Sepultar la Ley 100. Por Santiago Villarreal Cuéllar

En su reciente posesión como Secretario Municipal de Salud de Pitalito, el médico Marco Aurelio Puentes manifestó que una de sus metas será “acabar con la Ley 100.” No es el primer funcionario de la salud del orden municipal en Colombia que tiene conciencia de los defectos de dicha Ley. Y es que desde su aprobación en 1993, esta norma truncó definitivamente los preceptos constitucionales contemplados en el artículo 49 de la Carta Magna. Después de 20 años, no se ha cumplido en Colombia la anhelada universalización de la salud, la prevención de enfermedades, ni mucho menos la prestación de una salud integral. Por el contrario, enfermedades como la malaria, el paludismo, la tuberculosis y otras que estaban erradicadas con el antiguo sistema, que no era el mejor, reaparecieron nuevamente debido a la negligencia de las EPS’s particulares en la prestación del  servicio. Es precisamente la intermediación de esas voraces fieras llamadas EPS, lo que origina todo ese desangre en el presupuesto destinado para la salud. Concebida dentro del modelo económico neo-liberal, la Ley 100 permite a unos intermediarios innecesarios, quedarse con gran parte del dinero de la salud y prácticamente robarle el derecho al ciudadano de tener una buena calidad de servicios. Los colombianos todos, sin ninguna excepción, debemos presionar al gobierno nacional y al congreso de la república, para que presente un proyecto de ley que permita al Estado encargarse directamente de la prestación de ese fundamental servicio, contratando directamente con las ESE’s, hospitales y clínicas privadas si es necesario, un servicio integral y de calidad. Además, el llamado POS debe modificarse radicalmente para que cubra todas las patologías, tratamientos, y suministre medicamentos de buena calidad, incluyendo aquellos de marca. De la misma manera, la prestación de la salud debe ser gratuita, obligatoria y universal para todas las clases sociales, y no como se presta en la actualidad, donde solo las personas de estratos uno, dos y tres tienen ese derecho limitado, violando flagrantemente derechos fundamentales como la vida y la igualdad frente a la Ley. Porque esa es otra talanquera que coarta muchos derechos a los ciudadanos, el llamado Sisben, que supuestamente mide las condiciones socio-económicas de los colombianos. La presión sobre el ejecutivo y legislativo, tendrá que tener suficiente fuerza popular, pues no será fácil, ya que muchos congresistas y miembros del alto gobierno son accionistas de las EPS Esa ha sido la razón fundamental por la cual los distintos gobiernos no han querido derogar la ley 100, porque ello significa tocar los intereses económicos de muchos de sus amigos.