La inflación galopante ha elevado el índice de precios al consumidor (IPC), con una variación anual hasta agosto del 10.84%, el más alto registrado desde 1999. La tarifa de los servicios públicos son los que han llevado la peor parte, con un incremento del 25.9%, más del doble, la del servicio de energía particularmente subió, en promedio, por encima del 30%, casi el triple (¡!). Las alzas en las tarifas de energía en la región Caribe son aún mayores, por decir lo menos escandalosas, desfasadas, superando el 40%, más de 14 puntos porcentuales con respecto al resto del país.
Y eso que el alza no ha sido mayor porque las empresas prestadoras del servicio han venido aplicando la llamada “opción tarifaria” desde el 2020, a raiz de la crisis pandémica, que consiste en diferir el pago de las alzas tarifarias, no su congelamiento como equivocadamente interpretaron muchos. Y, como no hay plazo que no se venza ni deuda que no se pague, las empresas están empezando a cobrar lo que se dejó de pagar en los años anteriores y el saldo por cobrar a los usuarios suma alrededor de los $4 billones (¡!).
A la pérdida de poder adquisitivo del ingreso de quienes lo tienen por cuenta de la inflación, se vinieron a sumar estas alzas desmesuradas que aboca a los usuarios, especialmente a los estratos 1, 2 y 3, a la disyuntiva de pagar la factura del servicio de energía o comer. Huelga decir que estas alzas desproporcionadas de las tarifas de energía no sólo afectan al mercado regulado (residencial) sino también al comercio y a la industria, frenando la reactivación en ciernes de la economía y menguando su competitividad.
Para un mejor entendimiento de las causas que han provocado esta hiperinflación de las tarifas de energía, me permito hacer un poco de pedagogía. Partamos de la base que en la factura que recibe el usuario mensualmente se le discriminan los cargos que por distintos conceptos determinan la tarifa aplicable, conocida como Costo unitario (CU), son ellos: generación (G) + transmisión (T) + distribución (D) + comercialización (C) + pérdidas reconocidas (PR) + restricciones (R).
De estos cargos el que tiene el mayor peso es la generación de la energía (G), que representa aproximadamente el 30%. Se trata del precio de la energía, ya sea en Bolsa, más conocido como mercado spot, 20% en promedio, o el precio fijado en los contratos bilaterales entre los comercializadores y los generadores, el 80% restante, caso en el cual se respetan y sostienen los precios transados. Inexplicablemente, en momentos en los que los embalses, a consecuencia del fenómeno de la Niña, están rebosados, con niveles que superan el 80%, los precios en Bolsa se han incrementado cerca del 200% en las últimas semanas. Ello es contraintuitivo, por ello no es sólo el Presidente de la República Gustavo Petro quien observa un “comportamiento extraño” de los precios de la energía.
Llama poderosamente la atención que concomitantemente con esta escalada alcista de los precios y las tarifas de energía al usuario final, las empresas generadoras de energía, especialmente las que operan las centrales de generación hídrica, han visto un crecimiento inusitado de sus utilidades operacionales en el último año y no es para menos dado que el precio de la energía en los contratos bilaterales entre enero de 2021 y julio de 2022 tuvo un incremento exorbitante del 28.6% (¡!). Y ello, obviamente, se refleja en sus resultados operacionales, los cuales crecieron para las tres principales de ellas (EPM, ENEL e ISAGEN), en promedio, el 27.71% (¡!)). Ello no se compadece con el drama y las afugias por las que atraviesan los usuarios del servicio de energía.
Si bien los precios en Bolsa sólo afectan el 20% de la energía que compran los distribuidores, que en el argot técnico se conocen como los operadores de red (OR), los contratos bilaterales han visto impactados sus precios en el último año, por el cambio de metodología de cálculo del Índice de precios al productor oferta interna (IPP – OI) que se le antojó al DANE, en un 22.75%. Y lo que es peor, desde febrero de 2021, justo cuando se dio dicho cambio, hasta la fecha su brusco crecimiento ha sido del 33.25%, que contrasta con el IPP que se venía aplicando con antelación que que tuvo una variación de sólo el 4.7% entre los años 2018 y 2019 (¡!), históricamente casi siempre por debajo del IPC. Hasta ahora no se conoce una explicación de este exabrupto porque el DANE calla como ostra.