otros empleados, se apropiaron de 1.621 millones de pesos, a través de giros fraudulentos, dobles pagos y mayores valores cancelados sin justificación ni soportes, la mayoría cobrados personalmente y otros endosados a terceros, ajenos a la institución.
Las irregularidades fueron develadas a mediados de enero de 2019 al revisar los pagos efectuados por concepto de nómina y demás prestaciones laborales correspondientes en las vigencias 2017 y 2018.
El escándalo, como lo registró LA NACIÓN, en su momento, se destapó el 17 de enero de 2019, hace dos años. Ese día, el subgerente Edilberto Macías fue citado con urgencia a un comité de gerencia para que explicara las anomalías. La reunión duró 48 minutos.
El funcionario, sin ruborizarse, confesó el robo; aceptó su responsabilidad y anunció que devolvería parte del dinero. Aún no ha devuelto nada y sigue campante.
El informe de auditoría financiera realizado por Control Interno fue entregado el 18 de enero de 2019. En el documento “se deducen presuntas conductas, penales, fiscales y disciplinarias en que incurrió Edilberto Macías Villarraga, subgerente de la entidad”.
El documento fue analizado, en un comité extraordinario, al que concurrió el enredado subgerente.
Macías Villarraga fue declarado insubistente el 21 de enero. Ese mismo día el gerente formuló la denuncia penal en la Fiscalía Seccional de Neiva, que cumple dos años, sin resultados. Al día siguiente se radicó otra denuncia ante la Contraloría Departamental. La junta directiva fue informada del escandaloso episodio el 23 de enero.
“Los resultados de las auditorías internas fueron puestos en conocimiento de los órganos de control, incluyendo dos ampliaciones de la denuncia penal inicial, adicionado los soportes de la auditoría interna realizada y el análisis de los años 2017 y 2018”, reveló el gerente.
El 25 de febrero de 2019, la Fiscalía recolectó toda la información contable desde el año 2008 al año 2018, periodo en el que laboró el subgerente financiero. Hasta el momento no hay ningún avance.
En las irregularidades habrían participado, el subgerente financiero, Edilberto Macías Villarraga, aparentemente, el ‘cerebro’ del fraude financiero; Eliana del Rocío Medina, una auxiliar de facturación, quien realizaba una pasantía y el almacenista, Héctor Favían Díaz, entre otros.
El año pasado la Procuduría Provincial, decidió vincular al gerente de la entidad, Jorge Alonso Charry, quien también se benefició de los giros irregulares.
Dos años después, la defraudación está prácticamente esclarecida pero no las investigaciones de los organismos de control que avanzan a paso de tortuga.
Aunque la Contraloría del Huila fue la primera en confirmar y documentar las anomalías, los procesos de responsabilidad fiscal están congelados. Lo mismo ocurre con la denuncia penal que asumió una Fiscalía Delegada. En cambio, la Procuraduría Provincial, con el mismo material avocó con diligencia la investigación, abrió el juicio disciplinario y les imputó cargos.
Robo aclarado
Dos años después del escandaloso fraude financiero está suficientemente documentado.
Edilberto Macías, se auto giró 11 cheques por 530, 40 millones de pesos, sin soportes, sin ninguna justificación. Los valores fueron cobrados personalmente. Además, giró otros 5 cheques a su nombre, endosados a terceros. Igualmente está soportado que el ex funcionario giró otros 168 cheques a terceros sin justificación, ni soportes de pago por otros 369.31 millones de pesos, dineros que según los investigadores, consultados por LA NACIÓN, no correspondían a salarios ni a honorarios.
En la misma práctica habría incurrido el almacenista Héctor Favían Díaz, el otro investigado.
El exfuncionario cobró 70 cheques a su nombre como primer beneficiario por valor de 117,42 millones de pesos: También cobró otros 31 cheques como beneficiario por endoso por valor de 87, 63 millones de pesos y endosó a favor de terceros otros 13 cheques de los cuales era el primer beneficiario, por valor de 26.88 millones de pesos.
El año pasado la Procuraduría Provincial de Neiva vinculó al propio gerente del hospital San Carlos, Jorge Alonso Charry Covaleda quien resultó beneficiado con los giros irregulares.
En principio, la agente del Ministerio Público, Yulieth Cristina Cortés le imputó cargos por peculado por apropiación, en beneficio propio y de terceros durante la vigencia del año 2018, la suma de 87.34 millones de pesos que le fueron consignados en 22 cheques a su nombre endosados a terceros, sin soportes de pago o egresos, dineros girados que no corresponden al pago de su salario. Los valores le fueron consignados entre el 2 de enero de 2018 y el 11 de diciembre.
De éstos 20 cheques corresponden a la cuenta corriente Bancolombia por un total de $ 81.905.209. Además, un cheque de una cuenta de Davivienda por 4,74 millones y otro cheque de una cuenta del Banco Agrario por 700 mil pesos.
Los cheques requerían de su firma, lo que supone que tenía pleno conocimiento y control de los títulos valores.
