Comienza la puja entre el Gobierno Nacional, empresarios y sindicatos alrededor del salario mínimo para el 2021; mientras que para algunos el aumento debería ser cero, las centrales obreras ya tienen una ambiciosa propuesta para presentar ante la Mesa de Concertación Laboral tripartita.
Si la decisión sobre el aumento del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) estuviera solamente en manos de los sindicatos, en el 2021 el monto quedaría en $1.000.000; cifra “totalmente desorbitada, aún en un año normal”, manifestó desde otro ángulo el presidente la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal.
La variación porcentual del mínimo del 2020 frente al 2019 la fijó el Gobierno en 6,00%; un salario mínimo mensual equivale a $877.802, aspirar al $1.000.000 representaría un aumento del 13,9% algo que no se ve desde el 2002 (13,33%).
La puja apenas comienza, pero este año las condiciones con motivo de la pandemia son excepcionalmente distintas a las del 2019, cuando a pesar de las reuniones no hubo consenso y finalmente el Gobierno Nacional tuvo que determinar el porcentaje de incremento mediante decreto.
Lograr un acuerdo en la Mesa de Concertación Laboral tripartita compuesta por el Gobierno Nacional, empresarios y sindicatos, no será fácil, por ende las centrales obreras del país se articularon y dieron a conocer que presentarán una propuesta unificada para que el incremento del salario mínimo del año entrante no esté sustentado en un porcentaje, sino en un monto específico.
“Más que un porcentaje de aumento, vamos hacer énfasis en la cifra de $1 millón para el salario mínimo y de $120.000 de subsidio de transporte”, sentenciaron.
Esa es la propuesta que consensuaron la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), junto con la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC) y la Confederación Democrática de Pensionados (CDP).
De otro lado están los empresarios quienes subrayan que, con el crecimiento negativo del Producto Interno Bruto, la caída del Índice de Precios al Consumidor, y la baja inflación, este año deberán ser “muy prudentes y muy cautelosos con el incremento”, recalcan que “ha sido un año atípico, que requiere analizar muy bien lo que más le conviene al país, no solamente a los empleados que aún están ocupándose, sino también preocuparnos por los desempleados”, dijo el presidente de Fenalco.
No más de 2%
De acuerdo con el economista Germán Palomo, siempre pasa que las centrales obreras empiezan pidiendo un salario mínimo alto simplemente con el ánimo de negociar, “pero no hay un sustento de por qué alto”.
Trajo a colación a cuánto ascendería el costo real de un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente si se tienen en cuenta los parafiscales, dotación, ARL, cotización de pensión, cotización de salud, interés de cesantías, cesantías, prima, vacaciones, y auxilio de transporte.
“Si se establece un $1 millón, sumémosle los parafiscales y demás, que son aproximadamente 52%, es decir que el salario mínimo quedaría cercano al $1.600.000; con esta época de reactivación ningún empresario aceptará ese valor y, por el contrario, se está hablando desde el lado del empresario de un aumento en el salario mínimo acorde con la inflación que estará cercana al 2%, según el Dane”.
Con ese panorama, se espera que la negociación esté alrededor de la tasa de inflación, medidor del costo de vida.
Dijo además el economista que “el gran error” ha sido que cada una de las partes “se sienta en su propia posición y no hay lugar a la negociación, no tienen la flexibilidad necesaria para consensuar un salario mínimo que satisfaga a las partes. Entonces, varias veces le ha tocado al gobierno decidir por el salario mínimo”.
Esto mismo sucedería en el presente año, y “el Gobierno va a estar de lado de los empresarios”, puntualizó.
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Otras peticiones
Las centrales obreras también están pidiendo:
– la definición de renta básica para los millones de familias que carecen de ingresos y empleo Perdurabilidad de un salario mínimo con prioridad a las familias menos favorecidas.
-Un subsidio del gobierno a la nómina de micro, pequeñas y medianas empresas, con restitución de empleos; y el subsidio del gobierno a las mypimes por el valor total de las nóminas y primas.
-Solicitan que se derogue el Decreto 1174 y formalización de empleos, especialmente del sector salud, pues “es un ataque frontal a los trabajadores colombianos, el inicio de una nefasta reforma laboral, pensional y la destrucción del diálogo social que han venido construyendo las organizaciones sindicales de manera tripartita en el escenario de la Comisión Nacional de Concertación. No constituye ninguna solución al problema de la creciente informalidad existente”, manifestaron.