El país, triste e increíblemente, está ante una nueva escalada de violencia por el aniversario de la muerte del máximo comandante de la otrora guerrilla de las Farc Manuel Marulanda Vélez. Y en ese sentido, es totalmente repudiable que grupos ilegalmente armados insistan en el terror y la zozobra para infundir sus supuestos ideales en los colombianos.
Quién, acaso, puede justificar el atentado terrorista del fin de semana pasado contra el CAI de la Policía en el barrio Arborizadora Alta de Ciudad Bolívar, en el sur de la capital del país. Desde todo punto de vista, se trató de un ataque demencial, que mató a dos niños inocentes: Ivana Salomé Rangel, de 5 años de edad, y Daniel Estiven Duque, de 12 años. Ambos menores se encontraban próximos al lugar de la detonación, y aunque fueron auxiliados y trasladados a centros asistenciales, fallecieron entre la madrugada del domingo y ayer lunes. Este atentado, además de múltiples afectaciones en las viviendas cercanas al CAI de la Policía, dejó más de 30 personas heridas, todas pertenecientes a sectores humildes.
En el transcurso del día de ayer, el frente 33 de las disidencias de las Farc se atribuyó la acción terrorista, y de manera cínica, uno de sus cabecillas aseguró que “no fue nuestra intención” matar a civiles. De parte de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se le escuchó decir: “Son unos cobardes y miserables asesinos que pusieron y detonaron 20 a 25 kilos de explosivos detrás del CAI de Arborizadora Alta, con pleno conocimiento e intención de hacer daño a civiles en medio de un barrio popular, en una zona rodeada de un parque, tres colegios y comercio”.
Con más policías en las calles, fiscales, investigadores y personal de inteligencia, el Estado debe reaccionar con contundencia frente a estas manifestaciones violentas, ya que representan una amenaza seria para la seguridad del país.
Los colombianos, entre tanto, deben expresar su total rechazo a esta clase de hechos.