La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra el exsecretario de Educación, Geovanny Córdoba Rodríguez, los exasesores jurídicos y los dos contratistas del PAE 2020, mientras que pidió cárcel para Haiden Otoniel Vergara Quiñonez, exconcejal de Tumaco (Nariño). “Ustedes unieron esfuerzo bajo un propósito común movido por intereses de carácter económico y político”, dijo la Fiscalía. La próxima semana continúan las audiencias.
Rafael Rodríguez C.
Que no puedan salir del país fue la medida de aseguramiento no privativa de la libertad que pidió la Fiscalía contra un funcionario de la Alcaldía de Neiva, dos exasesores jurídicos y los contratistas del Programa de Alimentación Escolar (PAE) e interventoría del mismo en el año 2020. Mientras que la petición fue de cárcel para el hombre que financió la campaña del alcalde Gorky Muñoz Calderón y le ‘pagaron’ con los contratos de suministro de alimentación escolar.
Las solicitudes fueron hechas ayer por el fiscal Séptimo Seccional de Neiva, Juan Carlos Durán Cujar, en una jornada de siete horas de audiencia virtual, ante la Juez Séptima Penal Municipal de Neiva con Funciones de Control de Garantías.
El delegado de la Fiscalía pidió a la togada cobijar con la medida de aseguramiento no privativa de la libertad al entonces secretario de Educación, Geovanny Córdoba Rodríguez, los abogados y asesores jurídicos Juan Felipe Molano Perdomo y Andrés Camacho Cardozo; Carmen Rosaida Castillo Arboleda, representante legal de Asoformando Colombia que se quedó con el contrato del PAE, y Miguel Alfonso Banguera Jaramillo, representante de Colombia Florece a quien le adjudicaron el contrato de interventoría.
“Ustedes unieron esfuerzo bajo un propósito común: asegurar la contratación pública a favor de las organizaciones (Asoformando y Colombia Florece), movido por intereses de carácter económico y político”, dijo el funcionario judicial.
Sostuvo que de ser impuesta la medida no privativa de la libertad los imputados están en la obligación de presentarse cuando sean requeridos ante el juez y “respetar en lo sucesivo y dar estricto cumplimiento a los principios y fines de la contratación estatal, si bien uno de ellos (Geovanny Córdoba) hace parte de la administración municipal no se encuentra a cargo de manera directa de procesos de contratación”.
Precisó que la Fiscalía cuenta con elementos materiales probatorios y evidencia física e información sobre la presunta coautoría o participación de los procesados en los delitos de violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades e interés indebido en la celebración de contratos.
Las audiencias continuarán los días jueves 2 y viernes 3 de junio, diligencias en las que Procuraduría Judicial y abogados defensores argumentarán sobre las medidas de aseguramiento solicitadas por el fiscal. Una vez las partes terminen su intervención la juez decidirá si acoge o no las peticiones de la Fiscalía.
Contratos direccionados
El fiscal recordó que el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, “se interesó indebidamente” en la tramitación, celebración, ejecución y liquidación del contrato 0698 de 2020 del PAE por valor de 5.250 millones de pesos, para suministrar 105 mil raciones alimentarias a estudiantes de las zonas urbana y rural de la capital huilense.
Sostuvo que para lograr el objetivo el mandatario contrató de manera directa con Asoformando, con domicilio en el municipio de Tumaco (Nariño), además “se interesó indebidamente” en el contrato de interventoría con Colombia Florece también en la población tumaquense, por valor de 300 millones de pesos.
Las dos organizaciones ubicaron ‘oficinas’ en la calle 76 con carrera 1G en el barrio Combeima en Neiva. “Utilizaron el domicilio para advertir del arraigo de su ubicación en esta ciudad para facilitar la presentación de sus propuestas como interesados en la contratación pública del PAE”, explicó el fiscal.
El delegado del ente acusador manifestó que el entonces secretario de Educación, Córdoba Rodríguez, los asesores jurídicos Molano Perdomo y Camacho Cardozo, colocaron a disposición del alcalde Muñoz Calderón los que serían los estudios previos, lo correspondiente a la fase de tramitación de los contratos de suministro e interventoría. “Direccionados desde esa fase de tramitación a favorecer los intereses personales de Haiden Otoniel Vergara Quiñonez, concejal del municipio de Tumaco (Nariño), a través de las organizaciones Asoformando y Colombia Florece, representadas por Carmen Rosaida y Miguel Alfonso…”.
Sostuvo que los contratos fueron en retribución hacia Vergara Quiñonez por haber contribuido económicamente a la campaña política del alcalde Gorky Muñoz.
Ejecutor e interventor del PAE
De acuerdo con el fiscal, con la adjudicación de los contratos, tanto el mandatario como el Secretario de Educación y los asesores jurídicos, violaron el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, al permitir que un socio de Asoformando que suministraría los alimentos fuera representante legal de la firma que haría la interventoría, Colombia Florece.
