Sin más plazos

Un mes adicional de plazo se le ha otorgado al incumplido contratista del megaproyecto del distrito de riego Tesalia – Paicol para que demuestre su verdadera voluntad de terminar la obra, que ya debería estar operando de acuerdo con los términos iniciales pactados. Un mes adicional de plazo se le ha otorgado al incumplido contratista del megaproyecto del distrito de riego Tesalia – Paicol para que demuestre su verdadera voluntad de terminar la obra, que ya debería estar operando de acuerdo con los términos iniciales pactados. De todos los males el menor, parece haber sido la decisión adoptada por las partes luego de discutir todos los detalles  del asunto, considerando los sucesivos incumplimientos, pese a que se giraron la mayor parte de los recursos y éstos para nada se reflejan en los precarios avances. La disyuntiva estaba en promover la caducidad del contrato, con todas las consecuencias de mayor atraso, pérdida de obras y de más recursos, u otorgarle al constructor plazos adicionales, otro compás de espera y, en corto plazo, evaluar si realmente ha valido la pena esta gabela adicional. Se trata de proteger al máximo los casi cien mil millones de pesos comprometidos en el megaproyecto, anhelo por décadas de los campesinos de las dos regiones. El contratista, el consorcio Interrriego, conformado por la compañía colombiana H&H y la española Mondragón, esta última al parecer sin mayor presencia ni responsabilidad en este caso, ha padecido graves problemas financieros a tal punto que el año pasado solicitó su admisión a un proceso de recuperación de quiebras ante la Superintendencia de Sociedades. Adicional a ello su condición de socios en varios proyectos con el cuestionado Grupo Nule, terminaron de configurar un escenario más que complicado para la suerte del distrito de riego. Sólo esperamos que todos los involucrados directamente en la marcha de la obra, como el Incoder, la Gobernación, los alcaldes de la zona, veedurías y autoridades de los organismos de control no permitan más dilaciones y no permitan que el contratista vuelva a salirse con la suya, pese a que la mayor parte del dinero ya lo recibió, aunque poco se sepa de si lo han destinado a este proyecto o lo usaron para cubrir algunos de los innumerables “huecos” financieros que enfrentan en otras regiones del país. Hay ya un paquete de compromisos para el contratista, que de cumplirse, viabilizarían la conclusión de la obra que tiene un costo de 94 mil millones de pesos, de los cuales 39.648 millones son financiados por el Departamento, y fueron entregados anticipadamente. Hay que estar en alerta para defender el patrimonio público, pero antetodo para asegurar        que la obra se termine en las mejores condiciones. No se trata ya de pañitos de agua tibia. Lastimosamente es un escenario al que el hábil y escurridizo contratista ha llevado al sector estatal para poder continuar con la obra sin que le declaren la caducidad, para lo cual hay sobrados motivos legales y de conveniencia. En todo caso, no más plazos, exigencias fuertes tanto al contratista como a la interventoría, que en este asunto ha pasado de agache y con un perfil tan bajo que nadie sabe si han estado haciendo su tarea. La paciencia ya se agotó. Los organismos de control, como lo han anunciado, ejercerán el seguimiento permanente. Pero también la comunidad debe convertirse en el mejor veedor para garantizar que este ultimátum no sea otra estrategia para dilatar los compromisos, mientras esperan plácidamente nuevos desembolsos. DESTACADO “Adicional a ello su condición de socios en varios proyectos con el cuestionado Grupo Nule, terminaron de configurar un escenario más que complicado para la suerte del distrito de riego”. EDITORIALITO Las objeciones a la retardataria reforma judicial era una salida decorosa del presidente Santos para contener el terremoto que generó la aprobación. Pero no basta. El ministro también tiene su cuota de responsabilidad como los inescrupulosos conciliadores.