La Nación
¿Quién manda en la Junta de Invalidez? 1 28 febrero, 2021
EDITORIAL

¿Quién manda en la Junta de Invalidez?

 

Desde todo punto de vista, resulta reprochable que los dineros públicos –que al fin y al cabo son de todos porque todos pagamos impuestos– se gasten en francachelas, licor, mariachis, tríos y comilonas.

Nos estamos refiriendo al escandaloso caso de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila, un organismo adscrito al Ministerio de Trabajo, que durante dos años consecutivos se dedicó a gastar los recursos pertenecientes al sistema de seguridad social, en celebraciones.

En contraste, mientras sus directivos se lo pasaban en comilonas, la Junta cayó en una extrema morosidad en la expedición de los dictámenes periciales, claves para definir demandas o reclamaciones laborales.

Sin haber expedido ninguno de los 495 conceptos –hasta principios de 2020—, por cada uno de los expedientes que reposan en su poder, la Junta de Invalidez se gastó los recursos percibidos, algunos en gastos suntuarios, festejos y hasta serenatas con mariachis.

Lo que se ha conocido es absolutamente indignante. En las vigencias 2018 y 2019, la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila realizó gastos suntuarios por $24.797.030 en suministro de refrigerios, servicio de restaurante, licores, vinos, almuerzos, anchetas, arreglos florales, serenatas, entre otros. Entre los gastos no autorizados, figuran dos serenatas ofrecidas al director de la Junta el 4 de mayo, día de su cumpleaños. Además, aparecen otros registros de pagos por concepto de “Licores, trago Buchanan’s, Aguila, Club”. La mayoría de los gastos corresponden a refrigerios, servicios de restaurante, arreglos florales, servicios de cafetería, compra de anchetas, tamales, tortas de cumpleaños y hasta pago de tríos musicales.

Es absolutamente inconcebible que los dineros públicos se malgasten de esta manera. Ojalá, los organismos de control prioricen este caso y sancionen a los responsables por falta de austeridad del gasto público y detrimento al patrimonio público.

 

 

“En contraste, mientras sus directivos se lo pasaban en comilonas, la Junta cayó en una extrema morosidad en la expedición de los dictámenes periciales, claves para definir demandas o reclamaciones laborales”