La Nación
INVESTIGACIÓN

Se perdieron recursos para pequeños mineros

Se perdieron recursos para pequeños mineros 3 28 septiembre, 2020

Insólito. 3.854 millones, destinados para aliviar la calidad de vida de miles de barequeros, se enredaron en las marañas de la burocracia. De éstos 894,05 millones fueron destinados para mineros del norte del Huila. Otro fiasco.

 

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanacion.com.co

Increíble. Los precarios recursos destinados por el Ministerio de Minas y Energía para mejorar la calidad de vida de pequeños mineros de subsistencia, entre ellos, centenares de barequeros se quedaron en burocracia.

Aunque parezca un chiste, de los 4.174 millones de pesos destinados para apoyar a los mineros más pobres, solo el 8% equivalente a $320 millones, se invirtió efectivamente en la implementación de proyectos productivos.

El 92%, ($3.854 millones), se gastaron en la formulación de planes de negocio que no fueron puestos en marcha y que por lo tanto, no tuvieron ningún impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de los mineros de subsistencia.

Y peor aún: en un futuro estos planes no servirán directamente como insumo para la solución de la problemática, pues están sujetos a la variación de las condiciones socioeconómicas y para su puesta en práctica requerirán actualizaciones y ajustes que no se pactaron.

 

Despilfarro

Los proyectos ejecutados por el Ministerio de Minas y Energía desde el 2017 al 2019 para formalización de mineros de subsistencia, resultaron un fiasco.

Los convenios suscritos con este fin, según la Contraloría,  en nada contribuyeron para aliviar la situación de los mineros más pobres y menos para ayudar en su formalización.

El despilfarro de recursos públicos resulta un despropósito en medio de la reducción año tras año de los presupuestos para formalización y el creciente número de personas que trabajan artesanalmente en la extracción y recolección a cielo abierto, de arenas y gravas de río para la construcción, además de arcillas, metales preciosos, piedras preciosas y semipreciosas.

El total de mineros de subsistencia registrados oficialmente hasta febrero de 2020 asciende a 96.913. De estos, el 47% se localiza en el departamento de Antioquia (45.605), el 19% en el Chocó (18.473), 10% en Bolívar (9.328) y el 7% en Nariño. En el Huila solo hay 462 mineros registrados, 14 en Putumayo y ninguno en Caquetá.

 

Polémicos convenios

Para formalización, el Ministerio de Minas y Energía suscribió ocho convenios con entidades territoriales para la formulación y estructuración de proyectos productivos por un valor de 4.174 millones de pesos.

De éstos 894,05 millones fueron destinados para el Centro Provincial  de Gestión Agroempresarial del  Norte del Huila (Noropita Huila) que congrega a los municipios de Aipe, Colombia, Baraya, Villavieja, Tello y Alpujarra (Tolima).

Solo en tres de los ocho convenios (Guajira, Valle y Norte de Santander) se pactó el compromiso de la implementación (materializarlo con recursos y apoyo técnico) de un proyecto productivo. Los demás resultaron un fracaso.

Se esfumaron

En plata blanca, esos recursos se perdieron. El objetivo que se pretendía, no se logró materializar.  El aporte directo  de $3.854 millones ejecutados en estos proyectos no benefició en forma efectiva a los mineros artesanales en extrema pobreza.

“Estos recursos quedaron materializados en documentos de formulación y estructuración, que no generan un impacto real en la calidad de vida de esta población, constituyéndose en proyectos ineficaces”, concluyó Velandia Sepúlveda.

 

Graves falencias

La Contraloría General de la República consideró que desde el principio existen graves deficiencias en el diseño y estructuración del proyecto. “Al no establecer la forma de asegurar que los productos intermedios de los convenios se llevaran a la práctica y generar así beneficios a los mineros como se planteó en el objetivo final, es decir el mejoramiento de la calidad de vida y condiciones de trabajo de los mineros de subsistencia”, precisó Orlando Velandia Sepúlveda, contralor delegado para el sector de minero energético

A lo anterior se suma la ausencia de indicadores de impacto en las fichas de seguimiento del proyecto que permitieran identificar desviaciones y realizar los ajustes oportunamente.

 

La otra cara

La Dirección de Formalización del Ministerio de Minas admitió prácticamente el descalabro.

Según la entidad, la ficha técnica del proyecto solamente establecía la formulación y estructuración de los proyectos productivos apoyados, así como las alternativas y recursos en la zona. Para la ejecución de estas actividades se planteó que el Ministerio contara con aliados del orden gubernamental. En este campo se incluyó al Sena en razón de su experiencia y trayectoria en procesos similares, pero no se pudo.

“Desde el principio se adelantaron gestiones para concretar un convenio con el Fondo Emprender del Sena, en el cual el Ministerio aportara recursos para estructurar planes de negocio y el Sena para su implementación. No obstante, esta alianza no fue posible debido a los cambios en el equipo directivo del Sena”, explicó.

Solamente las gobernaciones de Valle del Cauca, La Guajira y Norte de Santander aportaron recursos para implementación de los proyectos productivos formulados en el marco de los convenios suscritos.

 

Un fracaso

La falencia, según lo anunció el contralor delegado, estuvo en el diseño y estructuración del proyecto ya que  no se estableció un mecanismo para asegurar que los productos intermedios llegaran a implementarse para beneficiar a los mineros.

El objetivo final que se pretendía, no se alcanzó. El aporte de $2.681 millones ejecutados en estos proyectos, se gastó en productos intermedios que no llegaron a beneficiar en forma efectiva y cierta a los mineros de subsistencia.

“Los recursos se utilizaron en la elaboración de documentos de formulación y estructuración de proyectos que no se ejecutaron ni impactaron positivamente a la población objetivo, constituyéndose en una aplicación ineficaz de los recursos invertidos por parte del Ministerio de Minas y Energía”.

 

Censo minero

Además, develó otras fallas. El censo minero se desarrolló en 23 departamentos, entre ellos Huila, Putumayo y Caquetá. En estas regiones se identificaron 14.357 Unidades de Producción Minera (UPM), de las cuales tan solo el 37% tienen título minero. El 63% carecen de título minero.

“La política minera formulada por el Gobierno Nacional desde la expedición del Código Minero ha sido ineficaz para brindar soluciones estructurales a las problemática laboral y condiciones de vida que afrontan los mineros de subsistencia”, concluyó la Contraloría.

Además, la asignación de recursos para proyectos orientados a la minería de subsistencia no fue representativa en el presupuesto de la Dirección de Formalización, para atender mineros registrados y aliviar la problemática que enfrentan.

La inversión ha sido decreciente al pasar de 4.559 millones en 2017 a 998 millones en 2019. La ejecución también fue decreciente al pasar del 100% en 2017 a 59% en 2019, es decir que en 2019 además de contar con menos estos se ejecutaron en menor cuantía.

Finalmente, los recursos no se focalizaron hacia los municipios con mayor población de mineros de subsistencia registrados.

Los proyectos carecen de una línea base e indicadores de impacto, lo que impide realizar el seguimiento y control de forma adecuada.

Los resultados como capacitaciones y planes de negocio, no produjeron impactos positivos directos medibles en la evolución de las condiciones socioeconómicas de los mineros de subsistencia.

El 70% de los alcaldes encuestados destacaron la ineficacia de los programas para mejorar la situación de los mineros, con el agravante, que sus municipios no cuentan con programas alternos o sustitutos a la actividad.

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