Es evidente cómo varios municipios del Huila, entre ellos Neiva, Campoalegre, Algeciras, Hobo y Pitalito, están sumidos hoy en una creciente ola de homicidios, varios de ellos cometidos bajo la modalidad de sicariato. Nadie puede salir a buscar la manera de justificar o de ‘moderar’ el baño de sangre que está ocurriendo en las ‘barbas’ de las autoridades.
Hay además una delicada situación que demuestra el clima de inseguridad y desgobierno que afecta al Huila en materia de orden público: las autoridades no están llegando a las escenas de los crímenes. Son religiosos, líderes comunales y hasta la misma comunidad los que deben recoger a sus muertos. En la práctica, eso significa que no se está recaudando el material probatorio que pueda conducir a resolver los homicidios. Y una investigación judicial sin pruebas no conduce a nada. Eso lo sabe cualquiera.
Demuestra además que la misma Policía, el Ejército y la Fiscalía tienen miedo y están evitando hacer desplazamientos a varias regiones del departamento por temor a una emboscada o un ataque de las disidencias de las Farc. En reiteradas oportunidades, las autoridades y los comandantes de la Policía y del Ejército han salido a minimizar la presencia de los grupos ilegalmente armados en los territorios, pero la realidad pareciera ser otra.
Es preocupante que en el Huila el número de homicidios en lugar de disminuir, continúe al alza y haya superado en un 19,3% al número de casos registrados durante enero y julio del año 2022. En detalle, según Medicina Legal el departamento pasó de registrar 155 víctimas de homicidio durante los primeros siete meses del año 2022, a 185 casos durante igual periodo del 2023, es decir, 30 vidas segadas adicionales.
En momentos en que a nivel nacional por parte del gobierno se habla insistentemente de mostrar a Colombia como potencia mundial de la vida, es urgente que las acciones dirigidas para evitar los homicidios empiecen por ser implementadas en las regiones.
