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¿Reforma al Estado?

¿Reforma al Estado? 1 12 agosto, 2020

 

Juan David Huertas Ramos

Recientemente se han puesto sobre la mesa algunas propuestas de reforma al Estado en Colombia sin mayor efecto, pues responden a coyunturas que a los pocos días desaparecen  de los focos de la opinión pública y la opinión publicada. Esos hechos que al país conmocionan de momento son, en esencia, prueba irrefutable que debemos re-pensar el Estado colombiano, lo cual implica revisar los conceptos sobre los cuales está fundado, pues éstos han configurado la realidad nacional.

Podríamos referir entonces una lista extensa de conceptos, sin embargo, aquí propondremos tan sólo algunos.

Para empezar, un concepto de vital importancia: “bien público”. Infortunadamente, los bienes públicos en el país parecen ser aquellos que no son de nadie, razón por la cual, algunos sujetos intentan tomarlos como propios ante la mirada indiferente de los demás. La gravedad de esto se aprecia al advertir que algunos de tales bienes son el territorio nacional, el medio ambiente,  el presupuesto público, la historia del país, entre otros. Es importante indicar que de la propiedad común que define el bien público se deriva la obligación de velar por su correcto uso y gestión.

En segundo lugar, encontramos la relación dual “derecho-deber”. Algunos consideran, en el plano individual, que el derecho prima sobre el deber, obviando  que éste último garantiza el derecho. Una sociedad basada en el disfrute exclusivo de derechos individuales confunde éstos con privilegios particulares, error lógico que causa estragos sociales.

El siguiente concepto es la “justicia”, que a beneficio de unos y con perjuicio de todos, está siendo mal entendida y, por lo tanto, mal aplicada. En Colombia, de la justicia profieren decisiones en virtud del análisis de la persona que comete una acción punible y no de la acción en sí misma. Esto desnaturaliza el Derecho, parcializa la justicia y daña la sociedad.

Es el turno para el “derecho a la salud”, que por estar asociado a la vida, debería gozar de especial protección jurídica así como de recursos financieros que garanticen su operatividad. Infortunadamente, en Colombia se ha querido usar el acceso a la salud como un diferencial social.

Ahora bien, de cara al correcto funcionamiento del aparato estatal y el bienestar social, deberíamos reemplazar los altos “cargos públicos” por “dignidades”. En este sentido, los aspirantes a éstas  deberían gozar de las más altas credenciales, probada experticia y probidad incuestionable.

Sería importante convenir también que la “economía” es social per se. Esta no estudia condiciones de bienestar para los animales o las cosas inertes y por ello todo cuanto afecta la economía, afecta directamente a la sociedad y su bienestar, a pesar que demagógicamente se diga lo contrario.

Finalmente, la “educación” no puede ser un privilegio en Colombia, sino un derecho que se garantice, al igual que la salud, con el deber tributario que origina una economía boyante y la correcta gestión de las finanzas públicas. Pues la educación como pilar social debe ser el instrumento a través del cual se proporciona igualdad de oportunidades que redundan en equidad.