Yefer Vega
Como «Proyecto de Inversión Social» y con mensaje de urgencia fue radicada, este martes 20 de julio, la nueva reforma tributaria que busca recaudar 15,2 billones de pesos para atender a las clases menos favorecidas, tapar el hueco fiscal que se profundizó con la pandemia, y reactivar la economía y el empleo.
Esta nueva reforma tiene puntos a su favor, que no fueron tenidos en cuenta en la fallida reforma presentada en la anterior legislatura. Primero, es resultado de un esfuerzo por recoger los mayores consensos posibles de todos los sectores de la economía y los diferentes actores de la sociedad: empresarios, jóvenes, académicos, representantes de los diferentes partidos, líderes sindicales, entre otros. El texto fue sometido a discusión y se socializó con el poder legislativo para que todos los parlamentarios lo conocieran. Además, en la presentación del texto el presidente Duque se rodeó de la coalición de Gobierno buscando su respaldo durante el trámite que surtirá en los próximos meses en el Congreso.
En segundo lugar, esta reforma tributaria no estará enfocada en las personas naturales. Así, no afectará a las personas vulnerables, ni a la clase media. No se ampliará la categoría de bienes exentos de IVA, tampoco habrá incrementos de la base de contribuyentes del impuesto de renta de personas naturales ni habrá gravámenes para los pensionados. Según el propio Gobierno, “hay un acuerdo nacional en el que la clase media no se debe gravar con impuestos adicionales, pues es el motor del consumo y por consiguiente, de la reactivación”. Por el contrario, las empresas del sector privado pondrán el 69% (10,6 billones de pesos) del recaudo y el 31% (4,6 billones de pesos) restante, provendrá de un plan de austeridad en el gasto público y de la lucha contra la evasión. De esta manera, el sector empresarial hará un aporte muy importante en la financiación de todos los programas sociales y será, en gran parte, uno de los principales garantes de que se recauden los recursos perseguidos.
Ahora bien, ¿de dónde se recaudarán los 15,2 billones que busca el gobierno? De acuerdo con las explicaciones dadas hasta ahora, 6,7 billones se obtendrán a través del incremento en la tarifa de renta para empresas que pasa de 30 a 35%, a partir de 2022; se mantendrán los beneficios de la Ley de Crecimiento, como aquellos de contratación de jóvenes, economía naranja, renta exenta de 0% para el sector agroindustrial y las inversiones en hoteles y parques. Por otro lado, 3,9 billones provendrán del descuento en el ICA a las empresas que queda en el 50% y 1,9 billones anuales provendrán de la austeridad en el gasto público.
Para lograr esto último, el Estado limitará el crecimiento de la burocracia y los gastos del Gobierno; se restringirán los cambios en la planta de personal; se congelarán las vacantes y se limitarán los gastos en bienes y servicios. Se ahorrará un 50% en gastos de viáticos, papelería, publicidad, vehículos y combustibles, en un período de 10 años. No se renovarán planes de telefonía móvil, internet y datos. Habrá un control estricto en gastos de arrendamiento, se promoverá el teletrabajo y los eventos virtuales. Se racionalizarán los esquemas de seguridad y sólo se mantendrán los contratos de prestación de servicios prioritarios para el funcionamiento de las entidades.
Adicionalmente, 2,7 billones se recaudarán con medidas contra la evasión de impuestos. Estas medidas incluyen la transformación de la factura electrónica y la expedición del RUT a los evasores que no tienen este registro, a quienes les llegará la declaración de renta, tal como llegan las cuentas como el impuesto predial. También se aplicará la georreferenciación para determinar el valor real de las ventas de los inmuebles. Se complementarán muchas de las medidas que ya está aplicando la DIAN en materia de fiscalización como la determinación de proveedores ficticios, listado de paraísos fiscales, control a deducciones y descuentos, control a entidades sin ánimo de lucro, intercambio de información y fiscalización internacional.
