Flora Perdomo Andrade
El pasado 12 de Febrero, se conmemoró el Día Internacional de las Manos Rojas en contra del reclutamiento forzado, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados al margen de la ley y de estructuras del crimen organizado, esto como mecanismo de crear conciencia y fortalecer las acciones encaminadas a combatir este flagelo que ha convertido a los menores de edad en víctimas y protagonistas de la violencia en el mundo.
Increíblemente la situación de pandemia que ha obligado a los seres humanos a resguardarse, puso en evidencia cómo los grupos armados irregulares en Colombia han incrementado el reclutamiento de jóvenes, quienes se encuentran hoy aún más vulnerables ante la falta de oportunidades y la no ocupación de su tiempo en actividades que les permitan un futuro mucho mejor.
Recientemente la Procuraduría General de la Nación denunció ante la Fiscalía el reclutamiento de menores de edad en todo el país, por una variedad de grupos criminales, entre los que se cuentan las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), bandas criminales, delincuencia común y otros ocho grupos armados.
Según Coalico, una organización que lucha contra la vinculación de menores en conflictos armados, en el año 2020 se registraron alrededor de 225 casos de reclutamiento infantil, más del doble de los casos registrados a lo largo de todo 2019 en distintas regiones del país.
La situación actual en Colombia ha hecho visible la enorme vulnerabilidad de niños y niñas de bajos recursos que habitan en regiones apartadas, y son ellos los más codiciados y buscados por grupos armados con densos historiales de abuso de menores; increíblemente los estudios más recientes aseguran que la virtualidad en la educación se ha convertido en un factor incidente para engañar, amenazar y convencer a los menores abandonando los estudios y sumándose a esas organizaciones generadoras de violencia. Pero además esta pandemia les ha propinado un duro golpe a muchas familias rurales dejándolas sin ninguna fuente de ingreso, llevándolos incluso a pasar hambre no encontrando otro camino que el de caer en la tentación de los ofrecimientos que efectúan las organizaciones al margen de la ley. Incluso las redes sociales se han convertido en otro espacio propicio para convocar a los menores a unirse a grupos clandestinos, lo han denunciado con sus respetivas pruebas las autoridades competentes.
Es un panorama que se torna oscuro y que hace necesario medidas efectivas encaminadas a proteger a los más vulnerables, a los que están expuestos y que como se ha advertido desde el Gobierno Nacional se trata de un fenómeno histórico, pues se estima que hay 6.798 niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados entre 1999 y 2020 y una cantidad mucho mayor que en algún momento engrosó las filas de la delincuencia y las organizaciones criminales, según cifras de Bienestar Familiar.
Está claro entonces que se trata de una práctica indebida que vulnera derechos y es menester de toda la sociedad contribuir en soluciones empezando por exigir verdad a los actores del conflicto que adelantaron este tipo de acciones ilegales y nuestro papel desde el Congreso es continuar promoviendo debates, exigiendo resultados a los organismos judiciales que sumado a Ley que declara imprescriptible el delito sexual – ligado al reclutamiento está la violencia sexual- que apoyamos con nuestro voto en el pleno de la Cámara de Representantes se convierten en herramientas idóneas para frenar estos abusos y para que la acción penal se pueda efectivizar acabando con la impunidad y aplicando condenas severas a quienes se llevan a los niños a delinquir y a ser objeto de todo tipo de vejámenes.
Hay que estar expectantes; la Defensoría del Pueblo ha identificado riesgo de reclutamiento, uso y utilización en 157 alertas tempranas, desde que fue puesto en marcha este sistema en 2017. Solo en el año 2020 se emitieron un total de 45 alertas tempranas que advierten sobre esta problemática en 238 municipios, entre otros, en los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander principalmente. En el Huila no podemos bajar la guardia. Cuidar a nuestros niños es un deber y un propósito superior. Hay que evitar a toda costa que caigan en las manos equivocadas.
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