Un sobrecosto estimado en $7.833.4 millones fue descubierto en el programa de alimentación escolar Un sobrecosto estimado en $7.833.4 millones fue descubierto en el programa de alimentación escolar para frenar la alta deserción en los colegios públicos. Con este programa, adjudicado a dedo, se pagaban hasta los sueldos de los directivos, Ricardo Areiza LA NACIÓN, Neiva El programa de restaurantes escolares, realizado el año pasado por la Gobernación del Huila y el Comité Departamental de Cafeteros se ejecutó violando expresas normas contractuales, permitiendo la tercerización con operadores particulares, generando millonarios sobrecostos, evasión de impuestos y en muchos casos, mala calidad del servicio. Y lo más grave, con recursos de regalías, destinados a financiar la alimentación escolar, se pagaron como gastos administrativos, salarios a directivos de nómina del Comité de Cafeteros. Los estudios previos fueron diseñados para favorecer a los contratistas, sin consultar otros precios del mercado, o por lo menos direccionado a favorecer a los contratistas cercanos al entonces mandatario seccional. La interventoría se realizó extemporáneamente y con sobrecostos. Asimismo hubo duplicidad de funciones lo que terminó incrementando los costos por ración. El proyecto de alimentación escolar se implementó desde el año 2002 como una estrategia para garantizar el acceso y la permanencia de estudiantes de preescolar, básica y media en los colegios públicos del Huila y enfrentar los altos niveles de deserción escolar. Durante el pasado gobierno departamental el programa se adjudicó por convenio directo con el Comité Departamental de Cafeteros del Huila y no por licitación pública como se realizó en años precedentes, poniendo en tela de juicio la transparencia del proceso, seriamente cuestionado por docentes, estudiantes y padres de familia, como lo denunció LA NACIÓN el año pasado. Según el organismo de control se constató un inadecuado manejo de los recursos de regalías al derivarse un presunto sobrecosto en la contratación de restaurantes escolares por $7.833.4 millones, al incluirse gastos de administración y otros ítems, que encarecieron el valor de la ración contratada. El programa El proyecto se desarrollo a través del convenio No. 009 de 2011 por $28.185 millones el 14 de febrero de 2011, celebrado entre el gobernador Luis Jorge Pajarito Sánchez y el director del Comité Departamental de Cafeteros, Héctor Falla Puentes. Además, en este mismo convenio se incorporó a Pitalito con un aporte de $500 millones de pesos. Según el documento, la Gobernación aportaba $26.925 millones y el Comité de Cafeteros $100 millones en efectivo y en bienes y servicios $660 millones atendiendo 91.480 cupos educativos. Al término de la vigencia de 2011 sólo se ejecutaron $24.925 millones. Los pagos realizados ascendieron a $23.484 millones y se constituyó una cuenta por pagar por $ 1.440 millones. Sin póliza Mediante Orden de Pago No. 1067 el 17 de marzo de 2011el gobierno departamental le realizó un giro inicial por $6.731.2 millones, equivalente al 25%, sin ninguna póliza de garantía que amparara la entrega de estos recursos a título de anticipo, a una entidad de régimen privado. Este hecho, según el organismo de control, puso en riesgo el manejo de los recursos públicos, y podría tipificarse como ejecución de contratos sin el lleno de requisitos establecidos, sancionable penalmente. Sobrecostos Según el polémico convenio 09 de 2011 la Gobernación del Huila fijó en $1.894,79 el valor de la ración diaria de alimentos por (ver gráficos adjuntos), incluyendo el costo diario por ración, más el pago de salarios y prestaciones sociales a manipuladoras, aseo, servicios públicos, acarreo, pendones, capacitación y bitácora. Igualmente se incorporaba otros gastos por equipo de seguridad, botiquín, fumigación y reposición de menaje. También se incorporaron gastos de administración del 8,6% (gastos de personal, transporte, papelería, fotocopias, servicios públicos, capacitación publicidad, póliza gacetas y otros). Estos elementos elevaban los costos y desmejoraban la calidad de las raciones. El operador recibía neto por ración diaria $ 1.717,29, cifra considerada excesiva si se compara con los mismos costos que pagó, por idéntico servicio y según las minutas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esta última entidad canceló en 2011 por ración alimentaria la suma de $1.298, incluyendo los gastos de administración. “Estas entidades convergen en la prestación del servicio, en tiempo, modo, lugar y la minuta patrón de alimentación