El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Neiva despejó supuestas anomalías en un contrato de reforestación en Palermo. Se contrataron 1.500 estantillos y solo se instalaron 144. La Fiscalía no logró probar las irregularidades y se teoría del caso se desplomó.
RICARDO AREIZA
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Un proyecto para reforestar una zona de importancia hídrica en la zona montañosa de Palermo (Huila) terminó enredando al ex alcalde y actual diputado Helber Yesid Pinzón y al actual personero de Neiva, Kleiver Oviedo, quien ejercía como Secretario de Gobierno.
Los dos servidores públicos fueron acusados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso heterogéneo con peculado por apropiación en concurso heterogéneo con falsedad ideológica en documento público y en concurso heterogéneo con falsedad en documento privado.
Los mismos cargos fueron formulados al contratista y Luis Alberto Garzón Pérez, quien denunció que las firmas que aparecen en los documentos fueron suplantadas.
La denuncia la formuló Jorge Eliecer Valbuena (‘Cayayo’) por supuestas irregularidades que se presentaron en el trámite, celebración y liquidación del contrato de prestación de servicios No. GO-416 del 29 de octubre de 2008.
El objeto de cuestionado contrato era la prestación del servicio de reforestación, aislamiento y suministro de 1.500 estantillos para los nacimientos de la quebrada La Escopeta, en la parte alta de Palermo.
Según los documentos, la fecha de iniciación del contrato era el 29 de octubre y la de terminación el 11 de noviembre del año 2008. El valor del contrato se fijó en $5.624.000, con un anticipo del 50% y el otro 50% cumplido el objeto contractual.
El visto bueno al polémico contrato se lo dio el ex contralor de Neiva, José Hildebrand Perdomo, enredado por sobornar a concejales de Neiva para hacerse elegir.
Firma falsa
Al obtener los documentos que soportan el citado contrato, Garzón Pérez, un campesino de 41 años, quien aparecía como contratista, manifestó que la única firma suya es la del oficio firmado el 26 de diciembre de 2008, las demás fueron suplantadas.
Según Rodrigo Zuleta Valbuena, otro testigo de referencia, los políticos le habían ofrecido un contrato a Garzón Pérez, “si él firmaba unos papeles para poder sacar un dinero y lo único que le dieron fue $50.000 por lo que procedió a solicitar copias del contrato y constató que el mismo era ilícito”.
Sin embargo, la testigo declaró que nunca dialogó con Zuleta, ya fallecido, respecto de ese contrato.
El juicio
El 20 de octubre de 2014, la Fiscalía imputó cargos como probables autores de las conductas referidas ante el Juzgado Primero Penal Municipal de Descongestión con funciones de control de garantías de Neiva
El 16 de diciembre de 2014, la Fiscalía 22 de la Unidad de Administración Pública de la ciudad de Ibagué – Tolima, presentó ante el Centro de Servicios Judiciales de Neiva presentó el escrito de acusación.
El documento fue soportado el 25 de julio de 2016 y la audiencia preparatoria comenzó el 23 de noviembre de 2016 culminando el miércoles pasado 2 de junio de 2021, con sentido de fallo.
La acusación
Según la Fiscalía, en este caso sí hubo peculado por apropiación toda vez que se tiene la evidencia del no cumplimiento del objeto del contrato que suscribieron las partes por un fingido proyecto de reforestación que debía ejecutarse en la cuenca de la quebrada ‘La Escopeta’ del municipio de Palermo.
El contrato contemplaba la reforestación, aislamiento y suministro de 1.500 estantillos a todo costo en esa zona de importancia hídrica
Sin embargo, solo encontraron los vestigios del proyecto que nunca se ejecutó, según la Fiscalía en la finca El Carpintero, ubicada en la vereda Farfán del municipio de Palermo, donde nace la quebrada. En ese predio existen ocho nacederos localizados en la parte alta de la montaña.
“En un acta de seguimiento dejaron estipulado que efectivamente en 250 metros lineales presuntamente se encontraban los 1.500 estantillos cuando simplemente hay que hacer una regla de tres para determinar que era imposible que en 250 metros lineales, cupieran o tuvieran la capacidad para tener 1.500 estantillos”, insistió la fiscalía.
El contrato fue cancelado en su totalidad, por un valor de 5,62 millones de pesos por el alcalde, como ordenador del gasto
Sin experiencia
Según la Fiscalía Garzón Pérez no contaba con la experiencia ni con la idoneidad para ejecutar el citado contrato y ello se desprende del tipo de cercamiento de los estantillos.
“La propuesta que presentó solo indicó el suministro de 1.500 estantillos y la reforestación con 70 árboles nativos de los cuales no indicó cuáles eran teniendo en cuenta las diferentes especies (cedro negro, mantequillo, manzano, entre otros) y el aislamiento de 250 metros lineales para la protección de la fuente hídrica y es donde se encuentra una gran falencia del contrato”, acotó.
