En días pasados el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, abrió una polémica al manifestar que los acuerdos de paz de La Habana no requieren de refrendación popular. Su formación de jurista y condición de exmagistrado de la Corte Constitucional, muy seguramente lo llevaron a formular esa recomendación. Como abogada, considero que jurídicamente puede que sea así, de hecho, en el pasado los acuerdos de paz con el M 19 no requirieron ningún tipo de confirmación.
Sin embargo, las ngeociaciones de Cuba, de llegar a concretarse en su totalidad, necesitarán toda una maraña de normas jurídicas, que implican desde reformas constitucionales, leyes de la república y decisiones administrativas, para darle la legalidad al proceso. La refrendación popular es su legitimidad, el respaldo ciudadano, lo que en un estado democrático es indispensable y fundamental. Por ello, una cosa es la cuestión jurídica y otra bien distinta la política. Pueda que jurídicamente no sea necesario, pero políticamente sí, entre otras, para que la paz sea estable, incluyente y duradera.
Hay quienes dicen que la consulta al pueblo sobre la paz ya se hizo con la relección presidencial; no obstante, lo que se evidenció es que el país está dividido sobre el tema, y hay muchas reservas sobre la volutad real de la guerrilla. Particularmente en nuestro departamento, donde hemos sido víctimas del secuestro y la extorsión. El descontento popular fue evidente en las urnas. Por ello, en aras de la claridad y la trasparencia de dichos acuerdos es indispensable que pacen por el tamiz popular.
Es cierto que la refrendación popular no es fácil. Un referendo sería demasiado extenso y complejo, con muchas preguntas de difícil digestión intelectual. Una Asamblea Nacional Constituyente (iniciativa de las Farc) sería como perder todos los acuerdos ya logrados en la mesa y exponerse a que temas centrales de la Constitución, no sujetos a la negociación, puedan ser abiertos, en razón a que una vez convocado dicho cuerpo constituyente puede ser considerado sin límites (así sucedió con la Constituyente de 1991, que por fortuna lo hizo bien). Nos queda entonces el mecanismo de la consulta popular, que tiene el riesgo de convertirse en un simple SI o NO, o en un debate maniqueo de quiénes quieren la paz y quiénes la guerra (toda una obviedad).
Yo quiero la paz, pero una paz con justicia y dignidad para el azotado pueblo colombiano. Habrá que encontrar una fórmula, para seguir contruyendo progreso y esperanza para el Huila, que es nuestro otro gran empeño.