Mientras el Gobierno continúa con su pronóstico del crecimiento del PIB para el año 2013 alrededor de una tasa de 4,5%, instituciones como Fedesarrollo y la Cepal son menos optimistas, y ubican dicha variación cercana o debajo a 4%. Estos resultados obedecen al comportamiento de la actividad productiva en Colombia. Han aparecido diferentes aristas desde los sectores sociales.
A pesar de las buenas intenciones de las políticas del Gobierno, la ejecución se ha quedado corta. Con la aprobación de la sostenibilidad fiscal como mandato constitucional los paros ejercen presión sobre las cuentas del fisco poniendo en riesgo el manejo de las finanzas públicas, empleando recursos de manera arbitraria y sin estudios de profundización, omitiendo su compromiso real de transformar las problemáticas sociales en desarrollo local y nacional.
La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) estimó que los paros a finales del año pasado y de comienzos de 2013, le costaron al país $ 900 mil millones, un 0,8% del PIB del primer trimestre. Quedando aún por estimar los eventos programados para el mes de agosto, donde se configuran un mayor número de sectores y en diferentes partes del territorio. Pero las cifras financieras son solo uno de los problemas colaterales de las vías de hecho. Tanto el tiempo como los cambios que sufre la institucionalidad del país atentan contra los principios bajo los cuales se ha regido el Estado Social de Derecho, pues se emplean recursos no cuantificables de forma tan expedita que irrumpen en la consecución de las metas trazadas. La inversión en capital político que se realiza obstaculiza el estudio de políticas de gran impacto, de largo plazo y que se dirijan a los sectores que necesiten un cambio estructural en sus actividades productivas.
De igual forma, la tardía reacción del Gobierno consigue que se pierda confianza en las instituciones, pues la presencia militar como única manifestación del Estado alerta sobre la falta de herramientas a disposición de los dirigentes para convocar mesas de trabajo para aliviar los ánimos y encontrar soluciones cero asistencialistas y más estructurales.
No podemos permitir que se arriesgue el crecimiento económico y desarrollo del país por la falta de planeación y de medidas que no favorecen el empleo e ingresos de nuestros campesinos, mineros, obreros, profesionales, y muchos más. Remedios paliativos no debe ser lo que se ofrezca a los manifestantes, sino un verdadero plan de reindustrialización de nueva generación, agroindustria con carácter exportador, premura en las obras de infraestructura y una mejor articulación entre las regiones y el Gobierno central. Esto es lo que el país verdaderamente necesita.