escolar, presentando una diferencia de $596,79 y de acuerdo al número de raciones suministradas en la vigencia las cuales ascienden a 13.125.924, resulta un presunto sobrecosto de $7.833.4 millones, lo que genera un presunto detrimento al patrimonio público”, explicó el investigador Edgar Sánchez Espinoza, quien ejerce como Gerente encargado. Proceso direccionado Pero no solo esto. Los contratistas finales con quienes se tercerizó la prestación del servicio se hizo a dedo, violando las normas básicas de contratación estatal. A juicio del organismo de control, los estudios previos, básicos para contratar el servicio, fueron diseñados para favorecer a los contratistas finales. “Los estudios previos registran condiciones operativas y administrativas que únicamente las puede cumplir el proponente ganador; con lo cual, presuntamente se estaría direccionando a favor de un determinado contratista”, explicó Sánchez. Según el dictamen fiscal, el proceso no cumplió con los principios de publicidad y transparencia; no se realizó una comparación con los precios de mercado a diferentes proponentes, lo que genera riesgo en la inversión de los recursos de regalías. ¿Pagos ilegales? Sin estar facultados para ello, el Comité Departamental de Cafeteros sufragó como gastos de inversión el pago de personal de planta, tanto del nivel directivo, profesional, administrativo como contratistas, que corresponden a gastos de nómina de dicha entidad. Estos gastos, según el investigador Edgar Sánchez, no podían ser cubiertos con recursos de regalías directas, toda vez que estas son de destinación especifica. Estas deficiencias en materia de planeación, seguimiento y control, determinaron altos riesgos en la ejecución y mayores costos para el ente territorial. Pero también generó una presunta desviación de recursos de regalías a gastos de funcionamiento en cuantía estimada de $1.590 millones. El actual director ejecutivo del Comité de Cafeteros recibió pagos por $42,6 millones mientras que el Director Administrativo y Financiero recibió sin merecerlos, pagos por $25.1 millones, los cuales no están contemplados dentro de los gastos operativos y técnicos del convenio, que hacen parte de la propuesta de costos. El director de la entidad Héctor Falla Puentes, en principio, desmintió ese reporte, pero advirtió que no se pronunciará hasta conocer en detalle el reporte fiscal. No obstante, aseguró que no se pueden comparar los gastos administrativos con los de otras entidades. Interventoría La interventoría técnica realizada por la Universidad Agraria de Colombia según contrato No. 270 se contrató por $1.409.2 millones por encima de lo inicialmente contemplado. El programa de restaurantes escolares, según el proyecto radicado en el Banco de Proyectos, contemplaba una interventoría técnica por $690 millones de pesos. Sin embargo la administración departamental ejecutó el contrato de Consultoría e Interventoría No. 270 de 2011 por $1.409.2 millones, sobreestimando lo programado en un 104% sin ninguna justificación, denotando fallas en la planeación y gestión contractual, lo que conlleva a una inadecuada ejecución de los recursos públicos. Aunque el convenio comenzó a ejecutarse el 14 de febrero de 2011, la Interventoría solo operó 33 días después, generando inseguridad en la inversión de los recursos de regalías, incumpliendo los términos del contrato. Tercerización En el proceso contractual se evidenció una presunta intermediación en la prestación del servicio de restaurantes escolares con recursos de regalías, para evadir la licitación pública. La Gobernación del Huila contrató directamente con el Comité Departamental de Cafeteros del Huila, organismo que no cuenta con la capacidad técnica para ejecutar el objeto del convenio. Según la evaluación fiscal, el objeto social como entidad sin ánimo de lucro es propender por una industria cafetera eficiente. Lo que ocasionó que se subcontratara con ocho operadores particulares para ejecutar el proyecto. Operadores Los operadores contratados por el Comité Departamental de Cafeteros, según los certificados de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio no cumplen con capacidad financiera y muchas tenían objetos distintos al suministro de alimentos. Entre ellas figuran la Fundación Niñez, Mujer y Familia; Asociación de voluntarios para el servicio social (Avoss), Asesorías y suministros de Colombia (Asecol), Outsorsing del Huila Ltda y la Fundación Ecológica y Social La Esperanza, las cuales registran un patrimonio que oscila entre uno y 100 millones de pesos poniendo en riesgo