Las medidas urgentes para enfrentar los riesgos y amenazas en los corregimientos de Vegalarga y Anacleto García no han dado los resultados esperados por la pandemia. El Juez Tito Rubiano le aplicó de nuevo las vacunas para reactivarlo.
RICARDO AREIZA
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Cinco años después de su refrendación oficial, el pacto de cumplimiento para enfrentar las graves amenazas de remoción en masa en los corregimientos de Vegalarga en Neiva y Anacleto García en Tello, sigue el congelador. El plan de acción, la ruta de las soluciones, está en el aire.
Las obras de mitigación, acordadas como una prioridad están paralizadas. El primer reasentamiento de las viviendas en zonas de peligro permanece en confinamiento obligatorio. Las inversiones proyectadas permanecen sala de espera y los avances precarios en cuidados intensivos.
Por los efectos de la pandemia la financiación del plan de acción quedó en cuarentena y el plan de acción con tapabocas.
El plan de acción para mitigar las eventuales amenazas de avenidas torrenciales en los dos corregimientos, se suspendió por la emergencia sanitaria. La pandemia puso en cuarentena obligatoria el nuevo cronograma, diseñado en abril de 2020, en la actual administración.
Alertas tempranas
El único avance notorio es el Sistema de Alertas Tempranas instalado a finales del 2019 en la cuenca del río Fortalecillas. Costó 104 millones. Neiva aportó 54 millones de pesos y Tello los otros 50 millones.
“El sistema de está operando con tres estaciones de monitoreo en tiempo real. Dos en Vegalarga y una en Anacleto García”, confirmó el director de Gestión del Riesgo Armando Cabrera. El problema es ahora el contrato de operación.
En cuarentena
El proyecto original contemplaba el reasentamiento parcial de las viviendas en alto riesgo no mitigable; la reubicación definitiva y construcción de una nueva sede del colegio ‘Roberto Durán Alvira’, ubicado en una zona de riesgo inminente.
Estaba contemplado también la reubicación del centro de salud, la ejecución de obras de mitigación, mejoramiento vías, ampliación de servicios públicos y el funcionamiento de un sistema de alertas tempranas. Adicionalmente, se incorporó la construcción de la casa cural, la iglesia y la estación de Policía.
Entre las obras de mitigación figuran cinco muros de concreto reforzado, canales recolectores en concreto y filtros con material filtrante, así como obras de protección y estabilización. Ninguna de estas obras se ha ejecutado.
Las medidas de urgencia fueron ordenadas en abril de 2017 por el juez Séptimo Administrativo de Neiva, Tito Alejandro Rubiano Herrera en el trámite de una acción popular instaurada por la Defensoría del Pueblo en el 2011.
Retraso
El plan de acción debía ejecutarse en 22 meses a partir del primero de junio de 2018. Ese plazo venció con pocos avances el 9 de abril de 2019.
El juez amplió el plazo por otros 27 meses para la ejecución de las actividades previstas en el modificado plan de acción. Desde el 23 de septiembre de 2019, cuando se aprobaron los ajustes han transcurrido dos años y siete meses y los avances no son los esperados, además, seriamente impactados por la pandemia. Ahora tendrá que actualizarse.
La evaluación fue realizada el miércoles pasado en una audiencia mixta de verificación realizada de manera presencial, con apoyo tecnológico y conexión a través de una plataforma digital.
La audiencia presencial, la primera que se realiza de manera presencial en el Palacio de Justicia de Neiva, con el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad.
Inversiones
El pacto de cumplimiento, tal como fue aprobado, representaba inversiones iniciales de 25.938 millones de pesos, cifra que tendrá que revaluarse.
El plan contemplaba la construcción de un nuevo colegio, otro centro de salud, obras de mitigación, mejoramiento vías, servicios públicos y alertas tempranas, en funcionamiento.
Para cumplir el plan de acción para Vegalarga, las inversiones ascendían a 14.370 millones de pesos.
El costo del proyecto para el centro poblado de Anacleto García (Tello) fue estimado en 10.568 millones de pesos. La Alcaldía solamente comprometió 100 millones para comenzar y 200 millones de pesos adicionales que asignó la Gobernación. Parte de esos recursos se destinaron para financiar las alertas tempranas, en pleno funcionamiento y el nuevo estudio técnico de vulnerabilidad.
Además, por los efectos de la pandemia la financiación del plan de acción quedó con tapabocas y sin vacunas.
Reubicación
El plan de acción para Vegalarga, diseñado conjuntamente con el despacho judicial contemplaba la reubicación de 72 de las 132 viviendas en la zona de riego no mitigable.
Las otras 42 viviendas clasificadas en riesgo alto mitigable podrían permanecer en sus sitios pero requieren obras de infraestructura que sirvan para mitigar o reducir el riesgo potencial que eventualmente se pueda presentar por fenómenos de remoción en masa o inundaciones de gran magnitud.
Otras 36 viviendas ubicadas en riesgo medio requerirían obras de mitigación o acciones no estructurales, como aplicación de la norma sismo resistente, uso adecuado del suelo en las laderas, reforestación, manejo de aguas de escorrentía y alcantarillados.