“El secretario de Educación, Geovanny Córdoba y los asesores jurídicos, Juan Felipe Molano y Andrés Camacho, asumieron en ejercicio de sus funciones y responsabilidades, la maduración, planeación de los estudios previos, contratación, la que finalizó con la celebración simultánea el mismo día 6 de abril de 2020 con la firma de los contratos de suministro e interventoría, contrariando el régimen de inhabilidades e incompatibilidades respecto del contratista de Colombia Florece, Miguel Alfonso Banguera por tener la doble calidad de contratista ejecutor e interventor del PAE”.
Sostuvo que los funcionarios fueron responsables de la irregularidad del interventor al no exigir la documentación correspondiente y que se advirtió días después con la carta de terminación del contrato de Banguera. “Resulta inaceptable y contrario a las reglas de la lógica el no haber exigido de manera previa al contratista interventor del PAE la entrega de la documentación necesaria para acreditar representación legal y que de haber contado con dicho documento se hubiese podido constatar la doble calidad de asociado de Miguel Alfonso Banguera con las organizaciones Asoformando y Colombia Florece”.
Precisó el funcionario judicial que la irregularidad llevó al Municipio a no contar con interventoría para el suministro del PAE. “Limitó a la propia administración municipal a una supervisión a su cargo”.
Agregó además que el 3 de abril de 2020, el secretario de Educación, Córdoba Rodríguez y los asesores jurídicos, Molano Perdomo y Camacho Cardozo, contando con la intervención del alcalde Muñoz Calderón, suscribieron los estudios previos del contrato de suministro 0698 de 2020, para garantizar que fuera adjudicado a Vergara Quiñonez.
“El actuar de Geovanny Córdoba y los asesores jurídicos demuestra ese interés para direccionar la contratación del PAE para beneficiar un tercero que es financiador de la campaña política del entonces candidato Gorky Muñoz Calderón, y la contratación directa aparece como contraprestación por los favores recibidos”.
Instrumentalizaron la contratación pública
El fiscal señaló que el contrato de suministro alimentario e interventoría se suscribieron el mismo día quedando demostrado el interés del alcalde Muñoz Calderón, el secretario de Educación, Córdoba Rodríguez y los asesores jurídicos, en direccionar la contratación pública en favor de Vergara Quiñonez.
“Se alcanza el grado de inferencia de coautoría y participación donde Geovany Córdoba Rodríguez, Juan Felipe Molano Perdomo y Andrés Camacho, y el Alcalde, se interesaron de forma indebida en sede de tramitación, celebración y hasta liquidación de los contratos 0698 y 703 con claro propósito de favorecer a las empresas de origen tumaqueño constituidas para obtener favorecimientos respecto de Haiden Otoniel Vergara Quiñonez”, indicó el delegado del ente acusador, al señalar además que, vulneraron, lesionaron los principios de la contratación pública de “obligatorio y estricto cumplimiento”.
El fiscal señaló además que los procesos de contratación pública fueron instrumentalizados para favorecer “intereses personales, políticos y económicos, pero diferentes y ajenos a la debida y correcta administración pública, se privó a la administración, a la comunidad de Neiva de haber asegurado desde los orígenes de la contratación pública del PAE una adecuada interventoría”.
Esa inferencia da cuenta que los encargados de la etapa de tramitación y aprobación del APE contribuyeron desde la fase inicial de la contratación pública para favorecer, para direccionar la contratación en favor de las organizaciones. “Permitieron que estas resultaran favorecidas de ese proceso de selección del orden directo”.
Cárcel para Haiden Otoniel
El fiscal solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el exconcejal de Tumaco (Nariño), Haiden Otoniel Vergara Quiñonez.
Sostuvo el funcionario judicial que la Fiscalía cuenta con elementos materiales probatorios que dan cuenta del actuar de Vergara Quiñonez en el marco de procesos de contratación pública, del poder de dominio que tiene en las organizaciones Asoformando y Colombia Florece. “En los archivos de audio quedó demostrado el modus operandi, contactos para hacer acercamiento y facilidades para acceder a la contratación pública, en este caso con el financiamiento de la campaña política del Alcalde, manifestado por él mismo (Haiden Otoniel) a través de los archivos de audio”.
Señaló el delegado fiscal que el actuar de Vergara Quiñonez y las organizaciones Asoformando y Colombia Florece “prácticamente es uno solo, lo que disponga, lo que decida, lo que ordene Vergara Quiñonez debe ser atacado por los representantes legales de las organizaciones”.
Precisó que la medida de aseguramiento intramural es necesaria para que no continúe en actividades irregulares con la administración pública. “Existe inferencia razonable en punto de la continuación de la actividad delictiva, la probable continuación de la actividad delictiva con el propósito de adueñarse del patrimonio público…”.
Aseguró el fiscal que Vergara Quiñonez es “un peligro para la comunidad” al señalar que en Nariño ya fue acusado por presunta contratación irregular del PAE. “Vemos como las actividades de ejercicio sistemático le ha permitido lucrarse a partir de dineros públicos, vemos como bajo ese propósito de lograr la apropiación de recursos públicos se instrumentalizó esos procesos de contratación desde su fase de tramitación hasta la liquidación del contratos”.
Estas solicitudes de la Fiscalía se suman a la del jueves pasado contra el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz, para quien el ente acusador también solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario.