¿Qué sigue en el proceso de liquidación de Justo & Bueno? Ayer se conoció qué pasará durante el proceso judicial de liquidación contra la Sociedad Mercadería S.A.S. (Justo & Bueno), con los 1.062 locales, los más de 3.200 trabajadores que laboraban para la empresa y demás acreedores a los cuales les está debiendo dinero. Solo el total de obligaciones laborales por pagar asciende a más de $53.898 millones.
CATERIN MANCHOLA
La Superintendencia de Sociedades reanudó ayer la audiencia pública de la Sociedad Mercadería S.A.S. (Justo & Bueno), y durante la misma resolvió dar por terminada la aplicación del artículo 6° del Decreto de emergencia 560 del año 2020, en cuanto al mecanismo de salvamento de empresas en estado de liquidación inminente, al que se había acogido hace más de dos meses la compañía.
En segundo lugar, ordenó levantar la suspensión de los efectos de la liquidación de conformidad con la providencia dictada durante la audiencia del 12 de mayo del 2022, cuando se resolvió dar aplicación al recurso de salvamento, el cual no concluyó en ninguna oferta. De esta manera, continúa en firme el proceso contra la sociedad, que tenía en total 3.255 trabajadores y se había ampliado a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.
El delegado del procedimiento de insolvencia de la Supersociedades, Santiago Londoño dejó claro que el mecanismo de salvamento no tiene viabilidad y por tanto el despacho procedió a darlo por terminado. Durante la audiencia se presentó un recurso de nulidad que, tras varias horas de discusión, finalmente fue desestimado.
Para el despacho el recurso no resultó procedente, pues fueron los mismos acreedores quienes “desistieron de la actuación procesal que habían iniciado el día 12 de mayo del 2022. El mecanismo carece de objeto por cuanto los acreedores legitimados para aplicarlo, luego de haber hecho un análisis económico, no encontraron viable presentar una propuesta”. Fue la cuarta vez que inversionistas despertaron la ilusión de ‘salvar’ la compañía, pero que terminaron incumpliendo como todos los anteriores.
Lo que viene
En su decisión final, Londoño advirtió que a partir de la fecha se reanudan todos los efectos de la liquidación judicial de Justo & Bueno, así como los indicados en la Ley 1116 del año 2006.
También le ordenó al liquidador, Dario Laguado Monslave, que tiene plazo de hasta el próximo ocho de agosto para presentar un cronograma de entrega de los locales, el cual no deberá tener un término superior a 20 días contados a partir de ayer, que fue cuando finalizó la audiencia. Ese documento debe ser ampliamente difundido para que todos los implicados puedan conocerlo.
De igual manera, les advirtió a los propietarios de los locales que la entrega de sus inmuebles se realizará dentro del marco de ese cronograma. “Se les previene que lo ejecuten vía de hecho, que afecten la entrega de los mismos. Y que permitan que esta se lleve de manera pacífica, así como evitar la afectación de activos de terceros”.
Así mismo, a los acreedores de leasing o arrendamiento de bienes muebles que se encuentran instalados en los locales, que deberán desplegar acciones para el retiro de sus bienes por su cuenta y riesgo y que esto deberá llevarse a cabo de conformidad con el mencionado cronograma.
Y dejó claro que los contratos laborales se dieron por terminados con ocasión del inicio del proceso judicial; no obstante, estos no finalizan para los más de 300 aforados.
Para salvar a Justo & Bueno, el liquidador solicitaba la suma mínima de $303.149 millones. Vale recordar que la liquidación arrancó el pasado 12 de mayo, pero algunos efectos habían quedado suspendidos.
Destino final
El fin de la compañía se da tras un proceso de reorganización fallido, porque “no fue aportada información alguna sobre un plan de inversión o de un mecanismo para superar la situación de crisis actual, hecho que amenaza extenderse en el tiempo y se refleja en los memoriales de queja por no pago suscritos por 474 arrendatarios, 18 proveedores, 112 trabajadores, 25 empresas de servicios públicos, además de 35 acciones de tutela que pretenden la protección de estos derechos, evidenció que el proceso de reorganización no está cumpliendo su fin y que no se está ejecutando la operación de la compañía”, argumentó en su decisión la Supersociedades.
El próximo lunes comenzará la entrega de los locales, que se hará por regiones, anunció el liquidador Dario Laguado Monslave. También dijo que a los trabajadores “se les pagará hasta donde los recursos sean suficientes o alcancen, los aforados no terminan los contratos, con ellos vamos a establecer distintas comunicaciones para ver cómo logramos una buena relación”, aseguró.
“A nadie le conviene alargar estas cosas, entonces vamos a ponerle el mejor ánimo”, concluyó Laguado Monslave.
En cifras
- Total obligaciones laborales por pagar al 4 de agosto: $53.898 millones.
- Total locales arrendados 1.062, en 29 departamentos, como Huila, y más de 290 municipios.
- Tenía en total 3.255 trabajadores, de los 319 son aforados.