Raponazo a las cesantías. Por Gloria Inés Ramírez

La Comisión Séptima del Senado de la República votó en primer debate, el proyecto que crea el sistema de protección al desempleado. Mi voto fue negativo. La Comisión Séptima del Senado de la República votó en primer debate, el proyecto que crea el sistema de protección al desempleado. Mi voto fue negativo. El proyecto sigue la misma línea de otras medidas del Gobierno y de sus partidarios en el Congreso que teóricamente se enfocan a atender problemas sociales pero en la práctica no resuelve ninguno. Aunque el proyecto ha sido publicitado como una iniciativa que busca favorecer a los trabajadores que pierdan el empleo, lo que hace es una nueva reglamentación de la distribución y manejo de las cesantías de los trabajadores. Por ninguna parte hay un esfuerzo del gobierno para aportar recursos que permitan solventar la situación de quienes quedan desempleados. Las cesantías son, de acuerdo a la ley, un ahorro de los trabajadores y ellos son sus únicos propietarios, por lo que cualquier decisión en materia de su destinación, a nuestro juicio, debe contar con el visto bueno de sus legítimos dueños, so pena de inconstitucionalidad. Que sepamos, ni los autores de la iniciativa ni el Gobierno que la respalda se han tomado el trabajo de discutir con las centrales obreras y con movimiento sindical en general, que son sus representantes legítimos. En cambio, si se tratara de dineros de los empresarios, jamás se atreverían a tocarlos sin el visto bueno de sus dueños, pero como se trata de los trabajadores, se creen con derecho a disponer de ellos arbitrariamente. En cuanto a la creación del llamado Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante, lo que se hace es redistribuir el 4% que hoy reciben las Cajas de Compensación Familiar para destinar una parte de él a la financiación del mencionado fondo. De esta manera, se continúa con la política de descargar en las entidades que financian con aportes parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación) obligaciones que deberían estar a cargo del Estado. Consideramos inaceptable que se siga atentando contra la autonomía financiera y administrativa de estas entidades para suplir la ineficiencia del Estado en la atención a problemas sociales como el desempleo. El proyecto está dirigido a quienes tienen empleo y cotizan a los Fondos Privados de Pensiones y a las Cajas de Compensación Familiar, pero no contiene ni una sola norma orientada a atender a los millones de desempleados o a quienes estando ocupados no tienen afiliación a dichas entidades. Lo que se hace es financiar con los dineros de los trabajadores una supuesta protección a quienes pierdan su empleo. Ante esta situación, como Senadora de la República por el Polo Democrático Alternativo, insisto una vez más en la necesidad de estudiar seriamente la creación del Seguro de Desempleo, financiado por el Estado, para atender a quienes padecen el flagelo de la desocupación. Las cesantías son una conquista de los trabajadores y, por lo tanto, estamos en contra de que con sus dineros se hagan proyectos demagógicos para presentar como obras sociales del Gobierno lo que es fruto de largas y sacrificadas luchas de los trabajadores.