“Existen pagos superiores o en mayor valor a los que tenían que devengar mensualmente diferentes funcionarios de la ESE, es decir, presuntamente recibieron remuneración de más o el pago en exceso en el mismo mes”,
El ex gerente, según el material recaudado, presumiblemente, con su firma avaló varios cheques a su nombre de las cuentas corrientes de la entidad abiertas en tres instituciones financieras (Bancolombia, Davivienda y Banco Agrario)
“El funcionario se giró a si mismo con endoso a terceros sin explicación alguna, 22 cheques por la suma total de ochenta y siete millones ($87.346.909)”, confirmó uno de los investigadores.
Sin embargo, llama la atención, que los cheques fueron endosados a dos particulares, ajenos a la institución, a un contratista y a tres empleados de la entidad, entre ellos al subgerente financiero, el supuesto ‘cerebro’ de la defraudación y al auxiliar de facturación Héctor Favían Díaz. Los títulos valores fueron efectivamente cobrados.
“Es posible intuir que los dineros girados a través de los señalados cheques no corresponden al pago salarios del personal de planta del Hospital San Carlos, ni al pago de honorarios de contratistas. Dichos emolumentos correspondientes a los 12 meses del año 2018 fueron cancelados a través de Coopeaipe”, precisó un investigador de la Procuraduría.
Así robaban
Macías Villarraga utilizaba habilidosamente el aplicativo contable Sihos-web para modificar la información contenida en cada uno de los registros con el objetivo no generar alertas que pudieran evidenciar su torcido proceder.
Al revisar los pagos efectuados por concepto de nómina y demás prestaciones laborales correspondientes a las vigencias 2017 y 2018, se detectaron pagos dobles, o montos superiores a los devengados por los funcionarios de planta.
La mayoría de los pagos estaban asociados a la nómina, otros se desviaron camuflados por pagos de servicios personales a contratistas y en otros casos por pago a proveedores.
En serie
Lo claro es que la defraudación se realizó durante seis años.
Durante los cuatro años anteriores (2013-2014-2015 y 2016) se registraron las mismas irregularidades (pagos superiores a los devengados) por un monto de 209,39 millones de pesos.
Los pagos irregulares ascendieron a 1.621 millones de pesos. Los dineros fueron girados mediante cheques, transferencias bancarias o autorizaciones de pago a través de una cooperativa.
Coopaipe realizaba las transferencias electrónicas a las cuentas de ahorro de los funcionarios ilegalmente beneficiarios, según oficio de dispersión emitido por Macías Villarraga, previa consignación o giro de los recursos a la entidad cooperativa.
Un convenio suscrito en el 2012 permitía esa intermediación. Macías Villarraga era el administrador del convenio con la cooperativa.
A través de esta modalidad se realizaron pagos superiores o en mayor valor a los que tenían que devengar mensualmente diferentes funcionarios del hospital de primer nivel concepto de nómina u otros conceptos laborales (primas, vacaciones).
También se realizaron pagos espurios a través de cheques. Según se giraba valores superiores a los que realmente debía devengar, causando de esta manera un cuantioso detrimento patrimonial.
Todos los cheques girados a nombre del Edilberto Macías fueron cobrados por el mismo, según los certificó Bancolombia. Las transferencias realizadas por la Cooperaipe fueron abonadas a la cuenta del funcionario.
Lo mismo ocurrió con el almacenista, Héctor Favian Díaz. El funcionario recibió a través de cheques y ordenes de giro por medio de la cooperativa Coopeaipe, pagos en mayor valor, y/o adicionales, superando el valor que debía devengar por concepto de nómina.
De acuerdo con las certificaciones emitidas por Bancolombia los cheques girados fueron cobrados por el mismo beneficiario y las transferencias realizadas por Coopeaipe y la realizada por la ESE directamente se abonaron a su cuenta de ahorros.
La misma situación se registró con Zulay Magally Arcos Sosa funcionaria de la ESE, quien recibió transferencias realizadas por Coopeaipe y tres realizadas por la ESE directamente las cuales fueron abonadas a su cuenta de ahorros.
La cooperativa giraba cheques irregularmente a favor de otra funcionaria, sin restricción de páguese al primer beneficiario. Los cheques eran endosados irregularmente, y el dinero era cobrado o recibido por terceras personas. En numerosos casos los beneficiarios finales eran el destituido ex gerente Macías Villarraga y el almacenista Héctor Favían Díaz.
En otros casos, el cobrador final de los cheques girados irregularmente era Eliana del Roció Medina Rubiano, quien estuvo vinculada transitoriamente como auxiliar contable. Los cheques también eran girados a particulares sin ningún vínculo con la entidad oficial. En cinco oportunidades aparecen cheques girados a nombre de su hermano Camilo Medina Rubiano, pero aparece cobrándolos la señora Eliana, jefe de cartera. Los cheques sumaban 21,99 millones de pesos.
Igual ocurrió con otros cheques cuyo beneficiario final fue Daniela Del Pilar Medina Rubiano, quien no ha tenido ningún vínculo con la entidad. Solo en el 2018 por esta modalidad se giraron recursos irregularmente por 260,74 millones de pesos para beneficiar a diez funcionarios. (Ver gráfico)
Aunque el robo está suficientemente documentado, las investigaciones para determinar las responsabilidades siguen a paso lento.