Los asuntos relacionados con el ordenamiento territorial son siempre de gran sensibilidad. Su tratamiento jamás es sencillo, toda vez que comprende aspectos históricos, geográficos, culturales, políticos, económicos y sicológicos, que convierten el afecto del ser humano por su territorio en una fuerza inmensa.
Por esa razón, cuando se discutieron estos temas en la asamblea nacional constituyente de 1991, se llegó a la conclusión de que lo apropiado era construir el escenario institucional para que se exprese, libremente, el sentimiento auténtico de las distintas zonas del país, evitando así la imposición de modelos artificiales a la luz de verdades sociales evidentes.
Aquellas deliberaciones nos llevaron a concluir que dicho sentimiento es diverso. En algunas partes de nuestro territorio predomina la idea de la región; en otras prevalece la visión de la provincia, y, en no pocas, existe un apego arraigado hacia la institución del departamento.
Se buscó, entonces, edificar las condiciones para que nuestro ordenamiento obedezca a las realidades del país y no a ideas preconcebidas para hacerle homenajes indebidos y peligrosos a la teoría.
Las puertas, hoy, están abiertas para que, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos, los sentimientos mencionados con anterioridad se traduzcan en formas institucionales claramente definidas.
En igual forma se actuó con las entidades territoriales indígenas, y las comunidades afrodescendientes, a fin de darle expresión concreta al carácter multiétnico y pluricultural de la nación.
De lo que se trató fue de conseguir la descentralización y la autonomía, dentro del marco de la Constitución y la ley, de manera progresiva y apropiada, mediante el reconocimiento de las realidades locales.
Y para facilitar la unión y el trabajo conjunto de las distintas entidades, en procura de tener más y mejores oportunidades de desarrollo, se llevaron a la Carta distintas formas asociativas partiendo desde el municipio, que se definió como la entidad fundamental de la organización político administrativa del Estado.
Todo lo anterior se hizo penando siempre en garantizar y preservar la unidad de la República.
De ahí surgen la autonomía reglada y la competencia de la nación, con respecto a los distintos entes, en política económica, seguridad y orden público.
Cualquier intento que se haga para alterar el orden que se consagró en nuestro estatuto fundamental mediante figuras de hecho, así estén vestidas de legalidad, sería un atentado contra el carácter unitario de la República, que es un principio que define y orienta.
Las zonas de reserva campesina, tal como están planteadas por las Farc en La Habana, según las informaciones públicas, son inaceptables. Cincuenta y nueve ZRC, que abarcarían 9 millones de hectáreas, con autonomía y desmilitarización de las áreas en las que se establecerían, serían la ruptura del orden constitucional en materia territorial. Por todo lo anterior, lo que debe hacerse es rechazar, con vigor, cualquier paso que pueda conducir a la desintegración de Colombia.