Otras dos medidas adicionales de la reforma, que serán temporales y contribuirán también al recaudo serán la sobretasa al sector financiero de 3 puntos porcentuales hasta el 2025 y la normalización tributaria, vital para normalizar los capitales colombianos en el exterior. Ya son más de 110 jurisdicciones que cooperan con la DIAN. En el 2021 se haría un anticipo del 50% que se terminaría de pagar en el 2022.
La reforma también contará con algunos instrumentos que harán posible la reactivación económica como tres días sin IVA al año para las compras electrónicas y beneficios para las entidades territoriales tales como financiación hasta el 50% del déficit operacional derivado de la pandemia, de Sistemas Integrados de Transporte Masivo; así como la extensión de los créditos de tesorería y los cupos de endeudamiento.
Con el dinero que se recaudará con esta reforma el Gobierno Nacional espera cumplir con cuatro metas en particular. La primera, el ingreso solidario, entre el 2021 y 2022 se invertirán 8,7 billones de pesos; se ampliará la ayuda de $160.000 mil pesos, a 200 mil familias más. Se busca reducir los niveles de pobreza de 42,5% a 34,2%. En total, se beneficiarán 3,3 millones de hogares, equivalentes a 9,8 millones de personas. La segunda meta, la creación de nuevos empleos para jóvenes y el resto de la población. Se dará un subsidio de un 25% de un salario mínimo para jóvenes entre 18 y 28 años, no necesariamente en su primer empleo. Se espera beneficiar cerca de 188 mil jóvenes y reducir el desempleo juvenil de 23,9 en pandemia a 15,8%. También se dará un subsidio para el resto de la población, equivalente al 10 % de un salario mínimo, se espera que se beneficien 271 mil personas. Ambos subsidios permitirán recuperar aproximadamente 500.000 empleos y llegar al nivel de desempleo que habían antes de la pandemia. El programa costará $236 mil millones en el 2021 y $573 mil millones en el 2022.
La tercera, el apoyo a la nómina PAEF, se ampliará el programa concebido para la micro y pequeña empresa, a las personas naturales que tengan desde 2 empleados. Se extenderá la ayuda hasta diciembre de 2021, beneficiando 400.000 empleos y a 55.000 mil empleadores. El programa costará 1,1 billones. La cuarta meta, matrícula cero, se destinarán más recursos para dar matrícula cero a 695 mil estudiantes de pregrado de las instituciones de educación superior pública, en condiciones de vulnerabilidad socio económica. El programa costará 700 mil millones por año.
Con lo propuesto en la reforma, se lograría beneficiar a cerca de 11,6 millones de colombianos. Si se suman los programas de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Devolución del IVA y Colombia Mayor se cubren aproximadamente 25 millones de colombianos, que es aproximadamente la mitad de la población de nuestro país.
Es urgente entonces, que el Gobierno pueda tramitar rápidamente la aprobación de esta nueva propuesta de reforma tributaria, que hará tránsito en las comisiones terceras y cuartas conjuntas del Congreso y luego será presentada a las plenarias para su aprobación. Sin embargo, aunque la nueva reforma haya sido previamente concertada con los diferentes actores, esto no garantiza que su tránsito y aprobación vaya a ser fácil, pues los partidos de la oposición ya han empezado a criticarla y se avecinan fuertes debates en el Legislativo. Espero que el Gobierno pueda sacarla adelante, pues es una reforma muy necesaria con miras a proteger a los más pobres, fomentar la inversión social, generar empleo, proteger las finanzas públicas, luchar contra los evasores y generar un ambiente propicio para la reactivación de la economía, tan golpeada por esta pandemia. En todo caso, no debemos olvidar que de nada sirven estas reformas si los índices de corrupción en el país se mantienen tal y como están y no acciones concretas dirigidas a atender esta problemática, sobre la cual me referiré en futuras columnas.
Julio 21 de 2021