JESÚS ANTONIO ROJAS SERRANO/LN
Los nombres de los hoy generales Juan Pablo Rodríguez Barragán y Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar tienen tres cosas en común: fueron comandantes de la Novena Brigada del Ejército con sede en Neiva, hoy están en altos cargos y ninguno de los dos ha podido desprenderse del capítulo de horror que vivieron regiones como el Huila por cuenta de los ‘falsos positivos’. Rodríguez Barragán es actualmente, ni más ni menos, el comandante general de las Fuerzas Militares, mientras que Lasprilla, conocido entre sus subalternos como “La Máquina”, terminó como agregado militar en el extranjero tras ser removido hace dos años de la comandancia nacional del Ejército. Luego de un extenso período de vacaciones, fue enviado a Washington, Estados Unidos.
Si bien han tenido sobre sus espaldas los señalamientos de los ‘falsos positivos’, tanto Rodríguez como Lasprilla han logrado mantenerse activos y escalar dentro de las fuerzas militares. Sin embargo, sus nombres han vuelto a sonar con insistencia por estos días por cuenta de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, CPI, que puso su ‘radar’ sobre estos altos oficiales y otros militares señalados de ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Casualmente, dentro de los militares en la mira de la CPI, aparece el nombre de otro excomandante de la Novena Brigada: el general retirado Henry William Torres Escalante, quien permanece hoy detenido señalado de exigirle a los hombres bajo su mando, cuando estuvo al frente de una unidad militar en el departamento del Casanare, resultados consistentes en bajas dentro o fuera de combate, civiles o combatientes. Los tres -Rodríguez, Lasprilla y Torres- en su momento fueron acogidos cálidamente, aplaudidos y hasta galardonados por autoridades, líderes gremiales y sociedad huilense en general.
Según publicó El Espectador, el tribunal internacional clasificó los casos por Divisiones y Brigadas del Ejército, con sus respectivas regiones. En este listado aparece la Novena Brigada, con jurisdicción en el departamento del Huila. También identificó los nombres de los militares -entre activos y retirados- que comandaron las guarniciones militares implicadas en más de 1.200 casos de ejecuciones extrajudiciales entre los años 2002 y 2008.
La acción de la Fiscalía de la CPI se basa en informes de la Organización Human Rights Watch, HRW, que recrearon cómo “soldados y oficiales, presionados por superiores para que demostraran resultados “positivos” e incrementaran el número de bajas en la guerra contra la guerrilla, se llevaban por la fuerza a sus víctimas o las citaban en parajes remotos con promesas falsas, como ofertas de empleo, para luego asesinarlas, colocar armas junto a los cuerpos e informar que se trataba de combatientes enemigos muertos en enfrentamientos”. HRW siempre dijo del capítulo de los ‘falsos positivos’ en Colombia que era uno de los episodios más nefastos de atrocidades masivas ocurridos en el hemisferio occidental en las últimas décadas. Incluso alcanzó a plantear que “llevar ante la justicia a los máximos responsables de uno de los capítulos más oscuros del conflicto colombiano no será fácil, pero es una tarea irrenunciable y completamente factible para el gobierno”.
LO QUE PASÓ EN EL HUILA
De acuerdo con el informe de HWR, que motivó la lupa de la Corte Penal Internacional, CPI, en el Huila se cometieron presuntamente, entre 2004 y 2008, 119 ejecuciones extrajudiciales, cuya responsabilidad es atribuida a varias unidades bajo el mando de la Novena Brigada con sede en Neiva.
Las unidades militares con más ejecuciones extrajudiciales son: el Batallón Magdalena con sede en Pitalito, con 47 casos, y el Batallón Pigoanza con sede en Garzón, con 45 casos.
En el caso del Batallón Magdalena, en sólo dos años -2007 y 2008-, se presentaron 37 presuntos ‘falsos positivos’. Por su parte, en el Batallón Pigoanza, 2007 -con 17 casos- fue el año con más supuestas ejecuciones extrajudiciales.
Para esa época, el comandante de la Novena Brigada era el entonces coronel Jaime Alfonso Lasprilla. Este oficial fue el mismo que, al ser cuestionado por uno de estos casos, le dijo airadamente a un periodista de la emisora Hj Doble K que en sus filas, el Ejército no tenía “ángeles ni arcángeles”. Incluso, trató de imponerle un veto al medio de comunicación que lo cuestionaba por las acciones de sus hombres.
