En el caso colombiano, resulta llamativa la forma en la que la prohibición del porte y consumo de sustancias estupefacientes se encuentra consagrada a nivel constitucional. Esto conlleva a que, al interior del ordenamiento jurídico colombiano, ningún elemento normativo de menor jerarquía (ley, decreto, resolución, ordenanza, acuerdo, etc.) pueda contrariar esta prohibición. Frente a la referenciada prohibición, debe destacarse el proyecto de acto legislativo (proyecto de reforma de la constitución) No. 33 de 2022, el cual propone excluir de la prohibición, el uso del cannabis y sus derivados por parte de los mayores de edad. Contra todo pronóstico, el proyecto acaba de superar el cuarto de ocho debates, acercándonos cade vez más, a la “legalización” del cannabis.
A estas alturas, han sido muchas las críticas y las preocupaciones que se han planteado en torno a la referenciada iniciativa y a sus posibles efectos en la sociedad. Para quienes tienen estas preocupaciones, me gustaría traer al debate las siguientes consideraciones: (i). A diario, tenemos la posibilidad de comprar, comercializar y consumir sustancias y productos que además de adictivos, han generado estragos en nuestra sociedad. Hago a referencia a sustancias como el azúcar, la nicotina y el alcohol; (ii). A pesar de tener certeza científica sobre los efectos dañinos (e incluso mortales) de estas sustancias sobre nuestra salud, poco o nada hacemos para su prohibición y estricta regulación; (iii). Para un menor de edad colombiano no resulta muy difícil poder acceder a alguna de estas sustancias; (iv). A pesar de los años, recursos, vidas y plomo que se han gastado en la lucha contra las drogas, lo único que se ha logrado, es que los precios se mantengan; y (v). A nivel internacional, siempre he considerado que existe una postura hipócrita en materia de drogas, pues los países que nos señalan con su dedo inquisidor, son los principales consumidores y los pioneros en la legalización de algunas sustancias en sus propios territorios.
Considero que Colombia tiene una valiosa oportunidad para convertir al cannabis, en un vector de desarrollo de otros sectores como el farmacéutico, turístico, hotelero, gastronómico y agrícola, entre otros, sin mencionar los beneficios tributarios y laborales que se podrían derivar de esta nueva industria.