Tampoco se indicó cómo se adelantaría la limpieza del terreno donde se iba a pasar la cerca para facilitar el trabajo durante la instalación y evitar contratiempos.
“No se indicó qué tipo de reforestación se iba a realizar, teniendo en cuenta que después de este proceso de reforestación se debe adelantar un proceso de cuidado para que se desarrolle adecuadamente el bosque y pueda mitigar los efectos del cambio climático global”, insistió el organismo acusador.
Por lo tanto, según la Fiscalía, el contratista frente a la siembra de los estantillos no cumplió con la distancia y parámetros establecidos, el objeto del contrato, se contrató 1.500 estantillos en 250 metros lineales y eso no es posible dado que para sembrar 1.500 estantillos se requieren más de 3.000 metros lineales.
El almacenista informó que de esos estantillos fueron retirados 140 el 5 de noviembre de 2008 a escasos seis días que se cumpliera el plazo contemplado (cinco años) y, los otros fueron retirados el 6 de mayo de 2009 por el secretario de Gobierno de la época Kleiver Oviedo.
Por esa razón, la Fiscalía solicitó se compulsen copias contra Kleiver Oviedo “para que determine por qué aparece retirando 1.300 estantillos de las bodegas de la alcaldía de Palermo para el presunto aislamiento de la quebrada cuando el plazo que se le otorgó al presunto contratista Luis Alberto Garzón Pérez fue hasta el 11 de noviembre de 2008”.
Curioso guía
Curiosamente, la alcaldía de Palermo contrató a un guía para que acompañara a la comisión del CTI hasta el sitio donde debió ejecutarse la reforestación. El guía, sin embargo, aprovechando que los funcionarios no conocían el sitio, los ubicó en sitio diferente.
“El guía de manera malintencionada llevó a los funcionarios del CTI a un predio pero los ubicó aguas abajo siendo el sitio aguas arriba”, recalcó el fiscal.
“Los investigadores no reconocieron el sitio preciso donde se ejecutó el contrato, toda vez que hablan de una coordenada distinta a donde realmente se hizo el aislamiento y la siembra de 70 árboles nativos”, explicó Oviedo Farfán.
La otra cara
Por su parte el abogado Sheiber Cuenca Galindo, apoderado de los acusados, cuestionó la tesis de la Fiscalía y criticó la ausencia de soportes para sostener la acusación con versiones de terceros que nunca confrontaron.
“¿Pretende la fiscalía edificar una sentencia de condena sobre prueba de referencia de referencia?”, preguntó.
“Así las cosas, hasta aquí no hay ningún hecho jurídicamente relevante que configure un comportamiento punible”, insistió Cuenca Galindo.
En su criterio, el único hecho que podría tener una relevancia jurídica es la falsedad, sobre la suplantación de las firmas del contratista.
En este caso no hubo pruebas que demostraran que efectivamente las firmas de los contratos o de los demás documentos no correspondían a las del contratista. Hasta el supuesto denunciante resultó falso.
El denunciante, Jorge Eliecer Valbuena (‘Cayayo’) declaró que nunca denunció los hechos que originaron la investigación.
“No se demostró ninguna falencia en las etapas del contrato, esto es, precontractual y contractual y de liquidación”, insistió Cuenca.
Y para completar, los delitos imputados al supuesto contratista, Alberto Garzón Pérez, según su apoderado, ya estaban prescritos.
En conclusión, todos los delitos imputados y acusados a su prohijado ya prescribieron. El peculado prescribió en el mes de octubre de 2019. El contrato sin el cumplimiento de requisitos legales prescribió en el año 2020 y la falsedad en documento prescribió en el año 2017.
Sentido de fallo
“Dígase que la señora fiscal no allegó al juicio oral la prueba suficiente para acreditar la responsabilidad de los procesados en el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales”, precisó la juez Cuarto Penal del Circuito al emitir el miércoles pasado el fallo absolutorio.
“Hecha la anterior valoración probatoria, lo procedente es proferir sentencia absolutoria por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, a favor de los tres acusados”, concluyó la juez.
Igual ocurrió con el delito de peculado. En su criterio, el contrato se cumplió en su totalidad, debidamente verificado con el acta de liquidación final del 11 de noviembre de 2008 y cancelado según órdenes de pago.
“En el caso de peculado, el término prescriptivo aún no ha acaecido, no obstante, el mismo se cumplirá el próximo 19 de julio de 2021”, aclaró.
En cambio decretó la prescripción del delito de falsedad en documento privado y dispuso el levantamiento de todas las medidas cautelares decretadas con ocasión de este proceso.
Sin embargo, la juez compulsó copias a la Fiscalía para que se investiguen otras presumibles irregularidades advertidas en desarrollo del juicio oral.
El fallo de primera instancia podrá recurrirse ante el Tribunal Superior de Neiva.