Recuerdo a mi abuelo fallecido hace 25 años cuando hablaba sobre la famosa “mano negra” para referirse a todos los asuntos oscuros que ocurrían y en la cual no se encontraba explicación contundente a hechos adversos que mediaban en un determinado asunto. Recuerdo a mi abuelo fallecido hace 25 años cuando hablaba sobre la famosa “mano negra” para referirse a todos los asuntos oscuros que ocurrían y en la cual no se encontraba explicación contundente a hechos adversos que mediaban en un determinado asunto. Acudo a mi memoria, porque no encuentro explicación a la conducta y acciones de nuestros padres de la patria, es decir, congresistas (senadores y representantes), frente a la nefasta culminación del proyecto de la “reforma de la justicia”, así como la de los Legisladores Paraguayos (parece una coincidencia) que declararon culpable y destituyeron al Presidente Fernando Lugo en tiempo récord violando todas las garantías, no sólo procesales sino de derechos fundamentales y de paso poniendo en riesgo la anhelada armonía promovida por Unasur, esto es, el fortalecimiento de la democracia. Estas barbaridades jurídicas y políticas cometidas por los legisladores de los dos países, incumplen los postulados no sólo de las Constituciones de cada Estado, sino también los de Unasur, Celac, Carta Democrática aprobada el 11 de septiembre de 2001 por la Organización de Estados Americanos en Lima (OEA) relacionados con la legitimidad de la democracia, mayor gobernabilidad, lucha contra la pobreza y la protección de los Derechos Humanos; entre otros. Antes que producirse unión e integración en la ciudadanía y entre los pueblos, estas conductas de unos pocos (en este caso de los superhombres legisladores) lo que genera son expresiones de inconformidad con los sistemas políticos, confirmadas posteriormente en las encuestas de opinión y que terminan comprometiendo, seriamente, las condiciones de la gobernabilidad, entendida ésta como la capacidad que tienen los gobiernos elegidos democráticamente para dar órdenes y la disponibilidad de los ciudadanos para aceptarlas y darles cumplimiento bajo coordinación armónica con la rama legislativa. La confianza que debe existir se menoscaba. Y al suceder esto, ¿qué podemos esperar? Inaudito lo ocurrido, independiente de la medida adoptada por el Presidente, en el caso de Colombia, al objetar dicho Acto legislativo. Los huilenses, debemos exigir a nuestra lujosa nómina de 8 parlamentarios, que anualmente usufructúan del Estado más de cuatro mil millones (con UTLs y prebendas), para que expliquen sus posibles responsabilidades en estos hechos lamentables y no ejemplares en el Congreso. Apoyaré decididamente la revocatoria o estrategia que tome fuerza. Finalmente, Colombia no debe reconocer el nuevo gobierno Paraguayo. ¿Reaparecería la mano negra?