los recursos públicos ya que las contrataciones superaron los $3.000 millones por cada operador. Pero no sólo eso. Los operadores subcontrataron con particulares, quienes finalmente terminaron prestando el servicio con los consiguientes sobrecostos y demás irregularidades. Un particular manejó 9.854 raciones en los colegios de La Plata (7.752), y La Argentina (2.132).En Pitalito, otro particular manejó las 12.002 raciones en instituciones de Pitalito. Igualmente figuran C.I. Colombian Food Ltda, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, fue constituida en el 2004, registra un capital de tres millones de pesos y presta múltiples servicios, suministros médicos, incorporación de desplazados, desmovilizados y reinsertados en asuntos agrícolas y desayunos escolares. En el Huila suministró 16.658 raciones en los colegios públicos de Gigante, Elías, Isnos, Oporapa, Saladoblanco, San Agustín y Timaná. La firma Outsorsing del Huila Ltda tiene sede en Bogotá con un capital de 10 millones. Suministró 11.562 raciones raciones a colegios de Algeciras, Hobo, Aipe, Baraya, Campoalegre, Colombia, Rivera, Tello y Villavieja. En los informes de interventoría conocidos por LA NACIÓN no existe seguimiento al pago de parafiscales por cada operador y de su personal a cargo, ni a las planillas que soporten dichos pagos, a excepción de la Fundación Niñez y Mujer, lo que ocasiona una evasión al erario público y posibles litigios y demandas. Se trasladará al Ministerio de Trabajo. Condiciones sanitarias En las muestras microbiológicas que tomó la Interventoría a los alimentos en 18 instituciones educativas de los de Algeciras, Garzón, Rivera, Acevedo, Campoalegre, Tesalia, Timaná, Baraya y Altamira se encontraron graves deficiencias sanitarias que puso en riesgo la salud de los menores. En los parámetros de mesófilos, hongos y levaduras, el diagnóstico no fue aceptable. La interventoría detectó falta de limpieza y desinfección en frutas y verduras, regular vida útil de las materias primas y condiciones de almacenamiento, utilización de utensilios de madera, preparación del jugo con agua sin hervir, e infraestructura en mal estado, en algunos casos. Doble supervisión Adicionalmente hubo duplicidad de funciones, incrementando los costos, evitando la ampliación de las raciones escolares. Los reportes de supervisión, se limitaron a realizar un resumen del informe presentado por el ejecutor, sin ningún análisis sobre el avance del contrato, ni los requerimientos efectuados por el ejecutor para lograr el cumplimiento del objeto contractual, lo que demuestra deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento. Y para más sorpresas. Los documentos con la información financiera y técnica no aparecieron. Tampoco los soportes de pagos ejecutados, ni los contratos, ni los extractos bancarios ni el libro auxiliar, donde se evidencie que dichos pagos se realizaron a través de la cuenta bancaria del convenio. Según el auditor, la información que presentaron las partes fue parcial, incompleta y extemporánea, limitando el alcance de la auditoría. En varios casos el mismo Comité de Cafeteros se negó a entregar la información requerida, lo que originó un proceso sancionatorio contra los responsables. También contra la Gobernación. Evaluación final La evaluación fiscal fue desfavorable. La Contraloría determinó una calificación de 44.0, debido a fallas en los procesos de elaboración de estudios previos, en la falta de transparencia en la selección de los proponentes, en las deficiencias en la supervisión e interventoría. Según Leonardo Arbeláez Lamus, contralor Delegado Minas y Energía se detectaron 15 hallazgos administrativos, de los cuales uno con alcance fiscal; en cuantía de $7.833.4 millones, siete tienen alcance disciplinario; dos con posible incidencia penal y dos de carácter sancionatorio, los cuales serán trasladados ante la autoridad competente. Los hallazgos penales y disciplinarios fueron enviados a la Fiscalía y a la Procuraduría para que adelanten las investigaciones del caso. La Contraloría inició el juicio fiscal para asegurar el reintegro de los recursos que se cuantificaron como detrimento patrimonial y comprometería en principio al ex gobernador Luis Jorge Sánchez, al director del Comité de Cafeteros, Héctor Falla Puentes y a una funcionaria encargada de realizar los presupuestos y estudios previos. El programa de restaurantes escolares generó polémica por la mala calidad de los suministros, como lo detectó LA NACIÓN. Las irregularidades en la administración, terminaron disparando los costos por ración.