Fueron seis horas de presión, de unión, de argumentos, una jornada en Bogotá que demostró que los 32 gobernadores del país, entre ellos, el del Huila, Carlos Julio González Villa, hablan en una sola voz.
Los mandatarios coincidieron en que el decreto 2265 del 29 de diciembre de 2017 firmado por el ministro de Salud Alejandro Gaviria y el de Hacienda Mauricio Cárdenas era un desastre para las finanzas territoriales en salud, ya que pretendía manejar desde Bogotá los millonarios recursos provenientes de los ingresos por impuestos de juegos de azar, cigarrillos y licores.
En el caso del Huila, según conoció LA NACIÓN, 22 mil millones de pesos de esos impuestos, tendrían que enviarse exclusivamente al Gobierno Nacional. Y allí definirían su destinación. La misma historia se repetiría en otros departamentos como Antioquia, donde 175 mil millones se safarían de ese ente territorial y terminarían en la Casa de Nariño, lo que motivó al gobernador Luis Pérez a lanzar su voz de protesta y llamar la decisión del Gobierno como “mezquina” durante la semana.
El gobernador del Huila Carlos Julio González Villa, habló fuerte durante su pronunciamiento ante el ministro de Salud Alejandro Gaviria, pero al final, junto con los demás gobernadores, optaron por exigir la modificación o eliminación de este decreto, que al igual que ocurrió con el de regalías petroleras, centralizó los millonarios dineros en el Gobierno Nacional y le impidió a los departamentos manejar directamente esos dineros.
El Gobierno cedió
Por esto, después de reunirse a puerta cerrada de un lado los gobernadores y de otro el ministro Gaviria y sus asesores, el Gobierno Nacional cedió y en un comunicado de cuatro puntos le halló en parte la razón a los gobernadores y optó por modificar parcialmente este polémico decreto que fue firmado dos días antes de acabarse el 2017.
“Quedamos satisfechos, fue una reunión de consenso, cada gobernador expuso su malestar, su inconformidad. Y al final se convenció al Ministro de Salud de la necesidad de que los departamentos manejen directamente esos dineros y no se envíen a la Administradora de Recursos del Sistema General de Salud (ADRES)”, expresó González Villa, avalado por la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro, quien aunque se declaró `santista’ prometió (si el decreto no se modificaba) no esforzarse más para mejorar las rentas y recaudos de impuestos de licor, cigarrillos y juegos de azar, si la plata la iba a manejar el gobierno central.
En ese orden de ideas se acordó “que no se establecerá la obligación de girar un porcentaje de las rentas monopólicas de licores para financiar el aseguramiento en salud”, según se lee en el acta.
No obstante, se pidió a los mandatarios que no reducir las inversiones de cofinanciación en materia de salud. “Ese tema nos pareció esencial. Históricamente el Huila ha cofinanciado grandes obras en salud y lo seguiremos haciendo. Lo que no queríamos era que se duplicara esa inversión nuestra como pretendía ese polémico decreto”, expresó González Villa.
Y lo más importante, es que se ratificó que los excedentes, es decir, los mayores recaudos de las rentas cedidas a los departamentos, en comparación con los requisitos de cofinanciación, son de propiedad de los departamentos, y no del Gobierno Nacional.
En ese orden de ideas, el Huila seguirá manejando sus dineros de los impuestos de loterías, cigarrillos y juegos de azar, como los demás departamentos del país. Al menos, así sucederá durante este 2018. Y en 2019, el Gobierno Nacional le anunció a los gobernadores que no descarta volver a examinar el tema. De momento, el Decreto 2265, que levantó la polvareda entre los mandatarios, será modificado y su borrador será presentado durante la semana a los mandatarios.
Favorece al Huila
El cambio de decisión del Gobierno favorece enormemente a los departamentos, cuyos gobernadores durante este lunes, repetían en Bogotá que con la aplicación del decreto se quedaban sin atender los problemas de red hospitalaria en salud de sus departamentos.
La tarea de los gobernadores es participar en las próximas semanas de una mesa técnica donde se defina con el Ministerio de Salud y Hacienda cómo será la participación inversionaria del sector en los próximos años.