La polémica por el escándalo de corrupción para la elección de nuevo rector, sigue al rojo vivo. Rodó la primera cabeza. Con total frescura, el decano Leonel Sanoni Charry, reiteró que no piensa renunciar. Todos los estamentos piden su salida.
RICARDO AREIZA
Unidadinvestigativa@lanacion.com.co
La tormenta desatada por los audios de la corrupción, no logró disiparse. Por el contrario, avivó la polémica y generó una verdadera avalancha de indignación entre sus estamentos y entre la sociedad huilense.
Por las escandalosas conversaciones magnetofónicas reveladas hace dos semanas, rodó la primera cabeza, pero siguen incólumes los involucrados y otros funcionarios del equipo que acolitaron y ejecutaron estas prácticas. Hoy siguen en el ojo del huracán.
Intempestivamente, el miércoles 29 de abril, en medio del escándalo, el abogado César Julián Salas Escobar renunció irrevocablemente a su representación en el Consejo Superior.
La decisión fue comunicada ese mismo día al Consejo Superior, argumentando razones personales, entre ellas supuestas amenazas de muerte, por personas indeterminadas. En la misiva no mencionó los polémicos audios, en donde aparece dando instrucciones sobre la “estrategia escalonada” para presionar la elección de su candidata Nidia Guzmán.
En la reunión, aparece el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Leonel Sanoni Charry, la candidata Nidia Guzmán y dos funcionarios de la Usco, de su entera confianza, encargados de hacer cumplir las instrucciones que ellos impartían. Los otros funcionarios no han salido aun al debate público pero han estado vinculados a estas prácticas para presionar el retorno a la conducción del Alma Mater.
“Los cargos los estaban usando para favorecer, presionar, acosar, a docentes para favorecer la campaña de la candidata Nidia Guzmán Durán”, según una denuncia en poder de LA NACIÓN.
Insubsistente
Salas Escobar, funcionario de carrera en el Ministerio de Transporte, llevaba dos periodos como miembro del CSU. El primero fue el 12 de mayo de 2016 y su curul en ese organismo colegiado había sido refrendada el 16 de agosto de 2018, en circunstancias polémicas, que finalmente, le costaron la salida al entonces rector encargado Hipólito Camacho, quien se oponía a su elección.
El escándalo que se volvió viral, generó un inédito movimiento en todos los estamentos de la universidad, exigiendo el retiro de los implicados.
Las múltiples reacciones y pronunciamientos, llegaron a conocimiento de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Salas intentó de explicar su versión sobre los hechos pero no fue atendido. Para salvar su puesto decidió renuncia irrevocablemente al cargo. La dimisión, igualmente sorpresiva, resultó en vano.
Esa misma tarde, el funcionario fue notificado de su anticipado retiro del cargo al que había llegado por un concurso público en julio del año 2009.
El propio Salas confirmó la declaratoria de insubsistencia, sin precisar más detalles del caso. Tampoco quiso dar declaraciones.
El reemplazo
Por tratarse de una renuncia con carácter irrevocable, el Consejo Superior, no tendrá otra alternativa que aceptarla.
Lo reemplazará el contador Javier Felipe Méndez Alarcón, su suplente. El contador público, de Garzón, ya había ocupado esa representación.
Los dos fueron elegidos para un periodo de dos años, el 21 de agosto de 2018, según Resolución 208 de 2018, firmada coincidencialmente por el actual rector encargado, Edwin Trujillo.
No obstante, la decisión se oficializará en los próximos días, en una nueva sesión extraordinaria del Consejo Superior, para examinar este y otras solicitudes formuladas por la comunidad, relacionadas con este escandaloso episodio.
La ‘estrategia’ buscaba también extenderle su periodo, que vence el 20 de agosto de 2020.
No renunciará
Como lo reportó en primicia LA NACIÓN, el decano Leonel Sanoni Charry, el otro personaje comprometido en el direccionamiento de la ‘estrategia escalonada’, anunció que no piensa renuncia a la Decanatura.
