Por: Germán Palomo García.
El Consejo de Estado acaba de tumbar un concepto de la DIAN del año 2005 que concedía exención tributaria a las compañías mineras consistente en descontar de la base para liquidar el impuesto de renta los pagos que hiciera la industria de extracción minera privada por regalías. Con esto se pone fin a un injusto beneficio a las empresas trasnacionales.
Lo sorprendente es que, según el Estatuto Tributario, solo las empresas públicas puedan descontar los pagos de las regalías pero la DIAN extendió el beneficio a las empresas privadas que explotan recursos naturales no renovables, lo que significó que estas se quedaran entre 2005 y 2015 con 13,1 billones de pesos que debieron ir al Presupuesto General de la Nación, según análisis del senador Jorge Robledo, coautor de la demanda que provocó la decisión del Consejo de Estado.
El argumento es simple: Si las regalías fueran descontables de la base del impuesto sobre la renta, las empresas no estaría otorgando ninguna regalía sino que esta provendría del propio Estado, supuestamente el receptor de las mismas. Las regalías, en esencia, es una compensación que reconocen las empresas extractoras de los recursos naturales no renovables al Estado, propietario del subsuelo, y son, por decirlo de otra manera, la inversión inicial que esas empresas hacen por explotar los recursos.
Es como si el Estado tuviera que devolverles la inversión en exploración cuando esta no resulta exitosa, lo cual ocurre con frecuencia. Desde el punto de vista financiero, en los estados de resultados de esas compañías las regalías son una inversión no deducible y recuperable solo por el resultado del negocio y no por cuenta del Estado.
Seguramente, la exención a las empresas públicas, léase Ecopetrol, es la que motivó la extensión del beneficio por la DIAN a favor de las empresas privadas.
Recuerdo la gran lucha de las multinacionales contra TERPEL cuando era propiedad de Ecopetrol. Desde el slogan “Compra colombiano”, la estrategia comercial fue rotundamente atacada por las multinacionales con el argumento de que ellas también empleaban personal colombiano, compraban combustible refinado por Ecopetrol y pagaban impuesto como cualquier otra empresa, además de que la inversión extranjera está considerada en la legislación colombiana.
Este es el problema de no otorgar un mismo trato en el mercado. En este caso, al no otorgarse la exención a las empresas públicas sería sacar de un mismo bolsillo para guardar en otro y el mercado sería más transparente. Pero esto no justifica que las regalías que han recibido departamentos y municipios hayan sido por cuenta del Estado y no por las petroleras y mineras. ¿Cómo nadie lo había notado?