En el centro poblado de Anacleto García en Tello, al otro lado del río Fortalecillas, 158 viviendas estaban en riesgo no mitigable. De éstas 42 debían ser reubicadas. El resto requerían obras de mitigación. Sin embargo, con un nuevo estudio, no avalado por la CAM, la Alcaldía de Tello se inclinó por las obras de mitigación, que pueden ser más costosas.
El plan de acción sigue nadando en un remolino de incertidumbre. Después de dos años de inactividad tendrá que revisarse y adoptarse un nuevo cronograma, con mesas técnicas puntuales, anunció el juez Tito Rubiano.
Nuevo colegio
La acción popular ordenó la reubicación definitiva del colegio Roberto Durán Alvira, porque la sede central está ubicada en una zona de alto riesgo.
El proyecto costará 3.500 millones de pesos. El Fondo Territorial de Gestión del Riesgo aprobó a finales del 2019, en l administración de Rodrigo Lara, 600 millones de pesos recursos para la adquisición del terreno que cumpla con los estudios de vulnerabilidad. Sin embargo, quedó en cero.
La financiación tendrá que gestionarse ante el Ministerio de Educación, por ahora en retirada. Sin esperanzas.
Cierre vigente
La sede central fue cerrada en octubre de 2019, atendiendo una orden perentoria proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva, por las amenazas naturales, acrecentadas por la temporada invernal. El juez ratificó la medida cautelar. Sin embargo, no descartó la posibilidad de revisarla si estudios técnicos lo respaldan.
Según el mapa de riesgo, el colegio está localizado en una zona de amenaza alta por fenómenos de remoción en masa. Además, reporta una alta amenaza sísmica por actividad del sistema de falla del borde llanero (sistema de falla Garzón- Algeciras y Rivera-Baraya).
El nuevo estudio realizado por geólogos de la CAM, requerido por el despacho judicial, estimó que las laderas de influencia directa a la institución educativa, con un área aproximada es de 4.000 metros cuadrados, está conformadas por rocas ígneas que se encuentran altamente meteorizadas formando regolitos, susceptibles a presentar fenómenos de remoción en masa de tipo planar.
“Los desplazamientos de masa de suelo en las laderas poseen una gran extensión de recorrido, con una mayor probabilidad de depositar material procedente del proceso sobre la institución al pie de la ladera”, confirmaron los expertos.
Pico y placa
En estas condiciones, los 135 estudiantes, matriculados en las cinco sedes en jornada única fueron reubicados y desde entonces no todos retornaron a la institución. Tenía 276 alumnos, la mitad no regresó.
Primero se aplicó el ‘pico y placa’ para rotarse los salones arrendados en casas de familia. Luego se contrataron aulas provisionales (contenedores adaptados) que no fueron funcionales en medio de la pandemia. Según el reporte del rector, estas aulas adquiridas durante la anterior administración “fueron vandalizadas por la comunidad”.
El rector de la institución reportó que estas aulas móviles, carecían de baterías sanitarias, lo que afectó el desarrollo académico, en un escenario de alternancia.
La solución, según el secretario de Educación, José Paul Azuero, fue trasladar los alumnos a la sede de primaria, rebautizada ahora como sede central. En esa sede, alternan estudiantes de primeria con los de bachillerato y se alternan las horas de recreo. ¡Un hacinamiento total!
A pesar de las amenazas, y el alto riesgo en que se encuentra la institución, la administración municipal, decidió adelantar algunas obras de mitigación, como la construcción de un muro, pegado a la ladera, en la parte trasera de la sede educativa que costaría 376 millones de pesos.
Además, se aprobaron obras de adecuación en las demás sedes de Ahuyamales, El Cedral, ‘Piedramarcada’ y El Colegio por un valor de 222 millones de pesos. Sin embargo, no se ejecutaron.
Por su parte, Elkin Trujillo, coordinador del proyecto, anunció que se adelantan gestiones para la adquisición del predio, en la ladera, atrás del colegio para adelantar las obras de estabilización.
Recientemente, un nuevo talud se precipitó en la parte trasera de la sede principal. “Solo fue capa vegetal, no material rocoso”, aclaró un docente, restándole importancia a la grave advertencia.
Aun así, persisten en regresar a la sede. “Tenemos un concepto que nos indica que el colegio no está en riesgo, lo que nos facilitaría la reapertura del colegio”, anunció el rector encargado.
Sin embargo, esas obras no estaban contempladas en el plan de acción, y, por lo tanto, no se ajustan al pacto de cumplimiento y a las acciones determinadas por el despacho judicial. Tampoco la construcción de un muro para regresar al colegio.
“La orden que se impartió en el momento es la reubicación del colegio, en alto riesgo por las amenazas de remoción en masa, ya advertidas, que no son mitigables”, explicó el juez Tito Alejandro Rubiano.
“Por ahora, las medidas cautelares, están vigentes y no es posible pensar en la reapertura del establecimiento”, insistió el togado.
En su opinión, el muro de contención que se proyecta no servirá para contener una remoción en masa de gran magnitud.
La institución educativa, según el mapa de amenazas, corresponde a un elemento vulnerable que enfrenta amenazas por erosión, sismos o fenómenos de remoción en masa.
Por lo tanto, el riesgo para esta institución es alto no mitigable, según el estudio Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo elaborado por la CAM, cuyo diagnóstico sigue vigente y no ha sido revaluado.
