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Sigue el baño de sangre

Sigue el baño de sangre 1 7 abril, 2020

Por: Eduardo Gutiérrez Arias

Desde hace unos meses advertí en uno de mis artículos en el diario La Nación que el Huila, al estar rodeado por las zonas de mayor violencia y conflictividad en el país, corría el riesgo de ser contagiada por la ola de crímenes, especialmente contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y exintegrantes de las FARC. Hoy este contagio es una realidad. Los tiempos de tranquilidad que siguieron a los acuerdos de La Habana comienzan a alejarse y la zozobra vuelve a la región. Los últimos días han estado salpicados de asesinatos en varios municipios. Primero fue en Gigante, contra líderes agrarios, luego en Rio Negro/Iquira contra integrantes de las comunidades indígenas, el día de Navidad un dirigente de la ANUC cae asesinado en Pitalito, y a comienzos de este año se presentaron en Algeciras los homicidios de la dirigente comunal Mireya Hernández y del presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Algeciras Jhon Fredy Alvarez. Las dos versiones más propaladas en los municipios afectados es que se trataría de operaciones secretas de “limpieza social” por miembros de la Fuerzas Armadas del Estado (policía y/o ejército) contra auxiliadores de las guerrillas y delincuentes comunes, la segunda que serían vendettas entre miembros de las disidencias de las FARC.

Estas dos hipótesis, e incluso una tercera que incluiría una mezcla de acciones criminales tanto de miembros de la fuerza pública como de las mal llamadas “disidencias” son quienes podrían ser las causantes de la actual ola de violencia en el Huila, adquieren más credibilidad después de conocer hechos como las chuzadas practicadas recientemente por los organismos de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Armadas contra parlamentarios, magistrados, periodistas e incluso oficiales del propio ejército y de masacres tan terribles como la de Dabeiba (Antioquia), disfrazada como “falso positivo”. De otra parte los actuales remanentes de guerrillas que quedan en el país poco se diferencian en sus prácticas de la delincuencia común, sus ideales de cambio revolucionario se han perdido y en la práctica sólo sirven para justificar el accionar de la extrema derecha colombiana.

A esto se suma la parálisis en el cumplimiento de los acuerdos de paz por pare del actual gobierno en temas como la reforma agraria, la reglamentación de las curules para las víctimas y una alta inversión del Estado en estas zonas de mayor conflicto que les permita su ingreso a la modernidad. Los gobernadores y parlamentarios de Huila, Caquetá, Putumayo, Cauca y Nariño, deberían reunirse de inmediato para concertar acciones hacia la paz regional.

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