La última ejecución extrajudicial (matar a una persona de manera ilegal e ilegítima) de la que se tiene noticia, lo que nos acostumbraron a llamar como “falsos positivos, fue la que ocurrió por allá en Sucre, en el Chocó. Después de que el Clan del Golfo asesinó a un policía, la fuerza pública desplegó un operativo para capturar a los responsables. En esa redada cogieron a tres jóvenes que no tuvieron nada que ver con los hechos, pero fueron agredidos y subidos a un vehículo de la policía. En el camino, y según el propio relato de dos patrulleros que iban en ese vehículo, el teniente coronel Benjamín Darío Núñez, comandante operativo de seguridad en esa región, los asesinó con disparos a quema ropa, y en el informe policial intentaron hacer pasar a esos jóvenes como integrantes del Clan del Golfo.
Todos los que iban en ese vehículo quedaron fríos, como frío queda cualquier ciudadano al pensar ¿cómo puede un policía de alto rango, que debe ser un ejemplo del respeto por la vida que deben tener todos sus subalternos, asesinar a sangre fría a tres ciudadanos indefensos? Lamentable. Como lamentable fue la inacción de la fiscalía, pues a pesar de la declaración de los patrulleros que presenciaron esos asesinatos a manos del coronel Núñez y que el hecho había ocurrido el pasado 25 de julio, la fiscalía no requirió a este coronel, dando tiempo para que este huyera del país. Como estamos con un nuevo gobierno que encabeza Gustavo Petro, se dieron directrices claras sobre el actuar de la fuerza pública, de las fuerzas armadas, para defender y garantizar la vida de los colombianos. La directriz es que las masacres y el asesinato de líderes sociales “afectará la hoja de vida de los mandos”. El mensaje directo es que las fuerza armadas, las fuerzas de seguridad del Estado, deben afinar sus estrategias para reducir significativamente estos hechos en el territorio nacional.
Pero, la pregunta es: ¿las ejecuciones extrajudiciales llegaran a su fin? Porque se supone que con el actual Gobierno, la macabra acción de asesinar civiles para hacerlos pasar como “guerrilleros” o integrante de alguna “organización criminal” se terminarán, no volverán a ocurrir. Ese es un doloroso capítulo que hay que superar, que deja una huella casi que imborrable en la historia colombiana, en la historia de las fuerzas militares y en la historia de gobiernos de derecha. Las ejecuciones extrajudiciales no pueden volver a ocurrir, no sólo en este gobierno socialdemócrata que inició, sino en los futuros gobiernos sean de la tendencia política que sean.