Un nuevo escándalo suma hoy la Alcaldía de Neiva. Esta vez, por cuenta de las graves denuncias hechas por la Contralora Municipal. Según la jefe del organismo de control, hasta los muertos recibieron mercados durante el inicio de la pandemia. 177 contratos bajo la lupa.
La polémica por los kits alimentarios que entregó la Alcaldía de Neiva, en plena efervescencia de la pandemia, no para. Ayer, se le sumó un nuevo capítulo, esta vez la Contraloría Municipal reveló que, aunque los mercados estaban destinados para la población más vulnerable, personas fallecidas y reclusos, aparecían en las listas y los mercados fueron reclamados ocasionando una presunta “afectación del patrimonio público”.
El contrato que está bajo la lupa es el 680 de 2020 derivado de la orden de suministro 003 del 25 de marzo, firmado por el alcalde Gorky Muñoz y al secretario de Gestión del Riesgo, Armando Cabrera, donde se adquirieron 5 mil kits alimentarios con Distribuciones Vargas Ramírez para “atender las necesidades alimentarias de la población vulnerable de los estratos 1 y 2”, por un valor total de $997.385.050. Cada mercado costó $199.477.
La contralora municipal, Marcela Narváez, afirmó ayer durante una sesión del Concejo de Neiva, que “fue imposible individualizar a las personas que recibieron el kit porque las cédulas son inexistentes, nunca tuvieron un cupo numérico, los kits fueron también entregados a personas fallecidas, de acuerdo a la información que nos reportó la Registraduría. Incluso, algunas personas se encontraban con detención preventiva en un establecimiento de reclusión, y la causa es una falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo en la entrega de los kits alimentarios a los beneficiarios, siendo esta una actividad de la etapa poscontractual y el efecto es el uso ineficiente de los recursos y una presunta afectación del patrimonio público”, señaló.
Hasta ahora, se han confirmado que “156 kits inicialmente fueron los que se entregaron a personas que no tenían derecho a recibirlo, es una base de datos muy grande que necesita un análisis juicioso de nuestro equipo auditor, y se buscan muchos más, falta mucho aún por determinar. Además, falta que la Registraduría nos termine de confirmar toda la información”, dijo la Contralora.
Y agregó: “Hay una serie de condiciones que no permite individualizar e identificar plenamente quien es la persona a la que se le entregó el kit alimentario, y es ahí donde la Contraloría Municipal encuentra un detrimento patrimonial porque no existe una identificación clara de la persona que lo recibió, porque el objetivo de esto fue mitigar el hambre de las personas que están en situación de vulnerabilidad y los contratos no permitieron ese fin esencial del Estado”.
La representante del organismo de control destacó que el informe con los hallazgos ya fue trasladado a la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, para que se continúe investigando.
“El hallazgo con connotación administrativa y presunta incidencia fiscal ya fue trasladado a la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal para la apertura del proceso correspondiente. La idea es que la investigación continúe porque estamos hablando de una cantidad de registros muy alta”, manifestó.
Además, afirmó que se está realizando una minuciosa revisión de cada uno de los 177 contratos que realizó la Alcaldía durante la pandemia.
“En virtud del control fiscal que ejerce la entidad, hemos realizado la revisión de los 177 contratos suscritos por la emergencia manifiesta del covid-19. A 31 de octubre el municipio suscribió estos contratos que suman en total 38.758 millones de pesos y nuestras investigaciones no se agotarán este año, sino que seguirán el próximo”.
“Estamos tranquilos”
El mandatario de los neivanos le salió al paso de las graves denuncias hechas por la Contralora y afirmó que las listas del Sisbén, que “fueron las únicas autorizadas para entregar las ayudas, estaban desactualizadas”.
“Ante lo expresado por la Contraloría Municipal, respecto a nuestra presunta responsabilidad, en la entrega de estos mercados a personas que se hicieron pasar por muertos, para reclamar estas ayudas, tenemos que decir que estamos tranquilos, porque actuamos de acuerdo a lo que la ley y el Gobierno nos ordenó. Por eso vamos a responder con argumentos a esta denuncia, pero al mismo tiempo, hemos pedido a la Fiscalía General de la Nación, investigar a quienes valiéndose de artimañas, engañaron no sólo al Estado y al Municipio, suplantando identidades, sino que además, le quitaron la posibilidad a otra persona, de recibir estas ayudas”, manifestó Gorky Muñoz.
“Siempre advertimos que las bases de datos del Sisbén, únicas autorizadas para entregar las ayudas alimentarias a la población vulnerable en todo el país, estaban desactualizadas. En varias regiones del país se evidenciaron las mismas dificultades. Incluso, las consecuencias las vivió el propio Departamento Nacional de Planeación con el subsidio de Ingreso Solidario”, añadió.
Bajo lupa
El contrato 680 de 2020 es el mismo que tiene ‘enredados’ en la Procuraduría al secretario de Gestión del Riesgo, Armando Cabrera, y al exjefe de Contratación y hoy jefe Jurídico de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, José Nelson Perdomo.
Presuntos sobrecostos y mercados incompletos, son las irregularidades que disciplinariamente son investigadas.
Según la orden de servicio, cada mercado, a un costo de $199.477, debía contener: una libra de azúcar, una libra de café, una libra de frijol, un frasco de aceite, una libra de lenteja, una bolsa de leche en polvo, una libra de harina de maíz, una libra de panela, una bolsa de 200 gramos de avena molida, una lata de atún de 170 gramos, una libra de arroz, una libra de chocolate, una libra de sal, una harina de trigo y una bolsa de espagueti de 250 gramos.
Además del alcalde Gorky Muñoz, de Cabrera y Perdomo, la orden recibió el visto bueno de Enrique Peñuela, José Willian Sánchez y José Joaquín Cuervo Polanía, asesores de Despacho del mandatario.