Petro ha reactivado la tesis del golpe de Estado. El fin de semana escribió en “X”: “se han organizado para dar el golpe de estado. Lo anunciado se desarrolla” y agregó: “Del pueblo que me eligió dependerá que el designio oligárquico se vuelva realidad o los derrotemos de nuevo. Esta no será una votación parlamentaria de nuestros enemigos para sacarnos. Esto será una lucha popular”.
Se refería, sin duda alguna, al tema de los topes electorales que abriría la compuerta para que se le aplique el artículo 109 de la Constitución. Una cuestión jurídica que pone a Petro frente a un dilema político: o acata la carta política o se pone por fuera de esta con las consabidas implicaciones que le traería al país.
Y es que la situación no es para menos porque como ya lo hemos dicho, parafraseando a Álvaro Gómez, nadie quiere tumbar a Petro pero tampoco se podría quedar. Según la investigación ya concluida, por parte del CNE, la campaña de Petro no reportó un total de 5.300 millones de pesos y, en consecuencia, habría violado los topes legalmente establecidos. Con este escenario, reitero, la disyuntiva es clara: acata el mandato constitucional del 109 o quiebra el orden constitucional.
Hoy ya no resulta gran descubrimiento afirmar que a Petro nunca le ha gustado cumplir la ley. Históricamente ha militado por fuera de la misma y eso lo llevó a prisión en los años ochenta. Con ese antecedente, muchos apostarían a que no cumpliría la Constitución, promovería una insurrección, desataría la violencia en las calles, se victimizaría frente a la comunidad internacional y quebraría todo el orden constitucional. ¿Lo hará? Tal vez esto explicaría que muchos congresistas (incluso de la oposición) se nieguen a respetar la misma carta política.
A este dilema se suma que la más reciente encuesta de Invamer le señala una desaprobación del 66% ( frente a un 62% que tenía en junio) y una favorabilidad que bajó al 29% (cuando en junio era de un 32%). Faltan dos años para que la Administración por Sobresaltos llegue a su final y lo peor, para el inquilino de la Casa de Nariño, es que seguirá en caída libre sin tocar piso, pues, el hastío que produce solo se compara con el caos que reina al interior del Alto Gobierno.
Con ese estado de decepción a cuestas, sabiéndose totalmente inepto para las faenas de la gestión pública, al borde de la ilegalidad y cada vez más extraviado, Petro no encuentra recursos diferentes a la agresión y la intimidación.
Así las cosas, embriagado por el odio que le conocemos hacia los periodistas que no hacen parte del comité de aplausos que estableció Álvaro Leyva como práctica al interior de la Administración por Sobresaltos, Petro salió a insultar a las mujeres que con vocación democrática ejercen su oficio tildándolas como “las muñecas de la mafia”. De inmediato, sus milicianos digitales abrieron las bodegas y la embestida empezó. Como erar de esperar, las feministas asumieron la misma posición que en el caso del presidente Alberto Fernández. ¡Licencias que solo se pueden dar los izquierdistas!
En este complejo escenario, es deber recordar que en mayo del año pasado, Petro movilizó a la guardia indígena para cercar el Congreso en momentos en los que se debatían algunas de sus reformas mientras él se iba, de paseo (no de viaje), a España. Sumado a esto encontramos el reciente acuerdo que forjó con los bancos para que 55 billones de pesos tengan la destinación que el Gobierno pretende, so pena de ejecutar una toma de recursos de los ahorradores bajo la figura de “la inversión forzosa”, y cuyos efectos financieros no se hicieron esperar.
Así las cosas, el hombre del M-19 viene hostigando al país en varios frentes y eso no es un buen mensaje para los colombianos. Lo peligroso de todo esto es que entre más debilitado se sienta, más agresivo, errático y amedrentador se volcará contra el país nacional genuinamente democrático, las instituciones republicanas y el mercado. Lamentablemente, se vienen días difíciles.