La alocución realizada por el presidente Gustavo Petro, en la que afirmó que las tarifas de energía eléctrica cobradas actualmente son ilegales y se han convertido en una estafa, generó descontento. Los sectores energéticos se unieron y al unísono rechazaron dicha comunicación, mientras advirtieron que la situación es crítica y que, de no garantizarse tanto el pago de subsidios como la Opción Tarifaria, el país puede verse en riesgo de desabastecimiento o apagones.
Johan Eduardo Rojas López
johan.rojas@lanacion.com.co
“Los usuarios del servicio de energía eléctrica requieren soluciones objetivas y no falsos señalamientos”, manifestaron los gremios que hacen parte del sector energético y conforman el comité intergremial.
A través de una misiva hicieron un llamado a la mesura. Rechazaron, además, el discurso del presidente, Gustavo Petro Urrego, en Barranquilla, donde “se emitieron afirmaciones sin respaldo jurídico ni técnico, con mensajes que no se apegan a la verdad”, con los cuales se distorsiona la realidad del problema de fondo que enfrentan.
Con las mismas, según el comunicado oficial, el Gobierno Nacional ‘se lava las manos’, desviando la atención sobre su responsabilidad en la falta de soluciones concretas frente a una crisis que se ha producido, al parecer, por algunas acciones inadecuadas u omisiones.
“Queremos recordar que las empresas generadoras de energía han invertido más de $140 billones en la infraestructura, permitiéndonos con ello superar por más de 30 años las sequías y el fenómeno del Niño. Además, durante los tres primeros trimestres de 2024, estas empresas aportaron a la economía $36.5 billones, equivalentes al 3% del PIB de ese periodo. También reiteramos que, históricamente, las tarifas de energía en Colombia no son las más costosas de la región y respaldan un mercado confiable”, insistieron.
Mensajes demuestran la falta de información
A renglón seguido, señalaron que la propuesta sobre la bolsa de energía que el Presidente menciona no coincide con la realidad, por lo que consideran que los mensajes muestran falta de información. Reiteraron que el llamado, como gremio, a las empresas por posibles incumplimientos de la normatividad es a denunciar con los respectivos soportes ante las autoridades competentes.
“El panorama es complejo y esta semana hemos sido testigos del impacto que pueden tener palabras inoportunas, sin fundamento y fuera de contexto. Es nuestro derecho y deber exigirle al Gobierno Nacional que tome acciones necesarias para garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica en el futuro, porque, como lo hemos dicho en otros escenarios, la situación es crítica y de no garantizarse tanto el pago de subsidios como la Opción Tarifaria, el país puede verse en riesgo de desabastecimiento o apagones”, concluyeron.
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Lo que generó el enfrentamiento
El descontento surgió luego de que el presidente Gustavo Petro, durante la ‘Movilización por la Democracia Energética’ en Barranquilla, sostuviera que “hoy puedo decir con toda propiedad que las tarifas de energía eléctrica que en este momento se están cobrando a cada familia y a cada empresa de Colombia son ilegales”.
El jefe de Estado explicó que la fórmula que se ha venido aplicando para fijar las tarifas de la energía viene desde hace 30 años, pues es aprobada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), “una instancia de comisionados y comisionadas que nombra el Presidente, pero que vienen de las generadoras privadas”.
Y esa fórmula, dijo él, “es una manera que ha estado amañada a los grandes intereses de quienes viven y amasan enormes fortunas anuales de la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización de la energía eléctrica en Colombia”.
Incluso, aseveró que, en los últimos cinco años, cada colombiano y cada empresa, pequeña o grande, ha pagado hasta diez veces más de lo debido, rompiendo la Constitución y la ley. “Nos han estafado, esa es la palabra, la estafa son miles de millones de dólares cada año, son billones de pesos que nos han robado”, detalló.
Con ese panorama, el mandatario invitó a defender la nueva fórmula que diseñó el Gobierno Nacional y que fue aprobada el 18 de diciembre pasado, pues dijo que las otras alternativas no han funcionado.
Millonaria deuda del Gobierno Petro
Por su parte, Empresas Públicas de Medellín (EPM) envió una epístola al Ministerio de Minas y Energía, así como al de Hacienda y Crédito Público, en aras de que brinden acompañamiento e inicien las actuaciones correspondientes sobre la crisis energética que vive Colombia.
En el documento indican su preocupación respecto al riesgo en la prestación del servicio público domiciliario de energía en el país, la cual se ha venido agravando en los últimos meses, debido al retraso del Gobierno Petro en el pago de los subsidios de los estratos 1, 2 y 3, por un valor que se estima en cerca de $659 mil millones, además de la desarticulación sectorial promovida a través de distintos decretos, resoluciones y circulares.
“Resultan preocupantes los recientes pronunciamientos que se conocieron del Presidente, en los que reprocha, sin razones legítimas, el modelo tarifario del servicio de energía y ataca a las instituciones que garantizan la gestión eficiente del mercado, la sostenibilidad en la prestación de los servicios públicos y el cumplimiento de la normatividad que rige la actividad de generación”, afirmaron. También amenazaron con interrumpir el servicio en distintas zonas del país, si desde el orden nacional no se cumplen los compromisos y obligaciones.