A pesar de las múltiples reacciones en su contra, Sanoni anunció que no piensa renuncia. Primero lo ratificó ante el consejo de Facultad. Y luego ante el Consejo Académico, mantuvo esa misma posición, sólo que pidió “ocho días para pensarlo”.
Sanoni, egresado de la misma universidad, fue elegido por el Consejo Superior por un periodo de tres años. El próximo 15 de mayo cumplirá su segundo año.
El 30 de julio de 2019 asumió como miembro del Consejo Superior, en calidad de representante de los Decanos, con la suplencia de Rubén Darío Valbuena, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
“Realmente nuestra universidad es un estado de guerra, donde ya ni las leyes funcionan y da tristeza, da tristeza porque eso es lo que estoy tratando a defender, que la universidad de una manera legal como buen abogado que soy nos permita el trato. Yo les quiero pedir hoy el beneficio de la duda”, argumentó tranquilamente Sanoni.
“Yo estoy tachando eso de espurio, la autenticidad, la veracidad y la legalidad de lo que se dice en los medios”, concluyó, pidiendo que sean los órganos de control los que determinen la autenticidad de esos audios, cuya existencia nunca negó.
Dura réplica
“No Señor Sanoni. Es la ética. No puede un decano de la facultad de derecho escabullir su responsabilidad en vericuetos legales, para esconder sus acciones carentes de ética. Usted está obligado a comportarse con los más altos valores que reclamamos los huilenses a quienes dirigen nuestra universidad”, le respondió el abogado Jorge Fernando Perdomo
“Sanoni, -añadió- cuando es llamado a la decencia por sus pares del Consejo de la Facultad de Derecho, quienes le pidieron la renuncia, parodiando la frase tristemente célebre ‘aquí estoy y aquí me quedo’, con una argumentación leguleya, construye una defensa centrada en la vacuidad de la responsabilidad legal al tachar de ‘espurios’ los audios que delataron su propósito torticero, del cual también es coparticipe la aspirante a la rectoría señora Nidia Guzmán”.
La tormenta
La revelación de los audios, desató una verdadera tormenta, de todos los estamentos, colectivos y líderes de opinión, reclamando el retiro de todos los funcionarios involucrados en esta manguala.
Los docentes del programa de derecho expresaron su indignación por estas “conductas y prácticas sistemáticas de anulación y persecución al cuerpo docente y como los otros entes reclamaron el retiro de los implicados.
El documento está firmado por los 28 docentes, 14 de planta y 14 catedráticos luego de una Asamblea General Multiestamentaria de Facultad, en la que participaron más de 300 personas entre estudiantes, docentes, egresados y personal administrativo.
“En dicho escenario el funcionario no negó su participación en los audios, limitándose a esbozar evasivas y plantear la ilegalidad de los audios calificándolos de espurios, en un tono grosero, atacando la legitimidad de la asamblea y colocando en entredicho todos los procesos institucionales del programa de derecho y de la facultad, comportamiento que se aleja de la moralidad y la ética, y que no corresponde al ideal de máximo directivo de la facultad, que toda la comunidad espera”, precisaron.
“Nos mantenemos firmes en solicitar la renuncia inmediata del Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y del Jefe de Programa de Derecho, expresaron sus docentes en una declaración. El documento está suscrito, entre otros,
“Hasta que el señor Leonel Sanoni Charry Villalba no se aparte del cargo de decano y el docente Camilo Alvarado Esteban de las funciones de jefe de programa, el personal docente se declara en desobediencia civil y desconocerá su autoridad administrativa y académica, pues considera que no son representantes legítimos dentro de las dinámicas universitarias y menos, ante la comunidad en general”.
Los signatarios le solicitaron al procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, tomar medidas inmediatas para que agilice la investigación de los hechos relacionados con las grabaciones, y de ser el caso separar a los mencionados directivos de sus cargos.
