Piero Emmanuel Silva Arce
Como repitiendo la triste escena de un policía en Estado Unidos asesinando a un hombre llamado George Floyd, la semana pasada un grupo de uniformados colombianos acabaron con la vida del Javier Ordóñez. Después del lamentable episodio se desataron protestas en varias ciudades del país; algunas de ellas, especialmente las de Bogotá, se tornaron violentas y dejaron como saldo 13 personas muertas, 209 civiles heridos y 194 policías lesionados. Pero volvamos al hecho inicial; ¿por qué funcionarios de una institución destinada a generar seguridad terminan asesinando a una persona? ¿Cuáles son las directrices de este cuerpo del Estado en el marco de los Derechos Humanos? ¿Estamos ante una estructura que promueve el abuso de la autoridad?
Las protestas ciudadanas de la semana pasada fueron reprimidas por medio de balas asesinas que segaron la vida de varias personas, la mayoría de estas eran jóvenes. De acuerdo con Alejandro Angulo del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) los abusos policiales no son casos aislados ni son acciones de algunas manzanas podridas, sino que se relacionan con procesos de represión frente a ciudadanos que se manifiestan por causa de las injusticias de un modelo social agotado. Paradójicamente, durante la semana de los Derechos Humanos, el 10 de septiembre 128 individuos cayeron detenidos, algunos de estos eran menores de edad, otros pasaron más de 26 horas detenidas sin que ningún juez tuviera conocimiento de esos procesos. Los videos evidencian la crueldad de la policía con los ciudadanos, las capturas indiscriminadas de personas defensoras de derechos humanos y los disparos a diestra y siniestra. Estos hechos atentan contra el Estado Social de Derecho, deterioran la confianza ciudadana y cercenan cada vez más la democracia en el país, donde la diferencia política siempre ha sido vista con sospecha.
La excusa de siempre es que en la policía hay algunas manzanas podridas, sin embargo, parece más un bosque podrido. El Congreso llamó al Ministro de Defensa y al Director General de la Policía a rendir cuentas. Plataformas y organizaciones de DDHH plantean la importancia de que esta institución se adecue doctrinalmente al momento de transición hacia la paz –algo difícil con un gobierno que se alineó con la perspectiva de hacer trizas el acuerdo –; se propone que la Policía Nacional pase a ser parte del Ministerio del Interior en lugar del Ministerio de Defensa y, finalmente, se observa la importancia de llevar a los policías a la justicia ordinaria. La pregunta clave sigue sin respuesta: ¿Quién dio la orden?
Investigador del grupo Estudios Políticos.