Santos objetó reforma a la justicia

En una contundente alocución el presidente Juan Manuel Santos anunció que no sancionará la polémica reforma y la devolverá al Congreso. Estimó que de entrar en vigencia provocaría un enorme colapso. En una contundente alocución el presidente Juan Manuel Santos anunció que no sancionará la polémica reforma y la devolverá al Congreso. Estimó que de entrar en vigencia provocaría un enorme colapso. LA NACIÓN, Bogotá Por considerar que la Comisión de Conciliación desbordó sus competencias, el presidente Juan Manuel Santos objetó anoche la controvertida Reforma a la Justicia por inconstitucionalidad e inconveniencia. Al considerar que el Gobierno encontró graves inconsistencias introducidas en el texto aprobado y conciliado, anunció que hoy mismo devolverá al Congreso el proyecto que no sancionará. Advirtió que de entrar en vigencia la norma que modifica la Constitución, se presentaría un colapso de inmensas proporciones y subrayó que las modificaciones introducidas son inaceptables para el país y para el Gobierno. “Infortunadamente el Gobierno ha detectado que se introdujeron unos cambios que en nada favorecen a la justicia y la transparencia y, en particular, algunos que son verdaderos “micos”, como se dice a los malos agregados que a última hora se les cuelgan a los proyectos”, aseguró el Jefe del Estado en una alocución por radio y televisión. Argumentos En primer lugar, la Comisión de Conciliación decidió quitarle a la Fiscalía General de la Nación la competencia para adelantar la etapa de investigación en los procesos penales que se adelantan contra ministros, magistrados de tribunal, embajadores, directores de departamento administrativo, gobernadores, generales y almirantes, entre otros funcionarios con fuero. “Al hacer esto, la Comisión de Conciliación quebrantó las disposiciones constitucionales y legales y desbordó sus competencias”, aseguró Santos. En palabras simples: tanto el texto aprobado por la plenaria del Senado como el aprobado por la plenaria de la Cámara mantenían la competencia que hoy tiene la Fiscalía General para investigar a los ya mencionados altos funcionarios. Por lo mismo- agregó- no podían los conciliadores eliminar dicha competencia pues los textos sometidos a su conocimiento eran en este sentido idénticos y nada había, entonces, para modificar. “De entrar en vigencia la reforma constitucional, con esta disposición agregada, la Fiscalía General de la Nación estaría obligada a paralizar cerca de 1.500 investigaciones a su cargo sobre esos funcionarios, y, adicionalmente, los que estén detenidos podrían quedar en libertad”, advirtió el Presidente. Graves consecuencias Estas modificaciones-subrayó- tendrían gravísimas consecuencias para la Administración de Justicia, la lucha contra la corrupción y la impunidad, con lo cual habría un colapso de inmensas proporciones. “Esto es inaceptable para el país y para el Gobierno”, remarcó en tono airado. Doble instancia En segundo lugar, la Comisión de Conciliación aprobó un parágrafo transitorio que extiende la doble instancia —que se había definido para los procesos de pérdida de investidura de los congresistas— a todos los procesos que contra ellos cursen en la jurisdicción contencioso-administrativa, incluyendo los de nulidad electoral, lo cual generaría otro colapso judicial. En tercer lugar —también en la etapa de conciliación del proyecto-, se fusionaron las normas aprobadas en la Cámara y en el Senado sobre el régimen de pérdida de investidura de los congresistas, de tal manera que se alteró la voluntad de las plenarias de senado y cámara. Asimismo destacó una cuarta inconsistencia grave que se dio en la etapa de conciliación del proyecto. Se suprimió el régimen de transición para la eliminación de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. De entrar en vigencia, la polémica reforma tendría otro factor de colapso en la rama judicial porque la administración de la rama quedaría bajo la dependencia de un solo funcionario — el actual Director Ejecutivo, a quien la reforma si le concedió un régimen de transición-, contra la voluntad del gobierno “Queríamos y queremos una reforma constitucional a la Justicia para que ganen la justicia y la transparencia, y no para dar gabelas y beneficios a quienes hoy están investigados, o para generar un caos en la justicia”, afirmó. Objeciones “Por eso- destacó- como Presidente de todos los colombianos, obrando en conciencia, tengo el deber de impedir que esto prospere. No vamos a dejar que, por aprobar una reforma que queríamos para descongestionar la justicia y hacerla más cercana al ciudadano, terminemos haciéndole el juego a quienes quieren escapar de ella”. “Las normas señaladas, en mala hora incorporadas en la etapa de conciliación, y otras más que son simplemente inconvenientes, nos obligan a tomar una decisión muy drástica, con toda la firmeza y con la autoridad que nos da haber realizado este proceso de cara al país”. Estas objeciones se justifican constitucionalmente por la protuberancia de los vicios detectados en la fase de conciliación, e implican un cuestionamiento serio sobre la real existencia de una voluntad constituyente legítimamente conformada sobre algunos puntos concretos pero muy importantes de la reforma. Adicionalmente, estas objeciones se ajustan a la ley y a la jurisprudencia, las cuales prevén que los vacíos de regulación sobre el trámite constituyente en el Congreso deben suplirse con las normas que regulan el procedimiento legislativo ordinario. El presidente Juan Manuel Santos durante la alocución.