Al Consejo Superior también le solicitaron el retiro del señor Charry Villalba del cargo de Decano, conforme lo establecido en el Estatuto General de la Universidad. Al rector encargado, le pidieron el cambio inmediato del jefe de programa.
No solamente la legalidad debe primar; también la ética como disciplina que determina la rectitud y nuestra correcta formación como profesionales y como personas”, concluyeron.
Ciencias sociales
Luego se sumaron los profesores adscritos al Departamento de Psicopedagogía y al Programa de Licenciatura en Ciencias Sociales de la Facultad de Educación. En una declaración censuraron estas prácticas “clientelistas y politiqueras que ponen en evidencia la irrupción en el devenir académico, de las prácticas de caciques y gamonales”.
“Exhortamos a la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, además de la comunidad académica, a materializar las acciones de su competencia de tal modo que permitan sancionar a los implicados en estas conductas dolosas y así reparar en lo posible el enlodado nombre de la institución que nos acoge y que representa el principal activo público de la Región Surcolombiana”, expresa la declaración.
Demandaron que “se sustituya el cuerpo directivo y administrativo actual y se conforme con un equipo de docentes de la Universidad sin vinculación con las administraciones anteriores, de manera que se garantice independencia y transparencia en la dirección transitoria de la Universidad”. Propugnaron por un nuevo estatuto docente y estudiantil y la aceleración de las acciones relacionadas con la re-acreditación institucional de alta calidad.
Le exigieron al ex rector encargado, Pablo Emilio Bahamón, una rendición de cuentas “respecto de sus nexos y beneplácito a los intereses evidenciados en los audios”.
Los egresados
El Comité Multidisciplinario de Egresados, igualmente cuestionaron los graves hechos de corrupción develados recientemente y le exigieron al organismo directivo el inmediato de reemplazo de su representante, quien renunció irrevocablemente. Aunque está previsto que debe asumir su suplente, los egresaron demandaron que se abra un nuevo proceso de elección.
Además, demandaron la remoción del cargo del Charry Villalba y la revocatoria directa de la Resolución No. 003 del 6 de febrero de 2020, mediante la cual se conformó la lista de aspirantes que integran la terna para la Rectoría, en donde fue incluida la señora Nidia Guzmán de Durán, “seriamente cuestionada por sus precarios niveles éticos”.
Los egresados representados en varios colectivos instaron a la Oficina de Control Interno Disciplinario para que adelante la respectiva investigación y, “en aras de restablecer la institucionalidad, asegurarse y brindar todas las garantías para que sea un proceso transparente y objetivo que conlleve a las sanciones respectivas2.
Adicionalmente, solicitaron a este cuerpo colegiado “incluir en la agenda institucional, la constituyente universitaria para repensar el mecanismo de elección de rector y otros asuntos de vital importancia de la Universidad”.
Voto de confianza
A este clamor se sumó por supuesto, la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (Aspu). En el mismo sentido pidió la “declaratoria de insubsistencia” de los integrantes del Consejo Académico comprometidos en el escándalo público. Asimismo demandaron que le retire al Decano comprometido el voto de confianza que el Consejo Académico le depositó para que lo representara en el Consejo Superior. “En consecuencia que le solicite la renuncia inmediata o, en su defecto, se declare insubsistente dicha representación y convoquen a una nueva elección para reasignarla”.
El documento está firmado por Hernando Gutiérrez en calidad de presidente y Hoyos William Guzmán Bahena como secretario.
“No tiene presentación, justificación ni aceptación el comportamiento asumido por el Decano. Su conducta no sólo ha sido abusiva y desleal con el organismo representado, pues desconoció su mandato académico y utilizó el espacio y las garantías inherentes a éste para hacer alianzas temerarias en favor de mezquinos intereses particulares, absolutamente ajenos a la razón de ser de nuestra Universidad, sino que puso en riesgo, al restarle credibilidad con su actuación, tanto el Proyecto Educativo Institucional como el correspondiente a su propia Facultad de Derecho y Ciencias Políticas”, concluyó.