¿Qué está pasando por las mentes de fiscales y jueces frente a horrendos crímenes en los que, identificado y capturado el peligrosísimo criminal, deciden otorgarle beneficios y concederle penas que, ante la gravedad de los hechos, parecen una burla más y un dolor adicional para las víctimas? Y aunque no incluimos en este análisis los complejos casos de procesos de paz y desmovilización con paramilitares y guerrilleros en los que se aplicaron penas máximas de ocho años -a los “paras”– y probablemente vamos camino de impunidad casi plena para subversivos, estos casos sí pueden darnos una línea para tratar de entender de dónde resultan estas condenas irrisorias.
Veamos apenas un caso: una joven mujer, madre soltera de un niño de apenas seis años de edad, es atacada por un grupo de mujeres que la apedrean en el barrio Versalles, zona suroriental de Neiva, el 29 de diciembre de 2011; la aturdida víctima cae el piso y aparece en escena un despreciable sujeto, Andrés Castro Chávarro quien, sin miramiento ni compasión ninguno, la acribilla en completa indefensión. El peligroso criminal huye y es capturado el 19 de mayo pasado en la ciudad de Florencia, Caquetá. Todo va muy bien para aplicar la adecuada Justicia en este abominable hecho.
Viene el proceso legal, la Fiscalía le propone al individuo un pre acuerdo a cambio de confesar el crimen; llegan ante la Juez Primera Penal del Circuito de Neiva y convienen en que el sicario vaya a prisión apenas 9 años y medio con lo cual, aplicando buen comportamiento y algún trabajo manual en la cárcel, este sujeto saldrá a la calle en menos de seis años.
Veamos el Código Penal: la pena de cárcel por homicidio en Colombia es de entre 13 y 25 años, pero se aumenta de 25 a 40 años cuando se agrave por algunas causas, entre ellas cuando es un acto de sicariato (por ánimo de lucro) o por otro motivo “abyecto o fútil”, con sevicia o poniendo a la víctima en indefensión o inferioridad, o aprovechándose de ello. Con todo respeto, señora Juez: ¿la joven madre Leidy Johana Cachaya no fue asesinada por un sicario, esto es alguien a quien le pagaron? ¿No estaba en indefensión e inferioridad, atacada a piedra por otras personas? ¿No se ha dejado acaso huérfano e inerme a un pobre niño? ¿Dónde están las mujeres que la apedrearon?
Flaco favor se hace al concepto de Justicia con sentencias como estas, que surgen acaso por un afán de “salir del paso” de una Fiscalía que sigue adoleciendo de capacidad técnica investigativa, y de unos jueces que acceden a acuerdos débiles sin oposición de la Procuraduría y, seguramente, con un apoderado de las víctimas también afanado en atender otros asuntos. Y para mayor gravedad, la familia de la joven denuncia que los agresores, que fueron varios, los han amenazado con represalias. Así no se aplica Justicia.
“¿Qué está pasando por las mentes de fiscales y jueces cuando, frente a horrendos crímenes, deciden otorgar beneficios y conceder penas que parecen una burla más y un dolor adicional para las víctimas?”
Editorialito
“Desaparecidos, el derecho a saber” es la campaña que lanzó en Colombia el Comité Internacional de la Cruz Roja para llamar la atención sobre los más de 90.000 casos de desapariciones que se han registrado en el país.