Sancionados ex concejales de Villavieja

La Procuraduría General de La Nación confirmó en segunda instancia una sanción de 30 días a ocho ex concejales del municipio de Colombia (Huila), tras ser hallados culpables de aprobar el presupuesto municipal para la vigencia 2007, estableciendo valores superiores a los permitidos por la ley. LA NACIÓN, NEIVA La Procuraduría General de La Nación confirmó en segunda instancia una sanción de 30 días a ocho ex concejales del municipio de  Colombia (Huila), tras ser hallados culpables de aprobar el presupuesto municipal para la vigencia 2007, estableciendo valores superiores a los permitidos por la ley. La segunda instancia proferida por el ente público regional Huila, sanciona a los señores José Elcid Useche Bustos, Jhon Édinson Torrejano Sandoval, Rubén Montes Quintero, Misael Losada Vanegas, John Eudes Rojas Vargas, Efraín Vanegas Ruíz, Honorio Vanegas Vanegas y Paulino Vanegas Vanegas, quienes actuaban en calidad de concejales del municipio de Villavieja (Huila) para la época de los hechos. Los argumentos Al resolver el recurso de apelación, la Procuraduría Regional del Huila bajo la directriz de Otoniel Parra Trujillo, consideró que los ocho ex concejales aprobaron los acuerdos municipales 019 de 2006 y 005 de 2007, los cuales contrariaban el Artículo 10 de la Ley 617 de 2000, que prevé los montos máximos para la destinación de los gastos de los concejos municipales. Dicho monto para el 2007 alcanzaba los 77’390.100 pesos. Luego de los incrementos a los ingresos corrientes de libre destinación del municipio durante la vigencia 2007, este valor de 77’390.100 pesos podía incrementarse en la suma 1’756.350 pesos, para un total de gastos de funcionamiento de 79’146.450 pesos. No obstante, los disciplinados aprobaron el Acuerdo Municipal 019 de 2006, en que se apropió para gastos de funcionamiento del Concejo Municipal de Villavieja para la vigencia 2007 el valor de 93’899.700 pesos; y el Acuerdo Municipal 005 de 2007, por medio del cual se adicionó para gastos de funcionamiento del Concejo Municipal el valor de 1’542.000 pesos, es decir, un total de 95’441.700 pesos. La conducta fue calificada como falta grave a título de culpa. Explicó la Procuraduría que esta conducta se traduce en el incumplimiento de una norma diseñada expresamente para la racionalización y el ajuste fiscal de los entes territoriales, en aras de que fueran viables administrativa y presupuestalmente.