El decreto 121 de 2017 “por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, deja claras las pautas por las cuales los magistrados del alto tribunal se deberán regir, incluido el hecho de no aplicar su propio reglamento.
De esta forma, se explica que el control de constitucionalidad de leyes y actos legislativos que se aprueben en el Congreso (a través del procedimiento especial legislativo o ‘fast track), relacionados con la implementación del acuerdo de paz, tendrá que ajustarse a los siguientes tiempos:
El magistrado que reciba el proyecto para su revisión y posterior redacción de la ponencia, asumirá conocimiento del proceso dentro de los tres días siguientes al reparto del respectivo expediente. “El magistrado dispondrá la práctica de las pruebas que considere necesarias, las comunicaciones e invitaciones correspondientes, la fijación en la lista del proceso para la intervención ciudadana y el traslado del expediente al procurador. El término probatorio no podrá exceder de tres días. Luego, tendrá dos días más para evaluar el material probatorio”, señala el decreto.
Como en todos los procesos, la Corte Constitucional solicitará el concepto de la Procuraduría General de la Nación y, bajo esa premisa, se le otorgarán 10 días para que rinda su postura sobre el proyecto que se esté estudiando en el alto tribunal. Dentro de esos días –ni más ni menos- se le dará la oportunidad a la ciudadanía para que participe intervenga, y rinda también su concepto en torno al proyecto.
Normalmente, un estudio de constitucionalidad en la Corte tarda varios meses, dependiendo de la urgencia del proyecto sometido a estudio pero, por ejemplo, el Acto Legislativo para la Paz aprobado por el Congreso a mediados del año pasado, recibió el aval del alto tribunal en diciembre del año pasado.