Francisco José García Lara
La sentencia de la corte constitucional declarando la inexequibilidad de la suspensión de la ley de garantías no es una situación de aquellas en que se les dijo, se les advirtió, pero no hicieron caso, al contrario, sabían que estaban haciendo, conocían perfectamente que violaban la constitución, pero no les importó.
El gobierno y gran parte del congreso se comportaron como lo que son, unos bandidos, hicieron lo que penalmente se denomina concierto para delinquir, que se encuentra definido como delito en el artículo 340 del código penal. Sabían, además, plenamente y sin duda, que estaban cometiendo prevaricato, el cual se encuentra tipificado como delito en el artículo 413 del mismo código.
No les dio pena, ese sentimiento por allá no existe, simplemente necesitaban garantizar la financiación de la campaña y la aseguraron violando la constitución, conociendo que los tiempos de las demandas les daban el margen suficiente para hacer de las suyas.
El fallo de la corte constitucional, además de llegar tarde porque, se insiste, ya se embolsillaron la mayoría del dinero, traerá muchos traumatismos debido a que a la declaratoria de inexequibilidad establecida en la sentencia, se suma la orden de suspender todos los convenios interadministrativos que se suscribieron bajo la norma definida como inconstitucional, lo que implica reversar los contratos que se firmaron amparados en estos y devolver los recursos involucrados, dejando muy seguramente ejecuciones incompletas que engrosaran el número de los denominados “elefantes blancos”, y por supuesto, uno que otro peso embolatado que no será devuelto.
La pregunta del millón es: ¿un caso de tan evidente vulneración del código penal quedará en la impunidad?, muy probablemente sí, no porque se tengan pruebas endebles o insuficientes, al contrario, las hay de sobra y muy contundentes, pero teniendo a las entidades de control bajo su mando probablemente no les va a pasar nada.
De hecho, la procuraduría hizo su aporte al exabrupto jurídico, demoró el concepto que debía rendir en la demanda para retrasar el fallo y permitir que siguieran saqueando las arcas del estado. Por su parte, el contralor general ha guardado un conveniente silencio y el selectivamente acucioso fiscal general tampoco se ha pronunciado, tal vez les conviene quedarse callados, no vaya ser que cualquier imputación afecte a sus amigos, o sea a quienes los pusieron en los cargos.
Y todavía se preguntan porque el candidato populista de la extrema izquierda está punteando en las encuestas y tiene una gran probabilidad de ser elegido como presidente, así quien no, teniendo al gobierno y a parte del congreso como inmejorables jefes de campaña.