Con el fallo en firme que profirió la Contraloría General de la República sobre el escándalo Reficar considerado como el mayor detrimento patrimonial del Estado en toda su historia, empezó por fin el verdadero camino para castigar a los responsables de semejante descalabro.
En efecto, el organismo de control dejó en firme el fallo con responsabilidad fiscal, por un total de 2.9 billones de pesos, que profirió en abril pasado la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción contra 5 ex funcionarios de Reficar (dos presidentes y 3 vicepresidentes), 7 miembros de su junta directiva (incluyendo el presidente de Ecopetrol para la época de los hechos) y cuatro contratistas, en razón a los mayores valores invertidos en la modernización de la Refinería de Cartagena o Reficar.
Según la Contraloría, en la modernización de Reficar se presentaron mayores inversiones que no le agregaron valor al proyecto en cuantía de 997 millones de dólares, o sea unos 2.9 billones de pesos, el monto en que cuantificó finalmente el daño fiscal ocasionado.
Lo que ha dejado claro el ente de control es que se dieron gastos que no tuvieron relación con el proyecto, hubo baja productividad de la mano de obra directa, mayores gastos en contratación de personal y demoras en las actividades propias del proyecto causadas por acciones y omisiones, por parte de la junta directiva, el contratista y el supervisor del proyecto.
En resumidas cuentas, Reficar fue un barril sin fondo por el que se despilfarraron casi $3 billones del erario. Su modernización representó uno de los tantos ‘elefantes blancos’ a los que se han acostumbrado los colombianos.
Por lo tanto, el fallo en firme de la Contraloría es clave para evitar la impunidad en este tipo de escándalos de corrupción. Y si hay algo que más le duele a los corruptos es que se metan con sus cuentas bancarias personales, sus empresas o propiedades.