BATALLÓN MAGDALENA
Uno de los presuntos ‘falsos positivos’ atribuidos al Batallón Magdalena y que HRW documentó es el de Albeiro Hernández Cerón, en jurisdicción del municipio de Isnos, el 15 de agosto de 2007. Otro hombre fue engañado y detenido junto con Hernández en el mismo incidente, pero logró sobrevivir. El hombre contó que a él y a Hernández les habían ofrecido un trabajo temporal en una finca, pero que cuando estaban siendo llevados al lugar, los soldados detuvieron el automóvil y los ataron. Tras recibir un disparo en la clavícula, echó a correr y pudo escapar. Dijo que también recibió disparos en los testículos mientras huía. Un informe oficial confirmó que Albeiro Hernández Cerón, el único muerto, no había disparado ninguna arma, como lo informó el Ejército. Junto al cadáver encontraron una pistola de juguete y tres vainillas calibre 32, distintas al calibre de la pistola.
BATALLÓN PIGOANZA
De los 45 casos de ejecuciones ilegales presuntamente cometidas por el Batallón Pigoanza está el de la muerte, el 15 de diciembre de 2006, de Otoniel Oviedo, en comprensión municipal de Gigante. En este episodio fueron involucrados un teniente y cuatro soldados. Los militares habían informado que Oviedo era un miembro de las Farc muerto en combate; sin embargo, la investigación del fiscal determinó que la víctima era en realidad un campesino y líder comunitario.
EL CASO DEL GENERAL RODRÍGUEZ
Si bien el hoy comandante general de las Fuerzas Militares, el general Juan Pablo Rodríguez, estuvo en el Huila al frente de la Novena Brigada en la época en que Rodrigo Villalba Mosquera fue Gobernador del departamento, los señalamientos de presuntas ejecuciones extrajudiciales surgen de cuando él dirigió la Cuarta Brigada del Ejército con sede en el departamento de Antioquia. Según HRW, se cometieron 28 supuestos ‘falsos positivos’ mientras el General Rodríguez Barragán estuvo al mando. Un coronel ha indicado que Rodríguez Barragán les advertía: “A mí no me vaya a salir con cuentos de que no pudieron [darlos de baja]. Hay que dar bajas”. El mismo coronel contó que la presión de Rodríguez Barragán para que hubiera muertes en combate motivaba las ejecuciones: “¿Y por qué se montaron esas operaciones? Producto de que…él todos los días venía pidiendo bajas… Para él [las capturas] no eran resultados; para él los resultados eran bajas”. También señaló que Rodríguez Barragán contrató a un investigador policial para que “hiciera la acomodación en la escena” del supuesto combate antes de que llegaran los investigadores de la Fiscalía para reunir pruebas.
LAS CRÍTICAS DE HWR
Al saber que la Corte Penal Internacional puso la lupa sobre los falsos positivos en Colombia, el director de Human Rights Watch, HRW, José Miguel Vivanco, le pidió al presidente de la República, Juan Manuel Santos, remover de sus cargos a los generales Rodríguez Barragán y Lasprilla Villamizar. “Con generales Rodríguez y Lasprilla en sus cargos, gobierno siembra manto de duda sobre su compromiso con la justicia para falsos positivos”, expresó el representante de la influyente organización defensora de derechos humanos.
Para Vivanco, es un “escándalo” que el comandante general de las Fuerzas Militares esté bajo el radar de la Corte Penal Internacional.
LA REACCIÓN DE URIBE
La posibilidad que militares implicados en ejecuciones extrajudiciales puedan ser juzgados por la CPI generó la reacción del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, en cuyo mandato se desató el escándalo de los ‘falsos positivos’.
Uribe dijo que “ante el anuncio de sacrificar a nuestros militares por la Corte Penal Internacional, donde deberían estar los cabecillas de las Farc, cobra vigencia nuestra propuesta de sustraer a los integrantes de las Fuerzas Armadas y a los civiles de la Justicia de Farc, JEP; crear una sala temporal, en la Corte Suprema, para examinar las acusaciones contra policías y militares por hechos supuestos cometidos dentro de las fechas que se determinar”.
Propuso, además, que se constituya la segunda instancia retroactiva, o una instancia especial, que permita buscar reivindicar la reputación de policías y soldados que por los hechos que se refieran hubieran sido condenados. Finalmente, planteó que a los militares se les conceda la libertad condicionada a los cinco años.
El general Juan Pablo Rodríguez Barragán es el comandante de las Fuerzas Militares.
El general Jaime Alfonso Lasprilla es hoy agregado militar en Estados Unidos.