Después de haber permanecido año y medio paralizado, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Neiva, avanzó durante tres días en la preparación del juicio por las lesiones ocasionadas a los diez trabajadores durante el colapso ocurrido en la tribuna occidental.
RICARDO AREIZA
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Con un voluminoso expediente que contiene cerca de 30 mil folios, 102 testigos y mil millones de archivos digitales, la juez Primero Penal del Circuito de Neiva, Socorro Álvarez Meneses reanudó la audiencia preparatoria por la tragedia ocurrida en el estadio ‘Guillermo Plazas Alcid’.
La diligencia prendió motores, luego de un año y seis meses de haber comenzado desde que la Fiscalía les imputó cargos.
Durante tres días seguidos, las partes avanzaron en el descubrimiento de las pruebas que se harán valer en la etapa del juicio oral, pero sólo por lesiones personales culposas ocasionadas por el colapso en la tribuna occidental el 19 de agosto de 2016.
En este caso, solamente responden los contratistas, el equipo interventor y los técnicos encargados de ejecutar la primera etapa del fallido proyecto de remodelación, actualmente paralizada.
Los funcionarios públicos, responsables de la contratación, los estudios previos y la supervisión de las obras, no están vinculados en este proceso. Por estos hechos, el proceso se reanudará a finales de mayo.
El 30 de agosto de 2019 el mismo despacho judicial les precluyó el proceso penal por la muerte de los cuatro operarios por una reparación integral pactada con sus descendientes. Sin embargo ese acuerdo dinerario no incluyó al resto de los sobrevivientes.
A pesar de los esfuerzos adelantados para lograr un acuerdo con los trabajadores lesionados no fue posible y quedó descartado, lo que originó la ruptura procesal y el inicio del proceso por lesiones personales culposas.
Homicidio culposo
El pago de una indemnización económica a los parientes de las víctimas fatales originó la preclusión de la acción penal.
El acuerdo resarcitorio presentado el 30 de agosto de 2019 fue acogido en primera instancia por la juez de conocimiento, argumentando que en este caso, se daban las condiciones para la extinción de la acción penal por indemnización integral.
Este primer acuerdo indemnizatorio fue sellado el 21 de febrero de 2018 entre los contratistas, la aseguradora y los representantes de las víctimas.
La abogada Rosmi Sonia Durán, apoderada del consorcio Estadio 2014, suscribió los contratos de transacción solamente con los familiares de los trabajadores muertos y logró el pago de la indemnización integral, que originó el archivo del proceso penal.
El acuerdo reparatorio fue firmado el 8 de noviembre de 2018 y el 28 de enero de 2019 con los herederos de Wilson Rodríguez Serrato, Edilberto Vélez López, Edison Cabrera Rojas y Ferney Estiven Bolaños, quienes perecieron al desplomarse la pesada estructura en plena fundición.
La indemnización integral es una causal objetiva de extinción de la acción penal contemplada en nuevo Código Penal (Artículo 82).
La terminación anticipada del proceso penal por reparación integral fue respaldada por la Fiscalía, la Procuraduría y los representantes de las víctimas. En este caso no hubo objeciones.
Al verificarse la reparación integral por la muerte de los cuatro trabajadores la funcionaria judicial declaró la extinción de la acción penal por el delito de homicidio culposo imputado a los acusados y, por lo tanto decretó la cesación de procedimiento.
El fiscal Quinto Seccional Farid Eduardo Plata Ramírez, quien formuló la acusación, avaló el acuerdo y respaldó la preclusión por cumplir con todos los requisitos legales.
El funcionario les imputó el 11 de septiembre de 2018 los cargos por homicidio culposo, en calidad de probables coautores, cometido en concurso homogéneo y lesiones personales culposas en concurso heterogéneo, a título de culpa. En el caso de homicidio culposo fueron absueltos los contratistas, el interventor y los encargados de la ejecución de la obra pública.
Lesiones culposas
Aunque los contratistas alegan que se trató de un accidente laboral, los diez sobrevivientes con las secuelas del percance insisten en una indemnización plena, en este caso, por culpa imputable al empleador. Entre ellos figuran Pedro Pablo Arteaga, Ramiro Medina, Héctor Orlando Casallas, Alfonso Arias Rubiano, Carlos Guaraca Gómez, Omar Leonel Forero, José Libardo Paz Medina, John Jairo Guaraca Pulido, Luis Enrique Arismendi Muñoz y Queduín Vargas.
Lo que pasó
El 30 de agosto del 2019 los demandados pidieron la preclusión por reparación integral pactada con dos de los nueve trabajadores lesionados durante el colapso de la estructura.
El acuerdo resarcitorio fue suscrito únicamente con Carlos Guaraca Gómez y Queduín Estiven Vargas Barriero. El primero firmó el contrato de transacción el 3 de noviembre de 2016, mientras que Vargas Barreiro lo hizo el 7 de diciembre de 2018 ante el notario Quinto de Neiva, Eduardo Fierro Manrique.
No obstante, la apoderada de Guaraca Gómez argumentó que su representado fue llevado a la notaría cuando estaba medicado donde firmó el documento de transacción. No era consciente de las consecuencias del negocio jurídico
Aseveró que solamente recibió 13 de los 20 millones de pesos convenidos como indemnización por las lesiones causadas durante el fatal percance.
En la recta final
El proceso entró en la fase final. Sin embargo, no será fácil. La complejidad de las pruebas practicadas y solicitadas, pueden dilatar el desarrollo procesal, impactado además por la congestión judicial.
En esta nueva etapa procesal, las partes avanzan en las estipulaciones y en el descubrimiento que abarca 280 elementos materiales de prueba y evidencias descubiertos por la Fiscalía, cerca de 26 mil folios y 104 testigos. De estos 87 son de la Fiscalía.
Los otros 17 corresponden a testigos solicitados por la defensa durante los tres días de la audiencia preparatoria. Aun así, la diligencia no logró terminarse y continuará la próxima semana. Aun así, se requerirán nuevas audiencias antes de la etapa del juicio, que será igualmente complejo.
Las pruebas solo de la Fiscalía están contenidas en una unidad de almacenamiento con una capacidad de una tera (mil gigabyte) y seis discos compactos adicionales.